EL CINISMO DEL SENADOR ROBERT SILVA QUE DEFIENDE LAS AFAPS MIENTRAS SU HERMANO GANA UNA FORTUNA EN ELLAS
Crónicas del Este 27/04/2026 Política
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Hay niveles de cinismo en la política uruguaya que ya no sorprenden… pero igual indignan. Porque una cosa es defender una idea. Otra muy distinta es hacerlo cuando detrás hay un interés tan evidente que ni siquiera se esfuerzan en disimularlo. Y ahí aparece el senador Robert Silva, erigido en férreo defensor de las AFAP, con un discurso que pretende presentarse como defensa de la “libertad” y del “ahorro de los trabajadores”, pero que, cuando se rasca apenas la superficie, revela algo mucho más turbio.
Silva no dudó en alinearse con el senador Javier García para atacar cualquier intento de revisar el sistema previsional. Habló de que se pretende “pisotear, burlar el plebiscito de octubre del 24”, y advirtió que los cambios “ponen en riesgo los ahorros de los uruguayos”. Incluso se permitió dar lecciones sobre libertad individual, asegurando que el sistema actual garantiza la posibilidad de elegir.
Pero hay una pregunta que en su discurso no aparece: ¿libertad para quién?
Porque mientras Silva se desgañita en defensa de las AFAP, en la otra punta de la historia aparece un nombre que no es casual: Romin Silva García. Su hermano. Gerente General de República AFAP desde 2021. Y beneficiario directo de ese sistema que el senador protege con tanto fervor.
Ahí ya no estamos ante una discusión ideológica. Estamos ante un conflicto de intereses de manual.
Porque no se trata de un sueldo cualquiera. En octubre de 2021, este gerente cobraba la friolera de $800.770 pesos mensuales. Traducido a la vida real: más de $26.000 por día, contando fines de semana y feriados. Una cifra que para la mayoría de los uruguayos no es solo inalcanzable, sino directamente obscena en el contexto de salarios que apenas logran sostener el costo de vida.
Y por si fuera poco, en junio de 2024 el aguinaldo de Romin Silva alcanzó los $417.475 pesos. Mientras miles de trabajadores usan el aguinaldo para tapar agujeros, pagar deudas o sobrevivir un poco mejor, en la cúpula de las AFAP se manejan cifras que parecen sacadas de otro país.
Entonces, cuando República AFAP paga esos sueldos, cabe preguntarse: ¿de dónde sale ese dinero? No viene de una mina de oro ni de una innovación tecnológica revolucionaria. Sale, directa o indirectamente, del esfuerzo de los trabajadores uruguayos. De cada aporte obligatorio. De cada peso que alguien deposita con la esperanza de una jubilación digna.
Y es en ese punto donde la defensa de Robert Silva deja de ser política para volverse profundamente cuestionable desde lo ético.
Porque cuando un senador defiende con uñas y dientes un sistema del cual su propio hermano obtiene ingresos extraordinarios, la línea entre convicción y conveniencia se vuelve peligrosamente difusa. No alcanza con hablar de plebiscitos ni de libertad de elección cuando el propio entorno familiar está incrustado en el corazón del negocio.
Más aún: ¿con qué autoridad moral se puede hablar de “riesgo para los ahorros” cuando el sistema actual permite que existan salarios de este nivel dentro de estructuras financiadas por aportes obligatorios?
El discurso de Silva intenta instalar miedo: que si se tocan las AFAP, se pierde todo. Pero omite un dato clave: el sistema ya está diseñado de forma tal que algunos ganan muchísimo… incluso cuando la incertidumbre sobre las jubilaciones futuras sigue siendo una preocupación real para la mayoría.
Y ahí es donde el relato se cae.
Porque no es creíble hablar de defensa del trabajador cuando los beneficios más visibles del sistema se concentran en su cúpula. No es creíble hablar de libertad cuando el propio sistema es obligatorio para buena parte de la población. Y definitivamente no es creíble hablar de ética cuando el vínculo familiar con el negocio es tan directo.
Lo que queda es una imagen incómoda, pero cada vez más evidente: la de una política que defiende estructuras no por convicción, sino porque dentro de ellas hay nombres propios, apellidos conocidos y sueldos que explican demasiado.
Robert Silva podrá seguir hablando de plebiscitos, de libertades y de riesgos. Pero hay algo que no puede tapar: que mientras él defiende el sistema, su hermano lo capitaliza. Y eso, en cualquier democracia seria, debería al menos generar una discusión mucho más profunda que la que hoy se está dando.
Porque cuando la política se mezcla con intereses familiares de esta magnitud, ya no estamos ante una simple diferencia de opiniones. Estamos ante un problema ético de proporciones. Y de esos que, tarde o temprano, pasan factura.

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