¡JOYA! AL INTERVENTOR DEL CASMU WILSER BRIOZZO LE HICIERON UN SUMARIO EN ASSE EN 2023 POR PATROCINAR JUICIO CONTRA EL MSP UTILIZANDO RECURSOS DEL ESTADO EN HORARIO LABORAL

Crónicas del Este 21/05/2026 Política

LLEGÓ PARA ORDENAR…
En el Uruguay de las conexiones cruzadas, de los cargos repartidos entre amigos del poder y de las instituciones públicas manejadas como si fueran extensiones de estudios jurídicos privados, el nombre del abogado Wilser Briozzo comenzó a transformarse en una pieza incómoda dentro del complejo rompecabezas del CASMU.Porque mientras la mutualista atraviesa una de las crisis financieras más graves de su historia reciente —con miles de socios pendientes de su futuro, trabajadores angustiados y una intervención estatal que supuestamente llegó para “transparentar” y “ordenar” la gestión—, una pregunta empieza a crecer en voz baja dentro del ambiente político y sanitario:¿Puede alguien intervenir una institución mientras mantiene vínculos profesionales con actores que compiten directamente con ella?La interrogante no es menor. Mucho menos cuando se trata de una mutualista histórica, sostenida con dinero de los usuarios, del Fonasa y de un sistema sanitario cada vez más atravesado por intereses empresariales.Y es precisamente allí donde aparece Wilser Briozzo.
SUELDOS DE REYES QUE PAGA EL CASMU
El abogado Wilser Briozzo fue designado como interventor del CASMU durante el proceso de intervención dispuesto por el Poder Ejecutivo tras el colapso financiero de la institución.La intervención, iniciada durante el gobierno anterior y posteriormente prorrogada, implicó la llegada de delegados estatales con amplios poderes de fiscalización y control.Pero también implicó otra cosa: salarios de altísimo nivel.Según resoluciones oficiales del Poder Ejecutivo, cada uno de los interventores percibe una remuneración mensual cercana a los $380.000 más IVA, pagados por el propio CASMU.Es decir: una mutualista en crisis, con dificultades económicas severas, financiando remuneraciones millonarias para quienes llegaron supuestamente a “ordenarla”.Sin embargo, el problema no termina allí.Porque mientras Briozzo ocupaba un cargo clave dentro de la intervención, paralelamente aparecieron documentos que lo vinculaban profesionalmente con la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extra Hospitalaria (CEAMEX), una organización que agrupa empresas privadas que compiten directamente con uno de los servicios estratégicos del CASMU: Emergencias 1727.Y allí fue donde comenzaron a encenderse las alarmas.
EL CONFLICTO DE INTERESES QUE NADIE QUISO EXPLICAR
La situación explotó públicamente cuando trascendió que, en enero de 2026, Wilser Briozzo realizó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Salud Pública actuando en representación de CEAMEX.El pedido no era inocente ni burocrático.Solicitaba información detallada sobre: el listado de emergencias móviles habilitadas, documentación vinculada a empresas del rubro, y particularmente datos sobre Socorristas UY, empresa vinculada mediante convenios al CASMU. Lo verdaderamente explosivo es que en el propio escrito Briozzo reconoce expresamente que “brinda servicios jurídicos a la Cámara”.Es decir: el hombre encargado de intervenir el CASMU trabajaba profesionalmente para una organización integrada por competidores directos de uno de los servicios más sensibles de la mutualista intervenida.Un doble rol que, aunque algunos intenten minimizar, plantea una pregunta devastadora: ¿Dónde termina el interés público y dónde empiezan las lealtades privadas?Porque un interventor accede a información estratégica: estados financieros, contratos, estructura operativa, costos, convenios, debilidades internas, proyecciones económicas, y decisiones comerciales sensibles. Toda esa información puede resultar extremadamente valiosa para actores privados del sector.Y aunque no exista una prueba concreta de utilización indebida de esos datos, el solo escenario de incompatibilidad ya genera un problema ético monumental.
“SOLO FUE UN CASO PUNTUAL”
Cuando comenzaron los cuestionamientos públicos, Briozzo respondió que no existía incompatibilidad alguna.Según declaró, su asesoramiento a la Cámara había sido “solo en este caso puntual” y se limitó específicamente al pedido de acceso a la información.Pero esa explicación dejó más dudas que certezas.Porque nadie explicó: si el MSP conocía previamente ese vínculo, si la ministra Cristina Lustemberg evaluó la situación antes de mantenerlo en el cargo, si existió informe jurídico sobre incompatibilidades o si alguien dentro del gobierno entendió que representar intereses privados del sector sanitario mientras se interviene una mutualista constituye un problema institucional. El silencio oficial empezó a hacer ruido.Y cuanto más silencio hubo, más preguntas comenzaron a surgir.
