HEBER Y SU COMPROMETEDOR MENSAJE EN EL CASO CARRERA: “HEMOS ENCONTRADO UNA PUNTA INTERESANTE EN TU CASO, PERO NO TE PUEDO INFORMAR, ESTÁ EN INVESTIGACIÓN”
Crónicas del Este 20/11/2026 Política
“Hemos encontrado una punta interesante en tu caso, pero no te puedo informar, está en investigación”, le escribió Luis Alberto Heber a Víctor Hernández el 5 de agosto de 2022. El dato adquiere otra dimensión cuando se recuerda que Charles Carrera había encabezado la denuncia contra el entonces ministro por el polémico acuerdo con Katoen Natie para la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. ¿Existió una coordinación entre el Ministerio del Interior y las actuaciones judiciales que terminaron llevando al exsenador frenteamplista ante los tribunales?El exministro sostuvo ante el tribunal que decidió denunciar penalmente a Charles Carrera luego de recibir asesoramiento jurídico por presuntas irregularidades en las prestaciones otorgadas a Víctor Hernández. Sin embargo, la defensa cuestionó que la denuncia se presentara en julio de 2022, cuando la investigación administrativa concluyó recién en 2023. También quedó bajo discusión el significado de aquel mensaje de Heber a Hernández: «Hemos encontrado una punta interesante en tu caso». La declaración de la directora del Departamento de lo Contencioso agregó nuevos elementos y algunas contradicciones sobre cómo se tomó aquella decisión.Hay coincidencias que, cuando se colocan en una misma línea de tiempo, obligan a formular preguntas. Y cuando están involucrados altos jerarcas del Estado, esas preguntas merecen respuestas.En el juicio oral contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera apareció un elemento que adquiere especial relevancia a la luz de las declaraciones realizadas por el exministro del Interior Luis Alberto Heber: una conversación de WhatsApp entre Víctor Hernández, el hombre que quedó parapléjico tras recibir un disparo en La Paloma en 2012, y el entonces secretario de Estado.El 5 de agosto de 2022, Heber le escribió:«Víctor danos un tiempo hemos encontrado una Punta interesante en tu caso, pero no te puedo informar está en investigación».La frase no pasó inadvertida. ¿Qué habían encontrado? ¿Quiénes integraban ese «hemos»? ¿A qué investigación se refería el ministro?La defensa de Carrera exhibió las capturas de aquella conversación, acompañadas de documentación notarial. Ahora, durante la segunda jornada del juicio oral, Heber explicó ante el tribunal qué significaba aquella expresión y cómo se habían desarrollado las actuaciones administrativas y penales.Pero antes hay que recordar un antecedente político que no puede quedar fuera de esta historia.KATOEN NATIE: EL ANTECEDENTE QUE CAMBIA LA LECTURA POLÍTICAEn 2021, Charles Carrera fue uno de los principales cuestionadores del acuerdo entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la multinacional belga Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.El entonces senador encabezó cuestionamientos políticos y participó de la denuncia penal presentada el 29 de setiembre de 2021 contra Luis Alberto Heber, Juan José Olaizola, Rodrigo Ferrés y Juan Curbelo.Carrera había señalado posibles irregularidades en las condiciones de aquella negociación.En noviembre de 2022, el fiscal Gilberto Rodríguez archivó esa investigación al entender que no se habían podido corroborar los extremos denunciados.Es decir, Heber había sido objeto de una denuncia penal impulsada por el legislador frenteamplista que, posteriormente, terminaría enfrentando una causa judicial promovida desde el Ministerio del Interior que el propio Heber conducía.