ASÍ ROBARON LA GUITA PÚBLICA LOS TRES PRESIDENTES DE LA JUNTA SEGÚN EL FISCAL JORGE VAZ

Crónicas del Este 13/11/2026 Política

La Junta Departamental de Maldonado (en adelante, JDM) es presidida por un edil designado anualmente, quien es su jerarca máximo y ordenador primario de gastos y pagos (arts. 26 y 27 lit. F del TOCAF). José Luis Sánchez Olivera presidió la JDM entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021; Darwin Carlos Correa Costa, entre el 22 de noviembre de 2022 y el 23 de noviembre de 2023; y Alexandro Infante Caballero, desde fines de noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024. Durante todo el período en que ocurrieron los hechos, Sánchez era edil titular, coordinador de bancada del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Obras de la JDM.
A comienzos de 2023, el entonces edil Sánchez obtuvo de Ramón Alberto Sosa Lascano, titular de una empresa unipersonal con giro de transporte terrestre local de carga (fletes), en régimen de IVA mínimo, no inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), facturas de sus talonarios. Sosa llenó las primeras a pedido y dictado de Sánchez, con la leyenda «Junta Departamental de Maldonado» y los conceptos indicados por este; las restantes se las entregó en blanco, arrancando el original y conservando la copia de archivo sin llenar. Sosa jamás prestó servicio alguno a la JDM.
LAS CONTRATACIONES FICTICIAS DURANTE LA PRESIDENCIA DE CORREA
Entre febrero y setiembre de 2023, Correa, en su calidad de presidente de la JDM y por tanto ordenador primario, conformó con su firma ocho facturas de la empresa Ramón Sosa por supuestas obras de mantenimiento en el edificio de la JDM, y firmó las correspondientes órdenes de compra y de pago. La empresa le fue propuesta por Sánchez. No existió expediente, resolución, motivación, procedimiento competitivo, comparación de precios ni constancia técnica de recepción de los trabajos: la única documentación existente son las facturas conformadas y las órdenes de compra y pago. Al dorso de las facturas figuraba, manuscrito, el número de la cuenta del Banco República N.º 110467444, cuyo titular es Facundo Gastón Sánchez Calabuig, hijo del entonces edil José Luis Sánchez.
LA FACTURA PAGADA DURANTE LA PRESIDENCIA DE INFANTE
El 11 de enero de 2024 se emitió una nueva factura de la empresa de Sosa (N.º 053) por «reparación de bancada del Frente Amplio, humedades y sellado en ventanas del pasillo de abajo», por $ 168.000. Sánchez reclamó a Infante su pago mediante un mensaje de audio. Infante, en su calidad de presidente de la JDM, ordenó el pago como ordenador primario, sin antecedente alguno de la obra, de su necesidad ni de su contratación. La copia de archivo de la factura N.º 053 en el talonario de Sosa se encuentra en blanco.
LA PRESUNTA OBRA REALIZADA POR UN TERCERO Posteriormente Infante mandó pagar a un tercero mediante la factura N.º 064, de 23 de septiembre de 2024, de la empresa Ramón Sosa, en concepto de «hidrolavado de fachada, vereda y otros», por $ 115.400; se pagó con el cheque N.º 327903.
DETALLE DE LAS FACTURAS Y SU DESTINO
En definitiva, durante la presidencia de Darwin Correa, la Junta pagó ocho facturas de la empresa unipersonal de Ramón Sosa, todas ellas con órdenes de pago firmadas por Correa como ordenador primario.
Las dos primeras fueron la factura N.º 079, de 16 de febrero de 2023, por «servicio luminaria», por $ 122.350, y la factura N.º 086, de 23 de febrero de 2023, por «reparación luminarias externas», por $ 124.128. Ambas se pagaron juntas mediante una transferencia de $ 246.478 a la cuenta de Facundo Sánchez el 20 de marzo de 2023.
A esas dos facturas les siguieron otras seis. La factura N.º 085, de 24 de marzo de 2023, por «cambio y reparación de luminarias exteriores, estacionamiento 1», por $ 146.350, se transfirió el 27 de abril de 2023.
La factura N.º 083, de 26 de abril de 2023, por «reparación en oficinas, humedades», por $ 134.235, se transfirió el 26 de mayo de 2023.