EL NUEVO DOCUMENTO AL QUE ACCEDIÓ CRÓNICAS DEL ESTE
Pero ahora aparece un nuevo elemento que agrega aún más sombras alrededor de la figura de Wilser Briozzo.Crónicas del Este accedió a documentación oficial de ASSE que revela que el abogado fue objeto de un sumario administrativo en el año 2023. Se trata de la Resolución ASSE N° 7522/023, fechada el 14 de noviembre de 2023.El expediente refiere a un hecho particularmente delicado:Briozzo, funcionario de ASSE y abogado de la División Contencioso de Montevideo, habría patrocinado a una persona en un juicio contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos mientras utilizaba recursos del Estado y horario laboral para desarrollar esa actividad privada.El texto oficial señala expresamente: “el Dr. Wilser Briozzo Abogado de la División Contencioso de Montevideo, estaría patrocinando a una persona en un juicio contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos y a su vez compareció en una audiencia vía ZOOM, en su horario laboral de A.S.S.E. utilizando herramientas informáticas de la Institución”. La gravedad del señalamiento resulta evidente.Porque no se trata simplemente de un abogado litigando.Se trata de un funcionario público utilizando recursos estatales para actuar en una causa privada contra organismos públicos sanitarios.
EL RECONOCIMIENTO DEL PROPIO BRIOZZO
Lo más impactante del expediente es que el propio Briozzo reconoce parte de los hechos.Según la resolución: “reconocer haber utilizado su herramienta de trabajo (computadora) para la realización de una audiencia vía ZOOM en horario laboral, referida a una acción de amparo ajena a la función pública desempeñada”. Es decir: no se trató de una acusación infundada ni de una simple sospecha administrativa.El propio abogado admitió haber usado equipamiento y tiempo laboral del Estado para atender un asunto privado.Más aún: el documento indica que posteriormente presentó la renuncia al patrocinio letrado en ese caso particular. La defensa de Briozzo se apoyó en su “trayectoria intachable” de 34 años dentro de la administración pública y solicitó que, en caso de considerarse falta administrativa, se aplicara un procedimiento de sanción menor. Finalmente, ASSE resolvió revocar el sumario inicial y derivar el caso a un Procedimiento de Sanción Menor. Pero aquí aparece nuevamente la cuestión de fondo.No es solamente el desenlace administrativo. Es el patrón.
UN PATRÓN QUE EMPIEZA A REPETIRSE
Porque al observar ambos episodios —el de ASSE y el del CASMU— surge una inquietud inevitable.En ambos casos aparecen: superposición de intereses, utilización difusa de roles, zonas grises éticas y conflictos vinculados al ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades privadas. En ASSE: un abogado estatal utilizando horario y herramientas públicas para una acción privada contra organismos sanitarios.En CASMU: un interventor estatal representando a actores privados que compiten comercialmente con la institución intervenida.Tal vez todo tenga explicaciones legales. Tal vez no exista delito.Tal vez ninguna norma haya sido formalmente violada.Pero en cargos de enorme sensibilidad pública, la discusión no debería limitarse únicamente a la legalidad.También existe la ética. También existe la apariencia de imparcialidad. También existe la confianza pública.Y cuando las fronteras entre lo público y lo privado empiezan a desdibujarse, el sistema entero entra en crisis de credibilidad.El CASMU como botín político y empresarialLa situación además ocurre en un contexto extremadamente delicado.El CASMU no es cualquier institución. Es una de las mutualistas más grandes del país. Maneja millones de dólares.Tiene peso político. Tiene peso sindical y tiene una influencia enorme dentro del sistema sanitario uruguayo.Por eso la intervención nunca fue vista únicamente como una medida técnica.Muchos dentro del sector salud sospechan desde hace tiempo que detrás de la crisis también se mueve una guerra de intereses empresariales vinculados al mercado de emergencias móviles, seguros médicos, tercerizaciones y control de afiliados.En ese escenario, cualquier señal de conflicto de interés se vuelve explosiva.Porque la pregunta deja de ser administrativa y pasa a ser política: ¿Quién controla realmente el CASMU? ¿Quién gana con su debilitamiento? ¿Quién accede a información estratégica?¿Quiénes orbitan alrededor de la crisis buscando oportunidades de negocio?El silencio políticoHasta ahora, las respuestas han sido escasas. Ni el MSP ni las principales autoridades sanitarias han dado explicaciones profundas sobre el rol de Briozzo. Tampoco hubo aclaraciones públicas contundentes respecto a: incompatibilidades, posibles excusaciones, controles éticos, ni protocolos de transparencia. El caso parece avanzar entre murmullos, comentarios de pasillo y silencios burocráticos.Pero mientras tanto, la figura del interventor comienza a cargar con un desgaste cada vez más visible.Porque la confianza pública no se destruye solamente con delitos probados.A veces alcanza con algo mucho más peligroso: la sensación de que quienes deben controlar el sistema también forman parte de las redes de intereses que lo condicionan.
LA DUDA RAZONABLE
Y es allí donde este caso se vuelve profundamente preocupante.Porque quizás el problema más grave no sea solamente Wilser Briozzo. Quizás el verdadero problema sea un sistema entero acostumbrado a naturalizar incompatibilidades, relaciones cruzadas y zonas opacas entre lo público y lo privado.Un sistema donde: abogados estatales litigan en ámbitos privados, interventores asesoran competidores, organismos miran hacia otro lado y la ética queda subordinada a los acuerdos de poder. La gran pregunta ya no es únicamente qué hizo Briozzo.La gran pregunta es: ¿cuántos más operan de la misma manera dentro del sistema sanitario uruguayo?Y mientras nadie responda eso con claridad, la sombra de la duda seguirá creciendo sobre el CASMU, sobre la intervención y sobre quienes dicen haber llegado para “salvar” una institución que parece cada vez más atrapada entre intereses políticos, empresariales y corporativos.