POLICIALES HISTÓRICOS: EL CASO DE NATALIA MARTÍNEZ Y UNA TRAGEDIA DOBLE…

Crónicas del Este 08/03/2026 Política

El verano de 2007 en la costa de Maldonado parecía transcurrir con la rutina habitual de cada temporada alta: boliches repletos, madrugadas extendidas y ese clima de despreocupación que suele contrastar con la vigilancia discreta de la Policía. Años después, cuando repaso expedientes históricos para Crónicas del Este, siempre vuelvo a aquella madrugada del 19 de enero. No porque yo haya estado en la línea directa de investigación, sino porque un viejo camarada de la fuerza, destinado entonces en Maldonado, me fue relatando con el tiempo detalles técnicos y humanos que no siempre quedaron reflejados en los titulares. La joven era Natalia Valeria Martínez Bengoa, 19 años, veraneando con su familia en Piriápolis. Esa noche había concurrido con amigas al boliche La Rinconada, sobre la Rambla de los Ingleses, en Punta Fría. Según las declaraciones recogidas después, al retirarse del local se separó apenas unos minutos del grupo. Mi amigo, que trabajaba en tareas de apoyo investigativo, me explicó algo que todo policía aprende con los años: los grandes crímenes suelen consumarse en ventanas de tiempo diminutas, en segundos donde la víctima queda sola y el agresor detecta vulnerabilidad. La denuncia de desaparición se radicó horas más tarde. En los primeros días aparecieron efectos personales de la joven en las inmediaciones. Desde la óptica criminalística, la aparición dispersa de pertenencias no es un detalle menor. Puede indicar desplazamiento forzado, manipulación posterior o intento de generar una escena equívoca. Sin un punto claro de agresión, la investigación arrancó con una desventaja estructural: no había escena primaria definida. Durante veintitrés días se rastrilló intensamente. Declararon más de doscientas personas. La Jefatura de Maldonado coordinó pericias, inspecciones vehiculares y reconstrucciones horarias. Pero mientras la Policía trabajaba con cautela técnica, la cobertura mediática crecía en tono y especulación. Mi camarada recordaba la presión: llamados constantes, rumores de videntes, pistas anónimas, hipótesis que se lanzaban al aire sin sustento pericial. Cuando un caso no ofrece novedades concretas, el vacío informativo suele llenarse con conjeturas. El 10 de febrero de 2007 apareció el cuerpo en una zona boscosa próxima a Laguna del Sauce, a más de veinte kilómetros del último lugar donde había sido vista. El estado de descomposición, compatible con varias semanas, limitó la determinación precisa de la causa de muerte. Según me contaba mi amigo, el análisis forense debió trabajar con márgenes amplios: la degradación biológica borra rastros, dificulta establecer mecanismos exactos y obliga a reconstruir a partir de indicios indirectos. El hecho de que el cuerpo apareciera lejos del sitio de desaparición reforzaba la hipótesis de traslado, un elemento que en criminología suele apuntar a intervención humana. El país siguió el caso con conmoción. Pero el impacto más profundo fue puertas adentro de la familia. Meses después, el padre de la joven se quitó la vida en Montevideo. La intervención de Policía Técnica descartó participación de terceros. Mi colega siempre mencionaba ese episodio como uno de los más duros emocionalmente vinculados al expediente: la investigación de un homicidio que, indirectamente, terminó arrastrando otra tragedia. La causa avanzó lentamente hasta que, en junio de 2010, tres años y medio después del hecho, Rodrigo Berges Burgos confesó su participación y fue procesado con prisión. En su primera versión sostuvo que la joven había fallecido dentro de su vehículo; luego introdujo variaciones en su relato. Desde la perspectiva técnica, una confesión tardía debe contrastarse con evidencia objetiva: tiempos, desplazamientos, conocimiento de datos reservados. La Justicia de primera instancia dictó una condena de nueve años de penitenciaría, fallo que fue confirmado en segunda instancia y posteriormente quedó firme en la Suprema Corte. En esa etapa procesal, el condenado designó como defensor al reconocido penalista Jorge Barrera, figura de peso en el foro uruguayo, quien junto a otros profesionales interpuso recursos y promovió gestiones que formaron parte del itinerario judicial del caso. Años más tarde, cumplidos los dos tercios de la pena y con informes favorables de conducta carcelaria, se le concedió la libertad anticipada conforme a la normativa vigente. En paralelo, la familia de Natalia inició acciones civiles por daños y perjuicios, que culminaron en un acuerdo indemnizatorio. Con ello, el expediente quedó formalmente cerrado en los estrados. Cuando converso con aquel amigo —ya retirado— y repasamos el caso, siempre coincide en lo mismo: fue una investigación condicionada por la falta de una escena primaria clara y por el deterioro inevitable de la prueba biológica. También fue un ejemplo de cómo la presión pública puede convivir, no siempre en armonía, con los tiempos técnicos de la Justicia. Han pasado los años. La Rambla de los Ingleses sigue iluminándose cada verano y el bosque junto a la laguna conserva su quietud. Pero en la memoria de quienes estuvieron destinados en Maldonado en 2007, aquella madrugada no fue una más. Fue el inicio de un expediente que marcó a una generación de policías y que todavía hoy se analiza como uno de los capítulos más resonantes de la crónica criminal uruguaya.