La factura N.º 087, de 29 de mayo de 2023, por «arreglos en fachada exterior con materiales», por $ 158.350, se transfirió el 30 de junio de 2023.
La factura N.º 084, de 28 de junio de 2023, por «reparación en pluviales y desagües», por $ 162.600, se transfirió el 10 de agosto de 2023.
La factura N.º 082, de 27 de julio de 2023, por «reparaciones varias en bancadas del Partido Nacional», por $ 168.000, se transfirió el 4 de setiembre de 2023.
Por último, la factura N.º 088, de 5 de setiembre de 2023, por «reparación de humedad en fachada en 7.º piso», por $ 175.300, se transfirió el 25 de octubre de 2023. Todos estos pagos se acreditaron en la cuenta de Facundo Sánchez.
A su vez, como se dijo, durante la presidencia de Alexandro Infante se pagaron otras dos facturas, con órdenes de pago firmadas por él.
La factura N.º 053, de 11 de enero de 2024, por «reparación de bancada del Frente Amplio, humedades y sellado en ventanas del pasillo de abajo», se transfirió a la cuenta de Facundo Sánchez el 8 de marzo de 2024.
La factura N.º 064, de 23 de setiembre de 2024, por «hidrolavado de fachada, vereda y otros», se pagó con el cheque N.º 327903.
Las ocho facturas conformadas por Correa suman $ 1.191.313, monto que superaba el tope de compra directa vigente en 2023 para los Gobiernos Departamentales ($ 896.000), tal como surge del boletín técnico del Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al año 2023, que actualizaba anualmente los montos de las contrataciones públicas en cumplimiento del art. 156 del TOCAF.
SUMANDO LO APROBADO POR CORREA E INFANTE, LA JDM ABONÓ $ 1.474.713 POR FACTURAS DE LA EMPRESA RAMÓN SOSA, POR SERVICIOS QUE ESTA JAMÁS PRESTÓ.
EL DESTINO DEL DINERO
En cada una de las ocho oportunidades en que la JDM acreditó fondos en la cuenta de Facundo Sánchez (correspondiente a nueve de las diez facturas utilizadas en las maniobras), dado que las facturas N.º 079 y 086 se abonaron mediante una única transferencia, este los transfirió el mismo día a la cuenta del Banco República N.º 1297018, de su padre José Luis Sánchez, por un total de $ 1.307.695, conservando diferencias menores o entregándolas en efectivo a este. En los días inmediatos a cada acreditación, José Luis Sánchez retiró efectivo de su cuenta en sumas de entre $ 40.000 y $ 130.000. Facundo Sánchez había facilitado su cuenta a pedido de su padre, quien le dijo que recibiría pagos de un negocio que debía transferirle.
EL HIDROLAVADO
Como se señaló en el numeral 4.1, en setiembre de 2024 el entonces presidente de la JDM Alexandro Infante contrató en forma directa —sin procedimiento, motivación ni constancia alguna— a Javier Gutiérrez (a solicitud de este) para realizar trabajos de hidrolavado, reparación de un caño y humedades. Como Gutiérrez carecía de facturas, Infante recurrió a Sánchez, quien le proporcionó una factura en blanco de la empresa de Sosa. Infante utilizó la factura N.º 064 como antecedente del pago y, al suscribir la correspondiente orden de pago, dio fe de que el servicio había sido prestado por la empresa de Sosa, pese a saber que lo había realizado un tercero, Javier Gutiérrez.
CONDUCTA POSTERIOR
Una vez que los hechos tomaron estado público, en marzo de 2025, Sánchez pidió a Sosa que no revelara que le había prestado las facturas. Infante, por medio de un intermediario, contactó a Sosa, le ofreció pagar el dinero de la factura y le pidió que negara haber conversado con él.
EL ENGAÑO
El engaño consistió en simular la existencia de ocho contratos de obra con la empresa de Sosa, que nunca existieron, y en presentarlos ante la administración —el Departamento Financiero Contable y el contador delegado del Tribunal de Cuentas— como servicios efectivamente prestados y conformados por el jerarca. Así lo acreditan:
• La declaración de Sosa, quien afirma no haber prestado jamás servicio alguno a la JDM y haber entregado las facturas en blanco a Sánchez.
• Los talonarios originales de Sosa, en los que las copias de archivo de las facturas presentadas a la JDM entre abril y setiembre de 2023 (N.º 082, 083, 084, 087 y 088) se encuentran en blanco, intercaladas con facturas reales emitidas en el mismo período a edificios de Punta del Este por servicio de playa.
