El fiscal Dr. Enrique Viana ha sido en los últimos tiempos una figura que se ha erguido ante poderes muy fuertes: el de las trasnacionales defendiendo el medioambiente y ante una presunta intención “imperial” de transformar el Derecho Penal para sacarle independencia a los fiscales y proteger posiblemente a la corrupción.
Por ser temas tan delicados a los intereses de la Nación hemos decidido concederle tres páginas en una entrevista que nos deja alarmados por los conceptos que este fiscal vierte.
“AQUÍ NO VAN A SER LOS JUECES LOS QUE DECIDEN SOBRE LAS LIBERTADES DE LAS PERSONAS”
¿Puede usted hacer una cronología de cómo comenzó en todo este proceso en qué hoy se encuentra?
VIANA - Yo voy a cumplir 25 años de Ministerio Público. Entré en el año 91 como fiscal en Artigas y allí comencé a trabajar. Luego fui trasladado como fiscal a Paysandú, donde estuve unos cuantos años, donde tengo una hija nacida en Paysandú y otra en Artigas y en el año 98, con una nueva venia, soy designado Fiscal Letrado Nacional en lo Civil.
A partir de ciertos enfrentamientos que estuve con el entonces Fiscal de Corte Peri Valdéz, me trasladaron para Aduanas, donde estuve cuatro meses y volví como Fiscal Civil y en ese cargo me he desempeñado hasta hace pocos meses.
Ya en aquellos tiempos cuando me trasladé a Montevideo, tuve ciertas discrepancias por el modelo de Fiscalías que ya se proponía, que era muy parecido al que se está tratando de instalar hoy y que proponía eliminar la independencia fiscal. Ya se hablaba en aquel momento de Fiscal General. En los años 98, 99, se hablaba del tema, cosa que hoy se ha concretado a partir del traspaso de las Fiscalías a un organismo descentralizado al que se le pone el pomposo nombre de Fiscalía General de la Nación. Siendo que la constitución no habla de una Fiscalía General de la Nación, sino que la constitución habla de un Fiscal de Corte y demás fiscales letrados de la república y los coloca dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.
Sobre fines de la década del 90, en realidad en el año 2001, ya comienzo a participar en temas ambientales a partir de los problemas muy conocidos de la contaminación con plomo en la ciudad de Montevideo, que afectaba especialmente a población infantil. Justamente en el año 2000 había salido la ley de protección del medio ambiente y hasta ese momento los fiscales no habían tenido intervención en esa materia, actuando como dice el Código del Proceso en la defensa de “intereses difusos”, entre ellos, la protección del medio ambiente.
Frente a la inercia del Estado para resolver el tema de la contaminación con plomo, yo decido iniciar las primeras actuaciones que inicia una fiscalía con respecto a la protección del medio ambiente. A partir de ese momento, por un deber de coherencia sigo actuando en otras causas.
Le confieso que con el tema del plomo en el medio ambiente, creí que iba a ser el único tema de medio ambiente en el que iba a intervenir. Creí que era un caso aislado y que en el horizonte no había posibilidades para que la Fiscalía volviera a actuar. Pero para mi sorpresa, comienzo a darme cuenta que el país empieza a abrazar una serie de inversiones extranjeras, todas vinculadas a actividades industriales con un peso contaminante muy importante.
En el Uruguay por ejemplo no se conocía lo que era la forestación y la industria de la celulosa, pero esto era conocido en otros países de los cuales venían huyendo, empujadas esas empresas para instalarse en el territorio nuestro con mega emprendimientos. Si había fábricas de celulosa de 400 mil toneladas en Finlandia, en Uruguay poníamos una de un millón, por poner un ejemplo de los tantos que se pueden mencionar.
Eso me hizo seguir actuando en temas ambientales, hasta que a fines del 2004, principios del 2005, me di cuenta y eso lo dije en la demanda de Botnia, que el Estado se había vuelto socio de la contaminación. Yo lo vengo sosteniendo, que en la medida que el Estado se ha ido convirtiendo en un socio de estas grandes corporaciones, es imposible entonces pedirle al Estado que actúe evaluando previamente, que haga de policía ambiental, cuando en realidad el Estado se ha vuelto socio de estas inversiones.
Yo siempre pongo el ejemplo del rapiñero y el policía, que cuando se vuelven socios, en todo caso van a repartir el botín, pero jamás el policía va a perseguir al rapiñero. Por más que el ejemplo parece el exagerado, hace a una visión que es la siguiente: el Derecho Ambiental en el Uruguay es de orden público, algunos dicen que es un Derecho Público, pero si es un Derecho de orden Público, jamás puede ser negociado, jamás puede ser una mercancía a ser intercambiada. No pueden ser claudicados los límites ambientales en favor de intereses económicos. No puede convertirse el Derecho Ambiental en una mercancía, por decirlo de alguna forma.
