BANCADA NACIONALISTA APOYÓ LA INDEMNIZACIÓN AL DR. HUGO ALVEZ, PERO…
Crónicas del Este 21/12/2017 Política
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Sergio Secinaro

Luego de pasar por una comisión investigadora, como era de prever, el partido Nacional, respaldó la indemnización millonaria que le está pagando la intendencia de Maldonado al Dr. Hugo Álvez Cuñetti. En Crónicas del Este escribimos detalladamente sobre este controvertido caso y como la administración del intendente Enrique Antía resolvió paralizar las acciones judiciales para llegar a un acuerdo por medio millón de dólares con el abogado que había sido cesado por la propia Intendencia de Maldonado en la administración del ex intendente de los Santos.
Sin embargo, el primer sumario que sufrió Hugo Álvez, que también alegó en su momento persecución política, se produjo insólitamente durante una administración de su propio partido Nacional, del cual fue candidato y es claro simpatizante.
Recordemos que el Dr. Álvez había sido sometido a un sumario por haber dejado pasar los plazos de presentación de un expediente penal. Allí se inicia su primer sumario fue realizado en la administración del partido Nacional pasada, para ser más exactos el Intendente era Luis Eduardo Pereira; con el Director de Asesoría Jurídica de aquel entonces dos. el Dr. Guillermo Ipharraguerre y el Asesor Jurídico, el Dr. John Miller. Álvez a consecuencia de estos hechos hizo un largo peregrinaje por los estrados judiciales (según él, casi 11 años), representado por quién es hoy, nada menos que el Prosecretario de la intendencia de Maldonado, nos estamos refiriendo al Dr. Álvaro Villegas, aunque nos han agregado que en un primer momento podría haber sido representado por el Doctor Adriosola, ya fallecido, del cual forma parte de su estudio el propio Villegas, como bien lo dice en su página web el estudio “Adriosola Clavijo & Asociados”.
Luego el Dr. Alvez sufre dos nuevos sumarios por parte de la administración frenteamplista encabezada por el entonces intendente De los Santos y en la última es destituido.
Sin embargo, a pesar de que no tenía ninguna sentencia su favor en ninguno de los litigios, como por arte de magia, surge la resolución 3935/2016, donde el intendente de Maldonado Enrique Antía dispuso generosamente el reintegro de Hugo Enrique Álvez Cuñetti pasando a la dirección General de Asuntos Legales, para que realizara los procedimientos de dicha resolución y a la dirección General de Hacienda para establecer y efectivizar la liquidación conforme emergía de los obrados, teniéndose cumplida la sentencia del Tribunal de Lo Contencioso Administrativo. ¿?
Surge así esta medida que amparaba al Dr. Álvez, cuyo letrado había sido hasta el momento, el Dr. Álvaro Villegas, pero que enigmáticamente, poco antes de asumir su cargo jerárquico en la IDM, renunció a su patrocinio legal y Álvez es reintegrado con el grado 11U en la Dirección De Asuntos Legales. En tanto la IDM, en la resolución 4295/2016 contestaba una observación de la contadora delegada del Tribunal de Cuentas con fecha 15 de junio de 2016, con referencia a los rubros salariales que el Doctor Álvez había dejado de percibir e introduce el primer término controvertido, pues dice: monto adeudado conforme a sentencia ejecutoriada. Justamente si algo no existía en todo este peregrinaje judicial, era una sentencia a favor de Álvez.
Al mismo tiempo y en la misma resolución, la intendencia también accede a pagar la suma de indemnización que reclama el Dr. Álvez, que la anterior administración no había controvertido en su monto y también esto sería un dato erróneo, ya que en las actuaciones judiciales, había un muy extenso escrito contestando la demanda por parte de la IDM, que justamente lo que hacía, era contravertir el reclamo en su monto y en sus fundamentos. Recordemos que toda esta negociación se inició cuando el abogado Álvez presentó ante el intendente de Maldonado Enrique Antía, con el cual evidentemente iba a tener “mejor sintonía” que con su antecesor frentista, un escrito de derecho a petición basado en el artículo 30 de la constitución de la república, donde este abogado detallaba los pasos legales que había seguido, así como el acto de nulidad logrado en el TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo).
Álvez alegaba que se había promovido acción reparatoria patrimonial en el juzgado letrado de Maldonado de 5º turno en la ficha 2-107441/2011 y que luego había recibido como represalia, dos nuevos sumarios en los cuales se le había imputado faltas graves y se señalaba trasgresión al principio de legalidad, exceso sancionatorio y desviación de poder (todo eso en el gobierno del Frente Amplio en la IDM).
En su reclamo el abogado no se anduvo con medias tintas y solicitó se le reintegrara el lucro cesante por los haberes no percibidos, los perjuicios por pérdida de chance de haber sido presupuestado y ascendido, la pérdida de honorarios profesionales que se percibían por los juicios ejecutivos por cobro de contribución inmobiliaria y el daño moral y a la reputación, ya que según él, “el tema habría cobrado gran trascendencia mediática en una ciudad del interior, ante la asunción del nuevo gobierno en un clima hostil de denuncias de corrupción y se dice que las máximas jerarquías, incluido el ex intendente Oscar De los Santos a través de diversos medios de comunicación, públicamente lo habían acusado de haber cometido una falta grave”.
Uno de los pasajes más concluyentes del escrito presentado por Álvez dice: “con la más sincera humildad, consideramos que dicha acción no tendrá resultados favorables para la intendencia de Maldonado…” Quien se presenta y firma dicho escrito, otra vez es el propio abogado Hugo Enrique Álvez Cuñetti, que propone al intendente suspender los procesos judiciales en trámite por 30 días.