• La numeración de las facturas, que no guarda relación con sus fechas (la N.º 086 es del 23/02/2023 y la N.º 082 del 27/07/2023), lo que es incompatible con trabajos facturados a medida que se ejecutaban.
• La inexistencia de toda constancia de las obras: no hay expediente, resolución, presupuesto, informe técnico ni recepción por el área de Servicios, tal como informó la propia Presidencia de la JDM el 9 de abril de 2025 y lo declararon la Secretaria General, la Directora General y el Jefe de Servicios.
- El giro de la empresa (fletes), su régimen de IVA mínimo y su no inscripción en el RUPE, que la hacían inidónea para las obras facturadas.
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ OLIVERA: fue quien ideó y articuló la maniobra; obtuvo las 10 facturas, dictó su contenido, interpuso la cuenta de su propio hijo y fue el destinatario final de $ 1.307.695 de fondos públicos; lo hizo siendo edil y expresidente de la JDM, prevaliéndose de su influencia como coordinador de bancada; la maniobra se extendió por más de un año e involucró a dos presidencias sucesivas; y, descubierta, procuró que el proveedor callara.
DARWIN CARLOS CORREA COSTA: como jerarca máximo del organismo y custodio de sus fondos, utilizó su calidad de ordenador primario al servicio de la maniobra durante nueve meses, autorizando ocho pagos por $ 1.191.313 sin respaldo alguno, en abierta infracción de las normas de contratación pública, procedimiento administrativo y ética en la función pública.
A Correa se le aplica el mismo punto de partida y el mismo tratamiento de la continuidad que a Sánchez, porque su aporte fue igualmente decisivo. Era el jerarca máximo del organismo y su ordenador primario, y sin su firma ninguno de los ocho pagos se habría realizado. Su posición agrava el reproche: era el primer custodio de los fondos que desvió y, además, otorgó personalmente la conformidad técnica de obras que sabía inexistentes, invocando su experiencia profesional. Lo hizo durante nueve meses, con pagos casi mensuales, fraccionando el gasto de modo que cada factura quedara por debajo del umbral que habría activado controles más rigurosos.
Alexandro Infante Caballero: si bien el daño al erario público y su intervención fueron cuantitativamente menores a los otros coimputados ($ 283.400), cometió cuatro delitos (dos contra la Administración Pública y dos contra la fe pública): dispuso un pago a pedido de un edil sin verificación alguna, falseó la autoría de un trabajo y utilizó fondos públicos para beneficiar discrecionalmente a un particular; y, descubiertos los hechos, ofreció dinero a un testigo y le pidió negar el contacto.
EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO, ESTA FISCALÍA ENTIENDE AJUSTADO A DERECHO SOLICITAR LA CONDENA DE:
1. José Luis Sánchez Olivera como coautor penalmente responsable de UN DELITO CONTINUADO DE FRAUDE ESPECIALMENTE AGRAVADO, EN CONCURSO FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO CONTINUADO DE FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA POR FUNCIONARIO PÚBLICO, en calidad de coautor, a la pena de SEIS (6) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PENITENCIARÍA, SEIS (6) AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos y multa de 1.000 (mil) unidades reajustables.
2. Darwin Carlos Correa Costa como autor penalmente responsable de UN DELITO CONTINUADO DE FRAUDE ESPECIALMENTE AGRAVADO, EN CONCURSO FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO CONTINUADO DE FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA POR FUNCIONARIO PÚBLICO, en calidad de autor, a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PENITENCIARÍA, SEIS (6) AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos y multa de 750 (setecientas cincuenta) unidades reajustables.
3. Alexandro Infante Caballero como autor penalmente responsable de UN DELITO DE FRAUDE ESPECIALMENTE AGRAVADO, EN CONCURSO FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA POR FUNCIONARIO PÚBLICO, EN REITERACIÓN REAL a su vez CON UN DELITO DE ABUSO DE FUNCIONES ESPECIALMENTE AGRAVADO, EN CONCURSO FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA POR FUNCIONARIO PÚBLICO, a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PENITENCIARÍA, CINCO (5) AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos y multa de 170 (ciento setenta) unidades reajustables; con descuento, en todos los casos, de las medidas cautelares cumplidas de corresponder.