COMO CENICERO DE MOTO: LA JUTEP RECONOCE ABIERTAMENTE QUE NO CUMPLE CON LA LEY POR FALTA DE PRESUPUESTO

Crónicas del Este 16/02/2025 Política

En una situación que evidencia la desconexión entre las expectativas de la ciudadanía y las respuestas institucionales que se esperan de las autoridades encargadas de velar por la ética pública, se presenta un episodio digno de reflexión. La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) respondió de manera insólita a una consulta de un ciudadano sobre las declaraciones patrimoniales del senador y exministro Luis Heber, indicando que no tienen los recursos necesarios para analizar tales declaraciones. Este incidente no solo levanta serias dudas sobre la capacidad operativa de la JUTEP, sino que pone en entredicho la efectividad del sistema de control de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos en Uruguay.
LA LEY CRISTAL Y EL ROL DE LA JUTEP
Para entender la magnitud de esta respuesta, es necesario referirse a la Ley N° 17.060 – también conocida como la "Ley Cristal" – que fue promulgada en 1998 con el objetivo de garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública. En su artículo 14, la ley establece de manera clara y tajante las responsabilidades de la JUTEP en cuanto a la custodia, análisis y control de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
La ley no solo encomienda a la JUTEP la obligación de custodiar estas declaraciones, sino también la de analizar la evolución de los activos, pasivos, ingresos y vínculos de los funcionarios con empresas. Además, dispone que la JUTEP debe abrir hasta el 5% de las declaraciones de forma aleatoria, lo que implica un control constante sobre los bienes e ingresos de aquellos en cargos públicos.
En ese contexto, la respuesta de la funcionaria de la JUTEP resulta sorprendente: “No analizamos las declaraciones juradas patrimoniales, la falta de recursos nos imposibilita cumplir con lo establecido en los incisos B y C del artículo 14 de la Ley N.º 17.060.” Esta respuesta plantea más preguntas que respuestas sobre la seriedad y los recursos disponibles para cumplir con las funciones que la ley les asigna.
La justificación de la falta de recursos es particularmente preocupante, ya que no solo contrasta con el marco normativo, sino que también pone de manifiesto una falta de compromiso por parte de la JUTEP en el cumplimiento de su misión. Es importante señalar que la ley establece que la JUTEP debe realizar un análisis de riesgo sobre las declaraciones juradas, y esa metodología debe ser aplicada incluso si los recursos son limitados. De hecho, la ley no menciona que la falta de recursos sea un factor que impida cumplir con la obligación de analizar las declaraciones de los funcionarios.
Es inconcebible que la JUTEP no cuente con los medios necesarios para cumplir con una de sus funciones primordiales: velar por la transparencia y el control de los bienes de aquellos que ocupan cargos públicos. Es más, el propio artículo 14 establece que se debe realizar un análisis aleatorio de hasta el 5% de las declaraciones juradas, lo que no parece ser un proceso tan oneroso como para que se invoque la falta de recursos como excusa.
Esta situación no solo afecta a la JUTEP como organismo, sino que también tiene un impacto profundo en la confianza de la ciudadanía en el sistema de control de la ética pública. La JUTEP, encargada de ser el garante de la transparencia en la gestión pública, no solo debe tener los recursos necesarios, sino también la disposición para realizar las tareas que la ley les encomienda. Esta respuesta confirma una preocupante desconexión entre las expectativas que genera la Ley Cristal y la realidad de su aplicación.
Más allá de la falta de recursos, el hecho de que la JUTEP alegue una imposibilidad de analizar las declaraciones patrimoniales de un senador, como Luis Heber, pone en evidencia una grave falta de compromiso con la transparencia y la ética pública. La ciudadanía tiene el derecho de exigir que aquellos que ocupan cargos de poder en el gobierno estén sujetos a un escrutinio adecuado y riguroso, tal como lo establece la ley.
Ante esta situación, el nuevo gobierno de Yamandú Orsi, que asumirá el 1 de marzo, deberá tomar cartas en el asunto. La falta de recursos alegada por la JUTEP no debe ser una excusa para no cumplir con las responsabilidades que le confiere la Ley Cristal. Orsi, al tomar las riendas del poder, tendrá la oportunidad de corregir este rumbo y fortalecer las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la ética pública. Es necesario que el nuevo gobierno se enfoque en dotar de los recursos adecuados a la JUTEP y en garantizar que los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos sean efectivos.
La ciudadanía tiene el derecho a exigir que el gobierno que asume se comprometa con la transparencia, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Es momento de que se haga una revisión profunda de cómo se gestionan las instituciones encargadas del control ético y se implementen las reformas necesarias para asegurar que la ley se cumpla sin excusas.
Si la JUTEP no tiene los recursos para cumplir con sus responsabilidades, es necesario que se revea su estructura y se le asignen los medios necesarios para ejercer un control efectivo sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. En caso contrario, la Ley Cristal se transformará en un conjunto de buenas intenciones, pero ineficaz en la práctica.
El llamado es claro: si la JUTEP no puede cumplir con su rol, es hora de buscar soluciones para que la ciudadanía pueda seguir confiando en las instituciones encargadas de velar por la ética y transparencia pública. No es posible que la falta de recursos sea una excusa para el incumplimiento de la ley. El nuevo gobierno de Yamandú Orsi debe asumir la responsabilidad de corregir esta situación y garantizar que la Ley Cristal se cumpla cabalmente, para que la ciudadanía siga confiando en la integridad de sus autoridades.