ADMINISTRACIÓN ANTÍA PAGÓ MÁS DE 12.000 DÓLARES A ABOGADO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL PARTIDO NACIONAL
Crónicas del Este 29/04/2018 Política
Sergio Secinaro
JURÍDICA DE LA IDM ESTÁ PINTADA
Al parecer, la política de la Intendencia de Maldonado, es no tener ningún miramiento, en dilapidar los dineros de los contribuyentes en contrataciones insólitas a profesionales: esta vez dos abogados constitucionalistas, para defenderse, cuando tiene todo un cuerpo de abogados en el área Jurídica, que parece que tienen las manos atadas a la hora de hacer escritos y presentarse en audiencias.
Cuando los ediles frenteamplistas, Leonardo Delgado y Fermín de los Santos, hicieron diferentes pedidos de informes a la administración Antía y la misma no les respondió, decidieron usar el camino paralelo de la Ley de Acceso a la Información Pública, que la puede utilizar cualquier ciudadano, no se necesita ser edil para eso. Justamente la directora de Asuntos Jurídicos de la Intendencia de Maldonado, Dra. Graciela Graziuso, salió a decir que los ediles al pedir información por dicha ley, perdían la calidad de legisladores departamentales, en un argumento jurídico totalmente ridículo.
Luego, la Intendencia de Maldonado, en uno de sus tantos pomposos comunicados, anunció con bombos y platillos, que había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acceso a la Información Pública, por el pedido de informes de los curules señalados.
CORREA FREITAS CUESTIONA PERMANENCIA DE DE LOS SANTOS EN COMISIÓN INVESTIGADORA
Como otra noticia totalmente aleatoria con este tema, surgió en la prensa capitalina, el informe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República (Udelar), que cuestionó la “ética y delicadeza” del diputado frenteamplista Óscar de los Santos, por permanecer, en la comisión investigadora de Diputados sobre la financiación de partidos políticos, que tiene su gestión en la Intendencia de Maldonado como uno de los asuntos a investigar.
Resulta ser que a pedido de un diputado blanco, se solicitó un informe a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Udelar y en la respuesta se recibía ese cuestionamiento a “la ética y delicadeza” del diputado De los Santos.
El informe estaba firmado por el Catedrático Grado 5, Rubén Correa Freitas (ex político Colorado y familiar del ex Presidente Julio María Sanguinetti) y la Doctora María Rocca.
No vamos a cuestionar la sapiencia del Doctor Rubén Correa Freitas en materia de Constitución, pero ya que cuestionó la ética y la delicadeza del diputado frenteamplista Óscar De los Santos, también pudo haber influido en su opinión, que casualmente, en el escrito de inconstitucionalidad que la Intendencia de Maldonado había mandado hacer, lo habían contratado (al Dr. Correa Freitas) para negarle la información a los ediles Fermín de los Santos y Leonardo Delgado.
Y aunque como tantas resoluciones de la Intendencia de Maldonado, la misma no se haya publicado, violando la normativa vigente, cosa que es algo habitual para la administración Antía, nosotros de igual manera accedimos a la factura que le realizó el Dr. Correa Freitas a dicha Intendencia por la consulta del tema de la inconstitucionalidad de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde dicho profesional cobró el día 6 de noviembre de 2017, la suma de 20.000, para hacer dicho informe.
Pero no se apure estimado lector, porque hay más, con Antía, siempre y más… Pues resulta ser, que Correa Freitas no fue el único abogado que actuó, para presentar el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en nombre de la Intendencia Maldonado…
UN CORRELIGIONARIO SIEMPRE ES MEJOR
Otro abogado externo a la Intendencia, que la administración Antía consultó, fue el Dr. Augusto Durán Martínez, que es especialista en Derecho Administrativo y que tiene “el gran aditamento”, de ser un conspicuo correligionario del Intendente Antía; pues casualmente el Dr. Augusto Durán Martínez, no es un abogado cualquiera, sino que integra, nada menos, que la comisión de Ética del Partido Nacional.
Esto enmarca una vez más, lo que ha sido la política de contrataciones de profesionales por parte del gobierno departamental del partido Nacional: amigos y correligionarios, están primeros que todos los demás.
La cuestión, que por la consulta que le hizo la Intendencia de Maldonado por la inconstitucionalidad, Durán Martínez, en boleta fechada el día 7/11/17, le cobró la módica suma de 12.200 dólares, IVA incluido.
Llama poderosamente la atención la diferencia de honorarios entre un catedrático grado cinco, como es el Profesor Rubén Correa Freitas y la sideral cifra cobrada por Durán Martínez a la Intendencia de Maldonado, por un simple informe.
Pero después de todo, el dinero es de los contribuyentes y el Intendente Enrique Antía, es sumamente generoso a la hora de contratar asesores y correligionarios.
Como corolario inaudito de esta historia de malgasto del dinero público hay que señalar, que luego de dilapidar todo ese dinero de los contribuyentes en consultas a dos profesionales, la Intendencia de Maldonado, cuando terminaba el mes de enero del presente año 2018, abruptamente decidió desistir del recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, que según información oficial, había presentado en el mes de noviembre del año 2017.
Para ser sinceros y a la vista de la documentación que poseemos, nos quedan dudas que la administración Antía haya ingresado el famoso recurso a la Suprema Corte de Justicia, porque los honorarios de los profesionales, sólo hacen mención a “consultas” y no a la presentación de ningún escrito en la Justicia.