¿Una simple sucesión de acontecimientos o existió alguna relación entre ambos episodios? No corresponde adelantar conclusiones, pero la secuencia merece ser examinada.EL CASO HERNÁNDEZ Y LA DECISIÓN DE DENUNCIAR A CARRERAVíctor Hernández había recibido un disparo en La Paloma en noviembre de 2012 que le provocó una lesión medular irreversible. Durante la gestión de Charles Carrera en el Ministerio del Interior recibió atención médica en el Hospital Policial y asistencia económica mediante tickets de alimentación.Años después, durante la administración de Heber, esas prestaciones comenzaron a ser investigadas.En la audiencia del martes 17 de noviembre, el exministro relató que empezó a interiorizarse del asunto luego de reunirse con Hernández en enero de 2022, durante una recorrida por La Paloma.Según su declaración, primero solicitó información a Sanidad Policial sobre la internación del hombre, que se había prolongado durante aproximadamente tres años y medio.Como la respuesta no aclaraba el origen de los recursos económicos que recibía, Heber dispuso que el Departamento de lo Contencioso profundizara las actuaciones.El exministro sostuvo que aquella dependencia constató los pagos y recomendó ampliar la investigación administrativa y presentar una denuncia penal ante la Fiscalía, al advertir posibles indicios de delito.Heber defendió la legalidad de su actuación y afirmó que Hernández no tenía derecho a recibir asistencia en el Hospital Policial porque no era funcionario policial ni familiar de uno. También sostuvo que no existía una norma que habilitara al Ministerio del Interior a entregarle aproximadamente 20.000 pesos mensuales mediante tickets de alimentación.Sin embargo, uno de los momentos más importantes de la audiencia estuvo relacionado con las fechas.LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿POR QUÉ DENUNCIARON EN 2022 SI LA INVESTIGACIÓN TERMINÓ EN 2023?La defensa de Carrera cuestionó que Heber hubiera presentado la denuncia penal el 13 de julio de 2022, cuando la investigación administrativa concluyó recién en 2023.El exministro respondió que no era necesario esperar a la finalización de todo el procedimiento administrativo si ya existían elementos que podían configurar delitos.Según explicó, las abogadas del Departamento de lo Contencioso habían recomendado actuar en dos direcciones: profundizar las actuaciones administrativas y comunicar simultáneamente los hechos a la Fiscalía.Heber insistió en que siguió el asesoramiento jurídico recibido y que no tenía obligación de aguardar hasta que concluyera la investigación administrativa.La explicación, sin embargo, deja planteada una cuestión relevante: ¿qué información concreta tenía el Ministerio el 13 de julio de 2022 para fundamentar aquella denuncia? ¿Qué elementos estaban efectivamente comprobados y cuáles permanecían bajo investigación?La diferencia entre una irregularidad administrativa y una conducta delictiva no es menor. Precisamente por eso resulta importante conocer qué documentación respaldó la decisión política de acudir a la Justicia.LA «PUNTA INTERESANTE» Y EL MENSAJE DE HEBERLa defensa volvió sobre el mensaje que el entonces ministro había enviado personalmente a Hernández:«Víctor, danos un tiempo. Hemos encontrado una punta interesante en tu caso. Pero no te puedo informar».Heber explicó ante el tribunal que aquella «punta» era precisamente la denuncia penal contra Carrera, que podía permitir establecer responsabilidades sobre las prestaciones que había recibido Hernández.Pero aquí aparece otro interrogante periodístico.¿Cómo podía aquella denuncia ayudar a esclarecer quién había disparado contra Hernández en 2012? ¿O se trataba de una investigación orientada exclusivamente a determinar las responsabilidades administrativas y políticas por la asistencia que había recibido?Ante las preguntas de la defensa, Heber sostuvo que su intención era demostrarle a Hernández que el Ministerio no estaba «encubriendo» irregularidades.La explicación merece atención porque el mensaje no hablaba expresamente de una investigación sobre las prestaciones ni de una denuncia contra el exsenador. Hablaba de una «punta interesante» en el caso de la víctima.