GONZALO GÓMEZ DEBERÁ DEVOLVER EL DINERO PAGADO A PABLO LEIVA, QUIEN COBRÓ DURANTE MESES SIN TENER TAREAS ASIGNADAS

Crónicas del Este 05/10/2026 Política

El Directorio del Partido Nacional suspendió por dos años al edil de Montevideo y le pidió que se aparte de su banca. La decisión se tomó luego de que reconociera que su asesor Pablo Leiva percibía $52.000 mensuales pese a no realizar las funciones para las que había sido contratado.
El caso del edil nacionalista Gonzalo Gómez tuvo este lunes un nuevo y contundente capítulo. El Directorio del Partido Nacional resolvió suspenderlo durante dos años de sus derechos y obligaciones partidarias y planteó que durante ese período se aparte de su banca en la Junta Departamental de Montevideo.
Pero la medida no quedó solamente en una sanción política. Gómez también deberá reintegrar a la Junta Departamental el dinero destinado al pago de los haberes de Pablo Leiva durante el período en que no realizó las tareas para las que había sido contratado.
La decisión fue adoptada luego de analizar el informe de la Comisión de Ética del Partido Nacional, que examinó la actuación del edil a partir de la situación generada por la contratación de Leiva, posteriormente condenado en el marco de la Operación Trazador, una investigación vinculada a una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
El episodio adquirió especial repercusión cuando Gómez reconoció públicamente que Leiva tenía un contrato como asesor y percibía aproximadamente $52.000 nominales por mes, pero que durante varios meses no había desarrollado las tareas previstas.
De acuerdo con las explicaciones brindadas por el propio edil, Leiva había sido contratado en diciembre de 2025 y, pese a continuar cobrando su remuneración, no concurrió a la Junta ni desarrolló efectivamente las funciones que inicialmente se habían pensado para él.
Gómez explicó que pretendía que su asesor colaborara en el contacto con ciudadanos y en la recepción de planteos de distintos barrios, pero que finalmente esa tarea no se concretó. El edil reconoció entonces que había cometido un error al mantener el vínculo contractual sin asignarle funciones concretas.
El problema adquirió otra dimensión cuando la Justicia condenó a Pablo Leiva por delitos relacionados con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y tráfico interno de municiones, dentro de la investigación denominada Operación Trazador.
El operativo policial permitió incautar importantes cantidades de droga, además de dinero, armas y municiones. La investigación puso al descubierto una estructura que operaba en Montevideo y terminó colocando bajo la lupa la relación laboral que Leiva mantenía con el edil nacionalista.
Gómez sostuvo que desconocía completamente las actividades ilícitas de su asesor y que había llegado a contratarlo a partir de la recomendación de su hijo, Lucio Leiva, con quien mantenía una relación de confianza. También afirmó que no tenía conocimiento de ninguna actividad vinculada al narcotráfico.
Sin embargo, la situación generó una segunda interrogante, independiente de la actividad delictiva por la que fue condenado Leiva: ¿por qué una persona podía recibir durante meses dinero proveniente de recursos públicos sin cumplir las funciones para las que había sido contratada?
Ese aspecto terminó adquiriendo un peso central en la evaluación realizada por la estructura partidaria.
El Partido Nacional entendió que la utilización de recursos públicos para remunerar a una persona que no estaba cumpliendo tareas constituía una situación que debía tener consecuencias políticas y éticas. Por esa razón, además de la suspensión, quedó establecido el compromiso de devolver a la Junta Departamental las sumas correspondientes a los trabajos que no fueron realizados.
La decisión partidaria también plantea una cuestión institucional. La suspensión política no significa automáticamente la pérdida de la banca, ya que el cargo de edil corresponde al representante electo. Por ese motivo, el pedido para que Gómez se aparte de la Junta deberá concretarse mediante una decisión del propio edil.
El caso, además, había provocado fuertes repercusiones dentro del Partido Nacional y cuestionamientos de dirigentes que entendían que la situación debía tener una respuesta política.
Ahora, con la resolución del Directorio, el episodio entra en una nueva etapa. Gómez deberá afrontar la devolución de los recursos públicos utilizados para pagar a Leiva durante el período cuestionado y definir qué hará con su banca en la Junta Departamental.
El caso deja planteada una discusión que seguramente continuará: qué controles existen sobre los asesores contratados por los legisladores departamentales y quién debe responder cuando dinero público es destinado a remunerar funciones que, en los hechos, no fueron realizadas.
Para Gonzalo Gómez, aquella contratación que comenzó como una decisión basada en la confianza terminó convirtiéndose en una crisis política que ahora le cuesta dos años de suspensión partidaria y la obligación de devolver dinero a la Junta Departamental.