TROTTA Y GRAZIUSO APLAUDIDAS DE PIE… ¡POR ÁLVEZ!

Ante el escrito de petición presentado por Álvez Cuñetti, la directora de Asesoría Jurídica Dra. Daniela Trotta, el 31/08/2015 parece, que “también encontró que los resultados no serían favorables para la intendencia de Maldonado” y dijo de suscribir entre Álvez Cuñetti y la IDM “escritos de solicitud de suspensión de los plazos efecto de su pronta presentación ante las sedes judiciales en que se tramitan dichos procesos”.
En tanto la directora General de Asuntos Legales de la intendencia de Maldonado, Dra. Adriana Graziuso también hace lugar a la suspensión y plasma un escrito de suspensión de los plazos del proceso por 30 días, firmados por la representante legal de Álvez (una abogada que aparece en escena de la cual abundaremos en detalles) y la Dra. Daniel Trotta en representación de la intendencia de Maldonado en el juzgado. Se hace lo propio en las mismas condiciones ante el TCA.
Así es que el 9 de junio de 2016, en la sede de Sarandí esquina Ledesma de la ciudad de Maldonado, la IDM y la parte demandante (Álvez) presentaron en el expediente 2-107441-2011, un escrito donde Álvez desistía de su pretensión, teniendo presente la aclaración efectuada en relación a las costas y costos (honorarios y costos judiciales del proceso); donde se agregaba y citamos textual lo que dice el escrito presentado en dicho expediente:
“QUE SE TENGA PRESENTE QUE AMBAS PARTES DECLARAN QUE EL DESESTIMIENTO DE LA PARTE ACTORA NO IMPLICARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN ENTRE LOS COMPARECIENTES POR COSTAS Y/O COSTOS U OTROS GASTOS GENERADOS EN EL PROCESO” (Con esto queda claro que Álvez no le puede reclamar gastos judiciales y honorarios a la IDM y que ésta no tiene fundamentos legales para pagárselos)
En un siguiente informe que realiza la intendencia de Maldonado por parte de Asesoría Jurídica, se deja constancia que un acuerdo supone “desestimiento de todos los procesos que llevaba adelante contra la intendencia de Maldonado Hugo Álvez ante la justicia ordinaria como ante la contenciosa administrativa”. (Para decirlo en criollo terminar los juicios)
En la actuación 10, número 2015-88-01-11599 la Doctora Adriana Graziuso aprueba el informe del asesora letrada Daniela Trotta y dispone que se restituya a Álvez en forma “objetiva” lo que ha dejado de percibir, donde se le da una evacuación de 10 días para contestar. En la evacuación de la vista de dicha resolución, Álvez Cuñetti dice textualmente: “debo aplaudir la objetividad y la profundidad técnica del informe en vista”. (No es para menos)
Luego Álvez establece que sin dudas se le tienen que reintegrar los rubros salariales de los que fuera privado por su destitución, los montos de indemnización y además hasta los ascensos y honorarios no percibidos. Otra vez en estas actuaciones ante la IDM quien las firma, es el propio abogado Hugo Álvez Cuñetti.
Posteriormente otra vez por la dirección General de Asuntos Legales, la Dra. Graziuso informa que “comparte lo informado por la directora de Asesoría Jurídica y que por razones de delicadeza y en la buena fe y transparencia que nos guía se le confirió vista de las actuaciones, ya que como precisó la suscrita el mismo se presentó una propuesta no vinculante y por ende ningún acto del presente es recurrible, quedando a consideración del Sr. Intendente dictar alguna resolución eventualmente revocatoria de las anteriores y en su caso, si correspondiese o estimase, restituir objetivamente rubros monetarios, no encontrándose obligado el mismo a nada de ello”.
También el director General en Administración y Recursos humanos Miguel Abella informa, que no tiene observaciones en la reincorporación a la función pública del Dr. Alvez y se lo reintegra sobre la base de un salario 11U, “dado el tiempo transcurrido”. Esto quiere decir que se lo reintegra en un grado superior al que tenía.