¿Era una manera de comunicarle que el Ministerio había encontrado una irregularidad administrativa o estaba anticipándole que se preparaba una denuncia penal contra quien había autorizado aquellas prestaciones?SILVIA CARABAJAL Y UNA DIFERENCIA IMPORTANTE EN LAS EXPLICACIONESTambién declaró como testigo Silvia Carabajal, directora del Departamento de lo Contencioso del Ministerio del Interior.Su intervención agregó nuevos elementos a la discusión.La defensa de Carrera le recordó que había firmado un escrito en el juicio civil iniciado por Hernández en el que se justificaban las prestaciones del Hospital Policial por razones humanitarias, sin advertir entonces las irregularidades que posteriormente fueron cuestionadas.Carabajal reconoció que en aquel momento no había detectado esas presuntas irregularidades. Explicó que la estrategia de defensa había sido elaborada por otros abogados y que es habitual que un funcionario firme escritos preparados por sus compañeros, siguiendo una línea jurídica previamente establecida.Pero hubo otra precisión importante.Carabajal aclaró que su informe de 2022 identificó posibles irregularidades administrativas, aunque no ordenó ni recomendó directamente presentar una denuncia penal. Según explicó, el ministro podía considerar acudir a Fiscalía si entendía que el asunto estaba suficientemente instruido, sin necesidad de esperar a la conclusión definitiva de la investigación administrativa.También señaló que la denuncia se presentó por orden escrita de Heber y que se denunciaron hechos, no personas, porque correspondía a la Fiscalía determinar si existían delitos.Esta aclaración merece especial atención: mientras Heber atribuyó a las abogadas del Departamento de lo Contencioso la recomendación de denunciar penalmente, Carabajal sostuvo que su informe no contenía una recomendación directa en ese sentido.No necesariamente se trata de versiones incompatibles, pero sí de una diferencia que merece ser aclarada mediante la documentación administrativa.EL HOSPITAL POLICIAL Y LAS AUTORIZACIONES EXCEPCIONALESDurante el interrogatorio también se abordó otro aspecto sensible: las autorizaciones especiales para que personas civiles recibieran atención en el Hospital Policial.Carabajal mencionó cuatro categorías identificadas en un relevamiento administrativo, todas vinculadas de alguna manera con funcionarios policiales.La defensa le preguntó específicamente en cuál de esas categorías podían encuadrarse situaciones como las del exministro Eduardo Bonomi y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.La funcionaria respondió que no lo sabía y aclaró que tampoco podía asegurar que todas las autorizaciones excepcionales existentes se limitaran a esas cuatro categorías, ya que eran las que surgían de la documentación examinada.La cuestión abre otro interrogante: ¿se aplicaron los mismos criterios administrativos a todos los civiles que recibieron prestaciones del Hospital Policial? ¿Se investigaron con idéntico rigor todas las situaciones excepcionales?Si el fundamento de la denuncia contra Carrera fue la existencia de prestaciones supuestamente irregulares, resulta razonable conocer cómo se analizaron los demás casos.DOS CONFLICTOS, UN MISMO PROTAGONISTAHay una secuencia que no debería perderse de vista.En 2021, Charles Carrera cuestionaba a Luis Alberto Heber por el acuerdo con Katoen Natie y participaba en una denuncia penal contra el entonces ministro.En 2022, el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Heber, impulsaba actuaciones administrativas y una denuncia penal vinculada con las prestaciones que Carrera había autorizado para Víctor Hernández.En agosto de ese mismo año, Heber le comunicaba personalmente a Hernández que habían encontrado una «punta interesante» en su caso.Ahora, durante el juicio oral, el exministro explicó que aquella punta estaba relacionada con la denuncia penal contra Carrera. También defendió que actuó sobre la base de asesoramiento jurídico, mientras que la directora del Departamento de lo Contencioso precisó que su informe no recomendó directamente presentar esa denuncia.No estamos afirmando que una denuncia haya sido consecuencia de la otra, ni que haya existido una persecución política. Eso debe probarse y no puede darse por sentado.Pero hay preguntas que siguen pendientes:• ¿Quién tomó efectivamente la decisión de presentar la denuncia penal y sobre qué documentación concreta?