Y ese es el núcleo de lo que estamos viviendo, el Derecho Ambiental se ha convertido en un elemento de negociación. Los Estados se han vuelto socios de estas grandes corporaciones y se han firmado contratos…
“CUANDO UN GOBERNANTE EN UN CONTRATO DE INVERSIÓN CONDICIONA LA VOLUNTAD DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, ESO NO ES DIGNO DE UNA REPÚBLICA Y DE UN ESTADO SOBERANO”
Contratos que son confidenciales en algunos casos…
VIANA - Confidenciales, porque obviamente la confidencialidad es un síntoma y lo que nos quiere decir son dos cosas: que lo que se está haciendo avergüenza y eso corre por cuenta de los gobernantes. Cuando un gobernante en un contrato de inversión sede poder Legislativo, poder Judicial, poder Ejecutivo, condiciona la voluntad de los tres poderes del Estado, eso no es digno de una República y de un Estado soberano.
Por otro lado, los contratos son confidenciales porque causan daño a terceros, cuando se le otorgan determinados beneficios y prebendas y en algunos casos, como un estatuto feudal para estas corporaciones, lo hacen en desprecio del resto de las personas.
Todas esas cuestiones las he sostenido, pero para eso tengo que gozar de algunas garantías y esa garantía, es la independencia técnica individual, algo que yo he estado defendiendo en forma feroz a lo largo de estos tiempos.
Yo entré a un Ministerio Público donde se respiraba libertad y cada uno de los fiscales nos pronuncia vamos de acuerdo a nuestra conciencia…
¿Eso ha cambiado?
VIANA - Por supuesto. Hoy en la Fiscalía no se respira libertad e independencia, se respira más bien miedo.
“CUANDO UN FISCAL PIERDE INDEPENDENCIA, EMPIEZA A TENER TEMOR DE CADA UNO DE SUS ACTOS”
¿Miedo a qué?
VIANA - Miedo a ser sancionado, miedo a ser trasladado, siempre y cuando no se esté de acuerdo a este sistema nuevo. Cuando un fiscal pierde independencia, empieza a tener temor de cada uno de sus actos, porque uno va a estar mirando hacia arriba a los efectos de saber si los actos complacen a quien ejerce la jefatura de la Fiscalía.
Volviendo al tema de la contaminación en Maldonado, hay algo que fue un tema Nacional y qué impactó en las elecciones departamentales y fue el estado de la Laguna del Sauce. ¿Usted qué opina de ello?
VIANA - Es el tema del país. Es lo mismo que ocurre con la Cuenca del Santa Lucía, lo mismo ocurre en el río Uruguay, en el Río Negro, en la Laguna del Cisne. El Uruguay tiene sus cursos de agua con graves problemas de contaminación. Eso produce algo muy peculiar, que uno conoce cuando estudia los daños difusos, entiende que se afecta la vida de personas que viven incluso alejadas de ese lugar.
Los problemas de contaminación de la Laguna del Sauce y los problemas de la Cuenca del Santa Lucía son bien conocidos. Han sido denunciados desde hace mucho tiempo. En lo personal hablé desde el 2005 que nos íbamos a quedar sin agua potable si admitíamos la hipótesis, que me acuerdo que la directora de Medio Ambiente era la ingeniera Alicia Torres que hablaba que teníamos un país desindustrializado, subdesarrollado y que para desarrollarnos e industrializarnos, teníamos que elevar los umbrales de contaminación. Y el agua es el botín esencial que hace a la forestación y la industria de la celulosa. También el agua se afecta con el cultivo de transgénicos y los agrotóxicos. El agua es el elemento esencial que se ve afectado por la instalación de proyectos de mega minería.
Además tenemos otros elementos que van perjudicando, como el caso de la Cuenca del Santa Lucía, la deforestación…
¿No sería conveniente tener una legislación donde existan delitos ambientales que se castiguen con mayor severidad?
VIANA - Sin duda. Hay una legislación muy fuerte desde el punto de vista Civil, pero inexistente desde el punto de vista Penal.
Aquí hubo dos proyectos de Delitos Ambientales: uno del Frente Amplio que lo encabezaba el entonces diputado Pita y otro encabezado por el diputado Penadés. Ambos proyectos jamás se reflotaron. Tenían defectos, pero jamás en el Uruguay se volvió a hablar de Delitos Ambientales o Delitos Ecológicos.
Nosotros tenemos delitos viejos el Código Penal, como el de estrago o el de envenenamiento de agua. Pero no son delitos ambientales y ecológicos, porque vienen de un Código Penal donde no se tenía noción del Medio Ambiente.