DE PASO, CAÑAZO: LOS HONORARIOS DE SU ABOGADO

Este es un punto álgido de toda la negociación que llevó adelante la IDM, pues el Dr. Hugo Álvez entre otros puntos, al dirigirse al intendente Antía, exactamente en el punto 4, dice que la reparación “debe ser integral” y solicita una suma adicional compensatoria de honorarios profesionales y gastos procesales: ($ 1.500.000 pesos uruguayos más).
“Mi parte ha debido enfrentar 13 procesos a lo largo de ya casi 11 años por el actuar ilegítimo de la administración”, reza textualmente el texto de Álvez Cuñetti ante a IDM; pero sucede y esto es lo discutible, que la IDM no está condenada a pagar los honorarios de los abogados del reclamante, si no hay una sentencia judicial. Está en la tapa del libro… y además, así lo habían estipulado las partes en el escrito presentado ante la sede judicial pertinente, como ya lo expusimos.
Pero la historia prosigue, pues en la actuación 17 del expediente 2015-88-01-11599 de la IDM, la directora General de Asuntos Legales, Dra. Adriana Graziuso emite el siguiente informe que siembra más dudas aún:
“Se entiende es ajustada a Derecho la propuesta presentada por el Doctor Hugo Álvez en todos sus términos, es así que primero en tanto refiere a la restitución de los rubros salariales que ha dejado de percibir, monto adeudado conforme sentencia ejecutoriada y cifra que la anterior administración no ha controvertido en su monto”.
Y para cerrar el paquete Graziuso luego agrega:
“En cuanto a gastos a restituir, se entiende pertinente dicha suma global porcentual en un 8,6% por conceptos brindados anteriormente, suma por debajo de lo que se estila y es a Derecho cobrar en la práctica, por daños, y perjuicios, COSTAS Y COSTOS Y TENIÉNDOSE PRESENTE EL NÚMERO DE ACCIONES INSTAURADAS”.
También podemos agregar que en la resolución 03935/2016 de la IDM, se introduce una nueva profesional en este caso, surge el nombre de la Dra. Natalia Franchi, que figura justamente como la profesional que suspendió los procedimientos judiciales representando a Álvez en el juzgado. Textualmente la resolución de la IDM citada dice: “los procedimientos en trámite antes relacionados se encuentran suspendidos de común acuerdo entre la Intendencia y el Dr. Hugo Alvez asistido por la Dra. Natalia Franchi”. O mejor dicho la Dra. María Natalia Franchi Azcué (su verdadero nombre), que aparece intempestivamente representando a último momento al Dr. Álvez.
Por supuesto que este tema se transformó en algo político y era evidente que los ediles del partido Nacional iban a apoyar las acciones de la intendencia de Maldonado y todo parece que quedará por aquí, por lo menos en el ámbito de la Junta.

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