• ¿Qué información tenía Heber cuando le escribió a Hernández que habían encontrado una «punta interesante»?• ¿Por qué la denuncia se presentó antes de que concluyera la investigación administrativa?• ¿Qué alcance tuvo la intervención personal del entonces ministro?• ¿Se aplicaron los mismos criterios de investigación a otras prestaciones excepcionales del Hospital Policial?Víctor Hernández fue víctima de un disparo que cambió su vida. Su situación merece respeto y atención, independientemente de las disputas partidarias.Pero el sufrimiento de una víctima tampoco puede convertirse en una razón para evitar que se examinen las decisiones de quienes ocuparon los más altos cargos del Estado.La Justicia deberá determinar las responsabilidades de Charles Carrera por los hechos que se le atribuyen. La sociedad también tiene derecho a conocer cómo actuaron las autoridades políticas que impulsaron las investigaciones.Los mensajes están documentados. Las declaraciones de Heber y Carabajal también. Lo que todavía debe esclarecerse es si todas las decisiones respondieron exclusivamente a procedimientos administrativos ordinarios o si existió alguna intervención política que excedió esas funciones.
“Hemos encontrado una punta interesante en tu caso, pero no te puedo informar, está en investigación”, le escribió Luis Alberto Heber a Víctor Hernández el 5 de agosto de 2022. El dato adquiere otra dimensión cuando se recuerda que Charles Carrera había encabezado la denuncia contra el entonces ministro por el polémico acuerdo con Katoen Natie para la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. ¿Existió una coordinación entre el Ministerio del Interior y las actuaciones judiciales que terminaron llevando al exsenador frenteamplista ante los tribunales?El exministro sostuvo ante el tribunal que decidió denunciar penalmente a Charles Carrera luego de recibir asesoramiento jurídico por presuntas irregularidades en las prestaciones otorgadas a Víctor Hernández. Sin embargo, la defensa cuestionó que la denuncia se presentara en julio de 2022, cuando la investigación administrativa concluyó recién en 2023. También quedó bajo discusión el significado de aquel mensaje de Heber a Hernández: «Hemos encontrado una punta interesante en tu caso». La declaración de la directora del Departamento de lo Contencioso agregó nuevos elementos y algunas contradicciones sobre cómo se tomó aquella decisión.Hay coincidencias que, cuando se colocan en una misma línea de tiempo, obligan a formular preguntas. Y cuando están involucrados altos jerarcas del Estado, esas preguntas merecen respuestas.En el juicio oral contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera apareció un elemento que adquiere especial relevancia a la luz de las declaraciones realizadas por el exministro del Interior Luis Alberto Heber: una conversación de WhatsApp entre Víctor Hernández, el hombre que quedó parapléjico tras recibir un disparo en La Paloma en 2012, y el entonces secretario de Estado.El 5 de agosto de 2022, Heber le escribió:«Víctor danos un tiempo hemos encontrado una Punta interesante en tu caso, pero no te puedo informar está en investigación».La frase no pasó inadvertida. ¿Qué habían encontrado? ¿Quiénes integraban ese «hemos»? ¿A qué investigación se refería el ministro?La defensa de Carrera exhibió las capturas de aquella conversación, acompañadas de documentación notarial. Ahora, durante la segunda jornada del juicio oral, Heber explicó ante el tribunal qué significaba aquella expresión y cómo se habían desarrollado las actuaciones administrativas y penales.Pero antes hay que recordar un antecedente político que no puede quedar fuera de esta historia.KATOEN NATIE: EL ANTECEDENTE QUE CAMBIA LA LECTURA POLÍTICAEn 2021, Charles Carrera fue uno de los principales cuestionadores del acuerdo entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la multinacional belga Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.El entonces senador encabezó