Creo que no va haber un Derecho Penal en ese sentido, porque esa es una de las tantas ventajas que tienen las inversiones para instalarse.
“UN CÓDIGO PENAL MODERNO QUE NO TENGA DELITOS AMBIENTALES Y DELITOS ECOLÓGICOS, NO ES UN CÓDIGO PENAL MODERNO”
¿Usted dice que aquí hay intereses económicos fuertes y que el Estado ampara todo esto?
VIANA - En teoría se ha hablado de un Código Penal moderno y un Código Penal moderno que no tenga delitos ambientales y delitos ecológicos, no es un Código Penal moderno.
¿En el Primer Mundo existe esta clase de delitos?
VIANA - Sí por supuesto. La Argentina tiene delitos ambientales. En Brasil el Derecho Ambiental se ha desarrollado sobre la base del Derecho Penal Ambiental, con una fuerte intervención de los fiscales justamente.
Incluso el mundo tiene algo muy importante, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que nosotros tampoco tenemos.
En este caso estamos hablando de empresas que no tienen una cara visible.
VIANA - Exactamente. Con penas que por supuesto no son privación de libertad, pero penas que van desde la clausura, hasta multas muy muy fuertes.
Tampoco desde el punto de vista Civil tenemos los daños punitivos, que son esas cosas que vemos en las películas, donde hay sanciones civiles muy fuertes hacia las empresas y que suponen prácticamente la muerte de esas empresas.
Y nosotros tampoco tenemos seguros ambientales, por más que la ley habla de garantías, no tenemos en el país establecido un sistema de seguros ambientales, ante catástrofes ambientales.
“HE SUFRIDO LOS GOLPES LÓGICOS DE QUIEN EJERCE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE O DE INTERESES GENERALES”
¿Y qué le ha costado personalmente luchar por estos temas? ¿Persecuciones?
VIANA - Creo que he sufrido los golpes lógicos de quien ejerce la protección del medio ambiente o de intereses generales. Cuando uno actúa con independencia y lo hace defendiendo a este tipo de intereses, es lógico que moleste y que estorbe. Yo no sé si uno es un obstáculo insalvable, pero sí un elemento molesto que deja en evidencia un montón de cosas que se están haciendo mal y eso desde hace mucho tiempo, me costó pedidos de informes, luego un sumario sin separación del cargo, luego otro con separación del cargo y finalmente un traslado, como el que ocurrió hace poco.
¿Y toda esa modificación del Proceso Penal de la cual usted ha sido tan crítico, la vincula también a este tipo de inversiones?
VIANA - Sí y quizás a algo más. En tiempos en donde se dice no sólo en el Uruguay, sino en el mundo entero, que uno de los flagelos que más preocupa es la corrupción, el hecho de cambiar los sistemas penales y quitarle a los jueces la posibilidad de la indagatoria penal y dirigir los procesos y entregarlo al Poder Ejecutivo…
¿Ese es el modelo anglosajón?
VIANA – Es el modelo norteamericano, pero a una mala copia, porque hay cosas de ese modelo que no se traen. No se traen los juicios por jurado; ni tampoco la querella privada, que son mecanismos que tratan de compensar ese poder enorme que se les entrega a los fiscales. A los fiscales hoy se les entrega la posibilidad de decidir qué se lleva a un juzgado y qué es lo que no se lleva a un juzgado. Les dieron la llave para poder abrir la puerta del juzgado y al darle la llave, se le está dando un poder inmenso y a un conjunto de elementos administrativos, que pueden decidir quién va preso y quién no. Aquí no van a ser los jueces los que deciden sobre las libertades de las personas. Es un sistema jerarquizado, dependiente de un poder administrativo, ya no es el Poder Judicial, un tercero imparcial.
Entonces vamos a tener a un fiscal que está muy por encima de las posibilidades del abogado defensor.
VIANA - Habrá un desequilibrio muy importante. Si hoy nos manejamos frente al vigente el Proceso Penal, donde me acuerdo lo que decía un defensor de oficio en Paysandú: “Yo me siento una defensa florero”. Un abogado fallecido hace unos años Dr. Jorge Romano lo decía. Hoy el desequilibrio va a ser mucho mayor, porque el fiscal será el director de la investigación y tendrá la posibilidad de guardar los elementos y no mostrarlos a la defensa y la defensa va a ir a ciegas.
El fiscal también va a dirigir la investigación policial.
VIANA - Por supuesto. Hoy hay un interés expreso, en que los fiscales tienen que actuar en forma mancomunada con la Policía.
“NO HABRÁ EXPEDIENTE JUDICIAL”
¿Seguirá vigente esa famosa figura del secreto del pre sumario?
