DE LA CONSERVACIÓN MARÍTIMA A LA POLÉMICA: PILAR LACALLE POU Y EL LADO OSCURO DE URUMEPA

Crónicas del Este 22/11/2024 Política

Sergio Secinaro

La Asociación Civil URUMEPA, una Organización No Gubernamental Ambientalista (O.N.G.A.) de Uruguay, se presenta como un actor clave en la protección del medio ambiente acuático. Sin fines de lucro, esta organización tiene como presidenta a la Dra. Pilar Lacalle Pou, hermana del actual Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Entre sus objetivos más destacados se encuentran la promoción de la conciencia marítima y la importancia del desarrollo sostenible en actividades relacionadas con el mar. Sobre el papel, sus ideales son encomiables y dignos de reconocimiento.
Sin embargo, una llamada desde Argentina que recibió Crónicas del Este, encendió alarmas y abrió interrogantes sobre los patrocinadores que sustentan financieramente a esta ONG. Según revelaron las fuentes extranjeras y se puede comprobar en su página Web, entre los principales contribuyentes de URUMEPA se encuentra nada menos que CHR Group, un conglomerado empresarial con una larga y controvertida historia en el sector marítimo.
CHR Group, anteriormente conocido como Christophersen, se describe en su sitio web como algo más que una simple agencia marítima, destacando su evolución hacia soluciones logísticas y comerciales orientadas al mercado internacional. Sin embargo, esta "evolución" también está marcada por un historial de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, involucrando embarcaciones operadas bajo su representación en Uruguay y otros países.
La relación entre CHR Group y la familia Lacalle Pou no se limita al apoyo a URUMEPA. En 2019, Christophersen donó un millón de dólares a la campaña presidencial de Luis Lacalle Pou, una cifra significativa que, según observadores, habría facilitado ciertos cambios en materia portuaria. En efecto, con la asunción de Lacalle Pou como presidente, las políticas portuarias de Uruguay experimentaron cambios notables en comparación con las administraciones de José Mujica y Tabaré Vázquez. Estas modificaciones permitieron la entrada y operación de empresas que anteriormente habían sido excluidas debido a reiterados incumplimientos legales. Aunque se presentaron como medidas para incentivar la competitividad y atraer inversión extranjera, estas decisiones han beneficiado, casualmente, a grupos empresariales como CHR Group, cuyos intereses se entrelazan con donaciones políticas y conexiones familiares.
UN IMPERIO MARÍTIMO Y SUS TENTÁCULOS
En tanto, en la publicación argentina “Agenda Malvinas”, se señala que en materia portuaria en Uruguay para favorecer a capitales extranjeros y sus negocios, la publicación refiere a dos Resoluciones, una fechada el 10 de septiembre de 2021 que le otorgó a la Corporación Navíos S.A. la concesión hasta el 2046 de una porción de la Zona Franca del Puerto de Nueva Palmira, con el objetivo que allí puedan operar un nuevo muelle de barcazas para el transporte de minerales sólidos, y la del 22 de septiembre (también de 2021) que habilitó a la empresa Fewell S.A., para la prestación de servicios portuarios, en el Grupo “Al Buque”, en la categoría “Reparaciones Navales”, en los Puertos de Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos (…) El informe manifiesta tener documentado que la Corporación Navíos S.A. es “controlada por una sociedad radicada en la guarida fiscal de las Islas Marshall”, y que a su vez “está asociada a Edolmix S.A. para operar una terminal de hidrocarburos en la Zona Franca de Nueva Palmira”. Afirma, además; que Edolmix y Fewell S.A. “pertenecen al denominado Christophersen Group Marine Organization S.A., un operador del mercado de la logística y las cargas internacionales aéreas, marítimas, fluviales y terrestres”; y que todos ellos tienen un mismo domicilio en Rincón 550 de la ciudad de Montevideo. CHR también participa en la gestión del mayor complejo ferroviario de Uruguay, a cargo del transporte de pulpa de celulosa desde la planta de UPM2 al Puerto de Montevideo, una concesión que comparte con Cointer y Deutsche Bahn (del Estado alemán) por un período de 22 años y con un costo superior a mil millones de dólares. El CEO y socio de Christophersen, Guillermo Jacob, es conocido como “el rey del calamar” por su protagonismo en la pesca en Argentina y su influencia en la política local, habiendo financiado la campaña del candidato a intendente de Mar del Plata, Fernando Gutiérrez, en los años 90. Según investigación del periodista argentino Mario Bermúdez, el grupo Christophersen genera una facturación anual de aproximadamente 205 millones de dólares y opera a través de 16 empresas, entre las que se incluyen Planir, Rioestiba, Transgranel, Nimecar, SHH y las mencionadas Edolmix y Fellow S.A. Estas empresas emplean a unas 400 personas distribuidas en diversas localidades, como Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos, La Paloma, Asunción del Paraguay y Rosario. No obstante, los verdaderos dueños del grupo no residen en Uruguay, sino en Londres. El 51% del capital accionario de Christophersen pertenece a Laskaridis Shipping Co. Ltd., una corporación fundada en 1977 en Atenas por los hermanos Panos y Thanasis Laskaridis. A través de sus filiales Lavinia Corp. Ltd., Baltmed Reefer Service Ltd. y Alison Management Corp., estas dos últimas con sede en Londres, este gigante naviero griego controla una flota de 83 barcos que navegan constantemente por mares y océanos de todo el mundo, con una capacidad total de 4,9 millones de toneladas. Para dimensionar la magnitud de este negocio, solo Lavinia Corp., propiedad de los hermanos Laskaridis, cuenta con más de 40 cargueros, cuyo valor combinado supera los 1.000 millones de dólares.
