EL BCU LE PONE FRENO A CASH: PROHÍBEN DESCONTAR CUOTAS DIRECTAMENTE DEL SUELDO

Crónicas del Este 06/07/2025 Política

Durante años, las oficinas de la financiera Cash fueron sinónimo de solución rápida. Publicidad amable, tramitación express y la promesa de dinero fácil para resolver urgencias. Pero detrás del vidrio polarizado de sus sucursales y la estética de “servicio al cliente”, se escondía una maquinaria diseñada para exprimir hasta la última gota de los bolsillos más vulnerables del Uruguay. Hoy, esa estructura comienza a tambalear, luego de que el Banco Central del Uruguay (BCU) emitiera una contundente resolución que pone en evidencia las irregularidades de la empresa.
Una bomba de tiempo
Crónicas del Este viene recogiendo testimonios desde hace meses. En diciembre de 2024, publicamos el caso de una mujer cuyo drama con la financiera se volvió viral. La deuda que en origen rondaba los $300.000 pesos creció sin control, impulsada por intereses astronómicos, cláusulas confusas y descuentos automáticos que vaciaban su cuenta bancaria sin previo aviso. En una llamada desgarradora, mientras su representante legal intentaba negociar con Cash para congelar la deuda, la cuenta de la mujer fue debitada en $100.000 pesos más, como si el sistema financiero jugara una partida de ajedrez con trampas escondidas.
La financiera no ofrecía salidas. Cada intento de solución terminaba en nuevas amenazas, nuevos descuentos, nuevas sumas que no cuadraban con ningún estado de cuenta real. Todo esto amparado en la legalidad contractual, en cláusulas redactadas para beneficiar exclusivamente a una de las partes.
El caso de Avelina: salud, deuda y desesperación
Uno de los testimonios más desgarradores es el de Avelina Silva, empleada municipal de San José. Un accidente le cambió la vida. La dejó con secuelas que la obligaron a pedir un préstamo para pagar estudios médicos. Lo que siguió fue una pesadilla administrativa y financiera. Avelina no solo recibió llamadas incesantes y amenazas por parte de estudios jurídicos vinculados a Cash, sino que vio cómo su deuda mutaba de $380.000 a $156.000 en cuestión de días, sin que nadie pudiera explicarle cómo se componían esas cifras.
“Estoy medicada por depresión”, dijo entre lágrimas. “Siempre fui una buena clienta. Jamás imaginé que pedir un préstamo por salud me llevaría a no querer levantarme de la cama”. Avelina, que cría sola a su hijo de 16 años, no puede pagar un psicólogo, y mientras intenta recuperarse físicamente, enfrenta también el colapso emocional que la financiera ha contribuido a provocar.
Una estructura pensada para la asfixia
La lógica de Cash se repite en todos los testimonios: contratos opacos, intereses que se multiplican incluso después de años de pagos, descuentos automáticos de cuentas bancarias, hostigamiento telefónico y cero disposición al diálogo. Los estudios jurídicos que compran las deudas actúan como perros de presa: llaman, amenazan, negocian sin ceder, exigen montos que nadie puede verificar. El Estado parece estar ausente. Las denuncias en Defensa del Consumidor son apenas un llamado de atención sin consecuencias reales.
“Es un robo institucionalizado”, denunció una abogada que representa a varias víctimas. “El sistema permite que la deuda nunca se termine. Mientras tanto, los sueldos, aguinaldos y hasta los beneficios sociales desaparecen”.
La advertencia del BCU: la legalidad al borde del abismo
En este contexto, la resolución publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU) en mayo de 2025 marca un punto de inflexión. El organismo de contralor, tras una investigación de varios meses, determinó que la financiera Cash incurrió en diversas infracciones a la normativa vigente en materia de protección al consumidor financiero, prácticas de cobranza y transparencia.
Según el documento, Cash violó el artículo 20 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, que obliga a las instituciones a proporcionar información clara, precisa y completa a sus clientes. Además, el BCU cuestionó los métodos de cobranza aplicados, especialmente los descuentos automáticos sin consentimiento explícito y las prácticas agresivas de recuperación de créditos, muchas veces delegadas a estudios jurídicos sin supervisión ni control.
Entre otras sanciones, la resolución establece:
• La aplicación de multas económicas por incumplimientos reiterados.
• La prohibición temporal de otorgar nuevos créditos mientras no se ajusten a las normas del BCU.
• La obligación de revisar todos los contratos vigentes, garantizando el respeto a los derechos de los consumidores.
• La revisión de los acuerdos con estudios jurídicos, los cuales deberán ceñirse a las buenas prácticas establecidas en la normativa financiera.
Esta medida representa un golpe simbólico y práctico para la financiera. Aunque no implica su cierre, sí obliga a reformular todo su sistema de préstamos y cobranzas, y a rendir cuentas ante las autoridades por años de abusos encubiertos bajo apariencia de legalidad.
¿Y ahora qué?
Las víctimas, sin embargo, no tienen tiempo para esperar reformas administrativas. Necesitan respuestas hoy. Desde el consultorio jurídico que representa a varias afectadas, piden la suspensión inmediata de los descuentos hasta que se revisen los contratos, y exigen que el Estado intervenga de forma más firme. “El BCU actuó, sí, pero esto es solo el comienzo. Lo que esta resolución muestra es que nuestras denuncias eran reales. Ahora falta que la Justicia penal investigue si además de irregularidades, hubo delitos”.
Mientras tanto, Avelina y tantas otras siguen atrapadas en una telaraña legal que amenaza su sustento, su salud y su estabilidad emocional. Son historias de necesidad convertidas en tragedias por un sistema que no protegió al más débil.
Una llamada a la acción
Este caso no es una excepción: es la norma en un mercado de créditos que ha crecido de manera desregulada, amparado en la desesperación de miles de uruguayos. El Estado debe avanzar con una ley de regulación integral de las financieras, establecer topes a los intereses y mecanismos de revisión judicial rápida para contratos abusivos. De lo contrario, la sentencia del BCU será apenas un parche en un sistema roto.
Desde Crónicas del Este seguiremos investigando. Porque cada deuda impagable esconde una historia de dolor, y cada interés abusivo, una injusticia que alguien debe denunciar.
¿Quién protege a los pobres cuando la ley se queda corta?
La respuesta no puede ser el silencio.
La respuesta debe ser justicia.