cuestionamientos políticos y participó de la denuncia penal presentada el 29 de setiembre de 2021 contra Luis Alberto Heber, Juan José Olaizola, Rodrigo Ferrés y Juan Curbelo.Carrera había señalado posibles irregularidades en las condiciones de aquella negociación.En noviembre de 2022, el fiscal Gilberto Rodríguez archivó esa investigación al entender que no se habían podido corroborar los extremos denunciados.Es decir, Heber había sido objeto de una denuncia penal impulsada por el legislador frenteamplista que, posteriormente, terminaría enfrentando una causa judicial promovida desde el Ministerio del Interior que el propio Heber conducía.¿Una simple sucesión de acontecimientos o existió alguna relación entre ambos episodios? No corresponde adelantar conclusiones, pero la secuencia merece ser examinada.EL CASO HERNÁNDEZ Y LA DECISIÓN DE DENUNCIAR A CARRERAVíctor Hernández había recibido un disparo en La Paloma en noviembre de 2012 que le provocó una lesión medular irreversible. Durante la gestión de Charles Carrera en el Ministerio del Interior recibió atención médica en el Hospital Policial y asistencia económica mediante tickets de alimentación.Años después, durante la administración de Heber, esas prestaciones comenzaron a ser investigadas.En la audiencia del martes 17 de noviembre, el exministro relató que empezó a interiorizarse del asunto luego de reunirse con Hernández en enero de 2022, durante una recorrida por La Paloma.Según su declaración, primero solicitó información a Sanidad Policial sobre la internación del hombre, que se había prolongado durante aproximadamente tres años y medio.Como la respuesta no aclaraba el origen de los recursos económicos que recibía, Heber dispuso que el Departamento de lo Contencioso profundizara las actuaciones.El exministro sostuvo que aquella dependencia constató los pagos y recomendó ampliar la investigación administrativa y presentar una denuncia penal ante la Fiscalía, al advertir posibles indicios de delito.Heber defendió la legalidad de su actuación y afirmó que Hernández no tenía derecho a recibir asistencia en el Hospital Policial porque no era funcionario policial ni familiar de uno. También sostuvo que no existía una norma que habilitara al Ministerio del Interior a entregarle aproximadamente 20.000 pesos mensuales mediante tickets de alimentación.Sin embargo, uno de los momentos más importantes de la audiencia estuvo relacionado con las fechas.LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿POR QUÉ DENUNCIARON EN 2022 SI LA INVESTIGACIÓN TERMINÓ EN 2023?La defensa de Carrera cuestionó que Heber hubiera presentado la denuncia penal el 13 de julio de 2022, cuando la investigación administrativa concluyó recién en 2023.El exministro respondió que no era necesario esperar a la finalización de todo el procedimiento administrativo si ya existían elementos que podían configurar delitos.Según explicó, las abogadas del Departamento de lo Contencioso habían recomendado actuar en dos direcciones: profundizar las actuaciones administrativas y comunicar simultáneamente los hechos a la Fiscalía.Heber insistió en que siguió el asesoramiento jurídico recibido y que no tenía obligación de aguardar hasta que concluyera la investigación administrativa.La explicación, sin embargo, deja planteada una cuestión relevante: ¿qué información concreta tenía el Ministerio el 13 de julio de 2022 para fundamentar aquella denuncia? ¿Qué elementos estaban efectivamente comprobados y cuáles permanecían bajo investigación?La diferencia entre una irregularidad administrativa y una conducta delictiva no es menor. Precisamente por eso resulta importante conocer qué documentación respaldó la decisión política de acudir a la Justicia.LA «PUNTA INTERESANTE» Y EL MENSAJE DE HEBERLa defensa volvió sobre el mensaje que el entonces ministro había enviado personalmente a Hernández:«Víctor, danos un tiempo. Hemos encontrado una punta interesante en tu caso. Pero no te puedo informar».Heber explicó ante el tribunal que aquella «punta» era precisamente la denuncia penal contra Carrera, que podía permitir establecer responsabilidades sobre las prestaciones que había recibido Hernández.Pero aquí aparece otro interrogante periodístico.