LA CONTRADICCIÓN: DEPREDACIÓN MARINA Y FINANCIAMIENTO
Resulta contradictorio que Christophersen (CHR Group), la empresa que auspicia una fundación que promueve la protección del océano, acumule denuncias internacionales por representar a pesqueros acusados de depredar los mares y de utilizar mano de obra esclava.
Según Milko Schvartzman, integrante de Círculo de Políticas Ambientales, el Puerto de Montevideo ha sido durante al menos dos décadas la base de operaciones de flotas de pesca no regulada de aguas distantes (Distant Water Fishing, DWF). Estas embarcaciones, provenientes de países como China, Corea del Sur, Taiwán y España, así como de naciones con Banderas de Conveniencia (FOC) como Belice, Vanuatu y Panamá, encuentran en Montevideo un puerto estratégico gracias al régimen de puerto libre que exime de impuestos a las flotas extranjeras, junto con la falta de controles sanitarios, ambientales y de seguridad.
El apoyo logístico y la representación legal de estas flotas recaen en agentes marítimos, entre los que destaca Christophersen. Casos documentados incluyen representaciones de embarcaciones implicadas en pesca no autorizada, muertes a bordo y abuso laboral. Ejemplos emblemáticos son el Lu Qing Yuan Yu 765, cuyo SOS fue hallado en una playa de Maldonado, y el Jia De 1, cuyos tripulantes africanos denunciaron condiciones inhumanas. CHR Group también figura como distribuidor oficial de ANCAP para abastecer con combustible a estas flotas.
VICEPRESIDENTE CONTROVERTIDO
No solo el financiamiento de CHR Group genera polémica en torno a URUMEPA. El Capitán de Navío retirado Pablo Quezada es el Vicepresidente de dicha fundación.
El periodista especializado en temas relativos a defensa, Javier Bonilla, publicó el 10 de febrero de 2022, un artículo donde se revelaban sobre las graves acusaciones contra el Capitán Pablo Quezada, exdirector de la Escuela Naval. Según Bonilla, el denominado Tribunal de Ética de la Armada fue convocado para analizar denuncias de acoso laboral y personal hacia una docente subordinada de Quezada, quien además era esposa de un conocido oficial que presentó la denuncia formal. A estas acusaciones se sumaron señalamientos de hostigamiento religioso hacia un cadete a punto de egresar, quien decidió abandonar sus estudios antes de graduarse.
Estas situaciones. Según Bonilla, habrían provocaron un cambio en la dirección de la Escuela Naval, dejando expuestas las tensiones internas en la Armada. Bonilla también agregó que el oficial denunciante afirmó, con respaldo de testigos, haber recibido presiones y amenazas directas del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Wilson, y su círculo cercano, para que desistiera de sus reclamos. Estas presiones fueron registradas en actas oficiales y llevaron al Tribunal de Ética a recomendar una sanción severa y ejemplarizante para Quezada, cuya ejecución quedó pendiente de homologación por parte del Ministro de Defensa Javier García y el Presidente de la República Luis Lacalle Pou. El caso habría tomado un giro más polémico según Bonilla, cuando se reveló que, días antes de la sesión del Tribunal, las autoridades navales habían propuesto a Quezada y al jefe del Gabinete del Comandante en Jefe, Capitán de Navío Grolero, para ocupar agregadurías estratégicas en Estados Unidos y el Reino Unido. Según Bonilla, esta maniobra fue interpretada como un intento de blindar a los implicados frente a posibles consecuencias disciplinarias, así como una estrategia para influir en el veredicto del Tribunal, generando serias dudas sobre la transparencia en la gestión de este caso.
UNA CONTRADICCIÓN INSOSTENIBLE
"Es muy fuerte. La empresa que representa a los pesqueros que depredan el océano y usan mano de obra esclava, denunciada internacionalmente, financia una ONG para la conservación marina presidida por la hermana del presidente. Es un conflicto de intereses obsceno", afirmó una fuente consultada por Crónicas del Este.
El entramado de conexiones entre CHR Group, el gobierno uruguayo y URUMEPA levanta graves suspicacias sobre los verdaderos intereses detrás de esta aparente labor ambientalista.
ACLARACIÓN DE PILAR LACALLE POU
Al cierre de la edición, Crónicas del Este se comunicó con Pilar Lacalle Pou, sobre este tema, la cual amablemente dijo que tenía entendido que la empresa Christophersen no representa a ningún armador chino y que esas preguntas deberíamos hacérselas a la propia empresa en cuestión.
“Urumepa convoca a empresas con responsabilidad ambiental y eso es nuestro objetivo: El cuidado del medio ambiente marino”.
Nos claró también que su sueldo de lo paga el grupo Tsakos donde trabaja desde 2011.