¡COMO PARA ALLANAMIENTOS NOCTURNOS! DENUNCIAN ROBO DE AHORROS DURANTE ALLANAMIENTO POLICIAL ERRÓNEO EN VILLA ESPAÑOLA

Crónicas del Este 03/09/2024 Policial

Una familia presentó una denuncia ante la Justicia alegando que su casa en el barrio Villa Española fue allanada por error por policías, quienes supuestamente se llevaron sus ahorros y otras pertenencias. Sin embargo, la Policía sostiene que todo el procedimiento fue realizado correctamente y está debidamente documentado.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso El Observador, el 26 de julio una pareja informó que tres días antes, en horas de la tarde, oficiales de la brigada de Narcóticos de la Seccional 13° de Montevideo llegaron a su hogar. En ese momento, la mujer estaba sola en la casa y los agentes le informaron que realizarían un "reconocimiento". Durante el operativo, según relata la denuncia, la mujer fue arrojada al suelo y amenazada con un arma.
Este allanamiento formaba parte de un "mega operativo" llevado a cabo en el barrio Villa Española ese mismo día. De acuerdo con el documento, una funcionaria se quedó en el living con la mujer, mientras los demás oficiales revisaban el dormitorio principal. En ese momento, la propietaria solicitó estar presente durante la revisión. Allí, le entregaron una "pequeña cajita" donde guardaba dinero destinado a gastos diarios, que sumaba aproximadamente $24.000.
Después de revisar el dormitorio, los policías se retiraron sin inspeccionar el resto de la casa. Fue entonces cuando la mujer pudo contactar a su esposo, quien le pidió que revisara una caja de zapatos debajo de la cama donde guardaban la mayor parte de sus ahorros. Al abrir la caja, descubrieron que estaba vacía y que el dinero había "desaparecido misteriosamente" tras el operativo policial. Además, la pareja notó la falta de varias pertenencias adicionales.
El Ministerio del Interior, no obstante, insiste en que el procedimiento fue llevado a cabo de manera correcta y que todo está registrado, incluso mediante las cámaras GoPro que portaban los agentes. Según las autoridades, el dinero fue contabilizado y no hubo ningún robo.
Los abogados Jorge Arias, Marcelo Frioni y Rodrigo Rey, que representan a la pareja, destacaron en la denuncia que lo más preocupante es que, si los policías "creían que en esa casa se estaba llevando a cabo alguna actividad delictiva" y encontraron dinero, deberían haber detenido a la ocupante del inmueble en ese momento, ya que el dinero podría ser "fruto del delito". Sin embargo, "nada de eso ocurrió".
La familia expresó sus sospechas de que los funcionarios ingresaron por un "error de identificación del inmueble" debido a una "numeración incorrecta". El abogado Rey afirmó a El Observador que el allanamiento fue equivocado, ya que no hay ningún registro judicial que vincule un procedimiento con esa dirección.
"Los allanamientos son medidas muy delicadas que requieren justificación y control judicial específicos. Es crucial prevenir cualquier error que pueda llevar a una intrusión indebida en viviendas de personas ajenas al hecho investigado", señalaron los abogados.
La pareja defendió que su hogar es una "casa de familia", habitada por trabajadores que "no están en todo el día" y cuyos hijos asisten a la escuela. Según el documento, "no se desarrolla ningún tipo de actividad delictiva en la vivienda", por lo que "ninguna investigación policial podría haber justificado siquiera mínimamente la realización de un allanamiento".
Para la defensa, los oficiales habrían cometido "al menos el delito de hurto agravado", y buscan no solo recuperar el dinero perdido, sino también que se responsabilice penalmente a los implicados.
Este martes, la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía asignó el caso a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3° Turno, bajo la supervisión de la fiscal adscripta Silvia Monzón.
El abogado Rey valoró la asignación a esta oficina, considerándola una señal de que el caso ha sido priorizado por su vínculo con funcionarios públicos. Además, adelantó que el equipo legal está considerando la posibilidad de buscar un acuerdo reparatorio con el Estado.