EL CONGRESO DE INTENDENTES: UNA MAQUINARIA BUROCRÁTICA AL SERVICIO DEL ACOMODO POLÍTICO

Crónicas del Este 11/04/2025 Política

Mientras Uruguay enfrenta dificultades para atender necesidades básicas en salud, educación y seguridad, una institución semidesconocida por la mayoría de los ciudadanos funciona como un refugio dorado para funcionarios bien remunerados y cargos políticos de confianza: el Congreso de Intendentes. Lo que en teoría debería ser un organismo de coordinación entre los gobiernos departamentales se ha transformado en una estructura cada vez más costosa, opaca y plagada de privilegios.
Con sede en Montevideo pero con tentáculos en cada rincón del país, el Congreso de Intendentes fue formalmente creado por el artículo 262 de la Constitución, y su institucionalización llegó recién con la reforma constitucional de 1996. Diez años después se le aprobó su primer presupuesto, y desde entonces no ha parado de crecer. Su funcionamiento quedó regulado en la Ley 17.930 y, más recientemente, su presupuesto y estructura interna fueron profundamente detallados en el período 2021–2025.
A simple vista, su función parecería relevante: coordinar políticas entre las intendencias, celebrar convenios interinstitucionales y servir de nexo entre los gobiernos departamentales y los poderes del Estado. Pero en la práctica, este organismo se ha convertido en una estructura paralela que canaliza fondos públicos y cargos para beneficiar a una minoría privilegiada, muchas veces alejada de los problemas concretos de la ciudadanía.
Cada intendencia cuenta con uno o más delegados ante el Congreso. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuánto ganan? ¿Por qué se les otorgan partidas especiales? Las respuestas son difusas. Desde Maldonado, por ejemplo, se sabe que los delegados son Juan Pígola y Álvaro Villegas, nombres conocidos dentro del aparato político local, pero prácticamente desconocidos por la población. ¿Cuál es su función específica? ¿Qué logros concretos puede exhibir su actuación como delegados? Silencio.
Estos delegados, según se desprende de la información disponible, representan a sus departamentos pero también acceden a recursos económicos especiales, provenientes de fondos cuya distribución y control no siempre son del todo transparentes. ¿Se trata de remuneraciones, viáticos, partidas extras? Nadie lo aclara del todo. Pero lo cierto es que el Congreso funciona como un paraguas que cobija a múltiples figuras del sistema político, muchas veces sin contralor efectivo.
El presupuesto del Congreso de Intendentes para el período 2021–2025 es un monumento al acomodo institucionalizado. Bajo la presidencia de Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, se aprobó una batería de artículos que garantizan beneficios y privilegios para los funcionarios del organismo. Desde partidas especiales por “dedicación integral” equivalentes al 30% del sueldo básico (Artículo 12), hasta un tope salarial del 75% del sueldo del Secretario Ejecutivo (Artículo 11) que, lejos de ser una limitación, parece más bien una formalidad para justificar sueldos elevados.
Además, se incluye el pago de un “sueldo anual complementario” (Artículo 14), beneficios médicos por hasta 1 BPC mensual (Artículo 13), y un régimen de compensaciones para los funcionarios en comisión que provienen de otras reparticiones públicas (Artículo 25). Y como si esto fuera poco, se habilita a la Mesa del Congreso a transformar, suprimir o crear programas y unidades sin mayores controles (Artículo 26).
¿Concursos? Sí, pero recién en tres años (Artículo 22.4). ¿Pases en comisión? Prohibidos, salvo que se trate de excepciones habilitadas por acto administrativo (Artículo 10 y 25). ¿Cargos políticos y de confianza? Se mantienen hasta el final del período de gobierno, salvo que se los remueva (Artículo 20). Todo diseñado con una lógica corporativa que recuerda más a un feudo que a un organismo público de coordinación interinstitucional.
El Congreso de Intendentes participa de organismos como la Junta Nacional de Seguridad Vial, y tiene contacto directo con el Poder Ejecutivo. Pero su accionar concreto, más allá de las declaraciones formales, se diluye en una maraña burocrática difícil de fiscalizar. ¿Mejoró el transporte interdepartamental? ¿Se logró una coordinación efectiva de las políticas ambientales o sociales? ¿Las intendencias trabajan realmente de forma articulada? Las evidencias escasean.
La realidad es que el Congreso funciona como una especie de “parlamento de intendentes” que sesiona en plenario, viaja, acuerda —y a veces simplemente levanta la mano— mientras buena parte del país padece la ineficiencia crónica de sus gobiernos locales. Es una institución pensada para los intendentes y para quienes orbitan a su alrededor, pero alejada de los intereses concretos de los ciudadanos.