VIANA - El pre sumario deja de estar en el juzgado y tendremos un proceso donde se llamará “indagatoria preliminar”, pero que a los efectos es lo mismo, pero que se realizará en dependencias policiales, no se va a hacer en el juzgado y no se hará ante el juez.
De todas formas el fiscal puede declarar la confidencialidad y la reserva de las actuaciones. La única actuación que no es reservada, es cuando el indagado tiene que declarar ante el fiscal. Entrando y saliendo del carcelaje, para darnos cuenta que es lo qué estará pasando.
Después cuando el fiscal decide llevar todos los elementos al juzgado, puede no llevar los elementos que favorecen a la inocencia del individuo por ejemplo y no tiene porqué mostrarlos, siempre que no haya habido intervención del juez por algún tipo de allanamiento o interceptación telefónica, pero sino el fiscal, decide qué lleva y qué no lleva.
También hay otro elemento, que para mí tiene mucha importancia: no habrá expediente judicial. Esa faz de la investigación que supone una cronología y una sucesión de hipótesis investigadas, elementos que acusan a una persona o la absuelven, eso no va a estar registrado en ningún lugar.
Hoy el pre sumario tiene mecanismos de reserva, pero tiene la garantía del registro, cosa que permite controlar luego qué elementos se tuvieron en cuenta para decretar el procesamiento de la persona, por ejemplo.
“VAMOS HACIA UN MECANISMO DE CUASI PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO PENAL”
¿Y en ese contexto cuando se está instruyendo todo ese trabajo entre el fiscal y la ayuda de la Policía que puede hacer el abogado defensor?
Ahí está la segunda, fase de transformación del Proceso Penal a imitación de lo que ocurre en Estados Unidos. Porque en ese país el 5% en los procesos se llevan a jurado, el 95% restante se pacta en las comisarías. Es un mecanismo de “declaración regateada”. Quiere decir que la fiscalía le va a plantear los hechos a la defensa y le va a decir, que si el acusado confiesa, puede ser más benigno con la pena.
Han venido profesores del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Colombia también y permanentemente les han recomendado a los fiscales alumnos uruguayos, entre comillas, que no pactan en un 90%, el sistema no puede funcionar, porque si llevan todos los asuntos al juzgado, el sistema colapsa.
Vamos hacia un mecanismo de cuasi privatización del Derecho Penal; se transforma en un mecanismo de acuerdos y de pactos, donde ya no interesa si el delito se cometió, si la persona es inocente, si el delito es tal o cual, lo que interesa, es el resultado. La persona confiesa y es procesada y el proceso se transforma en una suerte de homologación por parte del juez, nada más.
¿Puede suceder que alguien por colaborar con la Justicia se le otorgue una pena más benigna o simplemente se lo deje fuera del proceso para llegar a otro acusado?
VIANA - Sí, eso es parte de esa negociación, es la delación, es el entregar a otros sujetos a cambio de un trato más benigno desde el punto de vista punitivo. Ya lo tenemos previsto la ley de Crimen Organizado.
Y hoy ya se está hablando que iría a pasar con este caso famoso de la gente de la FIFA y las consecuencias que tenemos con el implicado uruguayo.
“HE PLANTEADO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE CREA EL SERVICIO DESCENTRALIZADO LLAMADO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”
¿Esta gran reforma quién le impulsa definitiva?
VIANA - Esta reforma siempre digo, que es una pretensión política en la cual se articulan distintos sujetos y distintas autoridades. Ya existía en la época de Peri Valdéz, para ubicarnos en el tiempo, año 97.
Es una pretensión política, con un fuerte impulso foráneo imperial. Hay quienes hablan de un Derecho Imperial, que Estados Unidos pretende imponer su derecho, el que conocen. Ellos no entienden lo que son los jueces de instrucción, porque nunca los tuvieron. Ellos lo que conocen ese sistema del Procurador General; usted recordará aquellas disputas de poder tan importantes entre el Procurador Robert Kennedy con el director del FBI, Edgard Hoover. Esas eran disputas políticas y lo que se pretende, es utilizar al Ministerio Público, como un elemento más dentro de la política.
Entonces hay una pretensión política en convertir a las Fiscalías en la puerta de entrada a los juzgados. Para eso se necesita eliminar la independencia de los fiscales y por eso he planteado la inconstitucionalidad de la ley que crea el Servicio Descentralizado llamado Fiscalía General de la Nación, que supone llevarse por delante el art. 168 de la Constitución y al mismo tiempo, el propósito final de todo esto, puede ser un mecanismo que tienda a favorecer a determinados gobernantes o autoridades, ante hechos de corrupción.