Con este desparpajo y esta hipocresía, gastan los dineros públicos estos señores del gobierno departamental.
Sergio Secinaro
JURÍDICA DE LA IDM ESTÁ PINTADA
Al parecer, la política de la Intendencia de Maldonado, es no tener ningún miramiento, en dilapidar los dineros de los contribuyentes en contrataciones insólitas a profesionales: esta vez dos abogados constitucionalistas, para defenderse, cuando tiene todo un cuerpo de abogados en el área Jurídica, que parece que tienen las manos atadas a la hora de hacer escritos y presentarse en audiencias.
Cuando los ediles frenteamplistas, Leonardo Delgado y Fermín de los Santos, hicieron diferentes pedidos de informes a la administración Antía y la misma no les respondió, decidieron usar el camino paralelo de la Ley de Acceso a la Información Pública, que la puede utilizar cualquier ciudadano, no se necesita ser edil para eso. Justamente la directora de Asuntos Jurídicos de la Intendencia de Maldonado, Dra. Graciela Graziuso, salió a decir que los ediles al pedir información por dicha ley, perdían la calidad de legisladores departamentales, en un argumento jurídico totalmente ridículo.
Luego, la Intendencia de Maldonado, en uno de sus tantos pomposos comunicados, anunció con bombos y platillos, que había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acceso a la Información Pública, por el pedido de informes de los curules señalados.
CORREA FREITAS CUESTIONA PERMANENCIA DE DE LOS SANTOS EN COMISIÓN INVESTIGADORA
Como otra noticia totalmente aleatoria con este tema, surgió en la prensa capitalina, el informe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República (Udelar), que cuestionó la “ética y delicadeza” del diputado frenteamplista Óscar de los Santos, por permanecer, en la comisión investigadora de Diputados sobre la financiación de partidos políticos, que tiene su gestión en la Intendencia de Maldonado como uno de los asuntos a investigar.
Resulta ser que a pedido de un diputado blanco, se solicitó un informe a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Udelar y en la respuesta se recibía ese cuestionamiento a “la ética y delicadeza” del diputado De los Santos.
El informe estaba firmado por el Catedrático Grado 5, Rubén Correa Freitas (ex político Colorado y familiar del ex Presidente Julio María Sanguinetti) y la Doctora María Rocca.
No vamos a cuestionar la sapiencia del Doctor Rubén Correa Freitas en materia de Constitución, pero ya que cuestionó la ética y la delicadeza del diputado frenteamplista Óscar De los Santos, también pudo haber influido en su opinión, que casualmente, en el escrito de inconstitucionalidad que la Intendencia de Maldonado había mandado hacer, lo habían contratado (al Dr. Correa Freitas) para negarle la información a los ediles Fermín de los Santos y Leonardo Delgado.
Y aunque como tantas resoluciones de la Intendencia de Maldonado, la misma no se haya publicado, violando la normativa vigente, cosa que es algo habitual para la administración Antía, nosotros de igual manera accedimos a la factura que le realizó el Dr. Correa Freitas a dicha Intendencia por la consulta del tema de la inconstitucionalidad de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde dicho profesional cobró el día 6 de noviembre de 2017, la suma de 20.000, para hacer dicho informe.
Pero no se apure estimado lector, porque hay más, con Antía, siempre y más… Pues resulta ser, que Correa Freitas no fue el único abogado que actuó, para presentar el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en nombre de la Intendencia Maldonado…
UN CORRELIGIONARIO SIEMPRE ES MEJOR
Otro abogado externo a la Intendencia, que la administración Antía consultó, fue el Dr. Augusto Durán Martínez, que es especialista en Derecho Administrativo y que tiene “el gran aditamento”, de ser un conspicuo correligionario del Intendente Antía; pues casualmente el Dr. Augusto Durán Martínez, no es un abogado cualquiera, sino que integra, nada menos, que la comisión de Ética del Partido Nacional.
Esto enmarca una vez más, lo que ha sido la política de contrataciones de profesionales por parte del gobierno departamental del partido Nacional: amigos y correligionarios, están primeros que todos los demás.
La cuestión, que por la consulta que le hizo la Intendencia de Maldonado por la inconstitucionalidad, Durán Martínez, en boleta fechada el día 7/11/17, le cobró la módica suma de 12.200 dólares, IVA incluido.
Llama poderosamente la atención la diferencia de honorarios entre un catedrático grado cinco, como es el Profesor Rubén Correa Freitas y la sideral cifra cobrada por Durán Martínez a la Intendencia de Maldonado, por un simple informe.
Pero después de todo, el dinero es de los contribuyentes y el Intendente Enrique Antía, es sumamente generoso a la hora de contratar asesores y correligionarios.
Como corolario inaudito de esta historia de malgasto del dinero público hay que señalar, que luego de dilapidar todo ese dinero de los contribuyentes en consultas a dos profesionales, la Intendencia de Maldonado, cuando terminaba el mes de enero del presente año 2018, abruptamente decidió desistir del recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, que según información oficial, había presentado en el mes de noviembre del año 2017.
Para ser sinceros y a la vista de la documentación que poseemos, nos quedan dudas que la administración Antía haya ingresado el famoso recurso a la Suprema Corte de Justicia, porque los honorarios de los profesionales, sólo hacen mención a “consultas” y no a la presentación de ningún escrito en la Justicia.
Con este desparpajo y esta hipocresía, gastan los dineros públicos estos señores del gobierno departamental.
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