ARATIRÍ Y CARDAMA: EL GOBIERNO DEFIENDE AL URUGUAY Y LA OPOSICIÓN PARECE DEFENDER A LAS EMPRESAS
Crónicas del Este 30/10/2026 Política
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Uruguay acaba de obtener una importante victoria judicial en el caso Aratirí. El Tribunal de Apelación de París mantuvo vigente el laudo favorable al Estado y habilitó el cobro de más de cuatro millones de dólares entre costas del arbitraje y del proceso judicial. La empresa había reclamado una indemnización de miles de millones. Es una noticia que debería alegrar a todos los uruguayos, más allá de sus preferencias políticas. Sin embargo, el resultado también deja una pregunta incómoda: ¿por qué algunos dirigentes de la oposición se apresuran a anunciar catástrofes económicas cada vez que el Estado enfrenta una demanda empresarial?El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, recordó que en 2018, cuando Aratirí reclamaba una suma millonaria, Luis Lacalle Pou había advertido sobre las consecuencias que podía sufrir Uruguay. Hoy, el resultado judicial contradice aquellos pronósticos.El episodio merece una reflexión política. Una cosa es controlar al Gobierno, exigir explicaciones y cuestionar sus decisiones. Otra muy distinta es instalar anticipadamente que el país perderá millones, como si defender los intereses del Estado fuera una batalla perdida antes de comenzar.El caso Cardama vuelve a plantear esa discusión. Tras rescindir el contrato para construir dos patrulleras oceánicas, el gobierno de Yamandú Orsi anunció acciones legales. La oposición cuestionó la decisión y promovió una comisión investigadora. El astillero, por su parte, también defiende su posición. La controversia deberá resolverse con documentación, argumentos jurídicos y decisiones judiciales, no con declaraciones políticas. Pero hay algo que no debería admitir discusión: ningún partido puede poner los intereses de una empresa por encima de los intereses del Uruguay. Si un contrato perjudica al Estado, corresponde investigar; si existen irregularidades, deben aclararse; y si una demanda carece de fundamento, el país debe defenderse con firmeza.La victoria en Aratirí demuestra que las amenazas de litigios millonarios no significan necesariamente que Uruguay terminará pagando. También recuerda que una defensa jurídica sólida puede proteger los recursos públicos.La oposición tiene todo el derecho de controlar al Gobierno. Lo que no puede hacer es confundir ese deber con el pesimismo permanente ni convertir cada controversia empresarial en una condena anticipada contra el Estado.Porque los gobiernos pasan, los partidos cambian, pero la factura de una derrota judicial la pagan todos los uruguayos. Y cuando se trata de defender el patrimonio nacional, la prioridad debe ser siempre Uruguay.

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