¿Cómo podía aquella denuncia ayudar a esclarecer quién había disparado contra Hernández en 2012? ¿O se trataba de una investigación orientada exclusivamente a determinar las responsabilidades administrativas y políticas por la asistencia que había recibido?Ante las preguntas de la defensa, Heber sostuvo que su intención era demostrarle a Hernández que el Ministerio no estaba «encubriendo» irregularidades.La explicación merece atención porque el mensaje no hablaba expresamente de una investigación sobre las prestaciones ni de una denuncia contra el exsenador. Hablaba de una «punta interesante» en el caso de la víctima.¿Era una manera de comunicarle que el Ministerio había encontrado una irregularidad administrativa o estaba anticipándole que se preparaba una denuncia penal contra quien había autorizado aquellas prestaciones?SILVIA CARABAJAL Y UNA DIFERENCIA IMPORTANTE EN LAS EXPLICACIONESTambién declaró como testigo Silvia Carabajal, directora del Departamento de lo Contencioso del Ministerio del Interior.Su intervención agregó nuevos elementos a la discusión.La defensa de Carrera le recordó que había firmado un escrito en el juicio civil iniciado por Hernández en el que se justificaban las prestaciones del Hospital Policial por razones humanitarias, sin advertir entonces las irregularidades que posteriormente fueron cuestionadas.Carabajal reconoció que en aquel momento no había detectado esas presuntas irregularidades. Explicó que la estrategia de defensa había sido elaborada por otros abogados y que es habitual que un funcionario firme escritos preparados por sus compañeros, siguiendo una línea jurídica previamente establecida.Pero hubo otra precisión importante.Carabajal aclaró que su informe de 2022 identificó posibles irregularidades administrativas, aunque no ordenó ni recomendó directamente presentar una denuncia penal. Según explicó, el ministro podía considerar acudir a Fiscalía si entendía que el asunto estaba suficientemente instruido, sin necesidad de esperar a la conclusión definitiva de la investigación administrativa.También señaló que la denuncia se presentó por orden escrita de Heber y que se denunciaron hechos, no personas, porque correspondía a la Fiscalía determinar si existían delitos.Esta aclaración merece especial atención: mientras Heber atribuyó a las abogadas del Departamento de lo Contencioso la recomendación de denunciar penalmente, Carabajal sostuvo que su informe no contenía una recomendación directa en ese sentido.No necesariamente se trata de versiones incompatibles, pero sí de una diferencia que merece ser aclarada mediante la documentación administrativa.EL HOSPITAL POLICIAL Y LAS AUTORIZACIONES EXCEPCIONALESDurante el interrogatorio también se abordó otro aspecto sensible: las autorizaciones especiales para que personas civiles recibieran atención en el Hospital Policial.Carabajal mencionó cuatro categorías identificadas en un relevamiento administrativo, todas vinculadas de alguna manera con funcionarios policiales.La defensa le preguntó específicamente en cuál de esas categorías podían encuadrarse situaciones como las del exministro Eduardo Bonomi y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.La funcionaria respondió que no lo sabía y aclaró que tampoco podía asegurar que todas las autorizaciones excepcionales existentes se limitaran a esas cuatro categorías, ya que eran las que surgían de la documentación examinada.La cuestión abre otro interrogante: ¿se aplicaron los mismos criterios administrativos a todos los civiles que recibieron prestaciones del Hospital Policial? ¿Se investigaron con idéntico rigor todas las situaciones excepcionales?Si el fundamento de la denuncia contra Carrera fue la existencia de prestaciones supuestamente irregulares, resulta razonable conocer cómo se analizaron los demás casos.DOS CONFLICTOS, UN MISMO PROTAGONISTAHay una secuencia que no debería perderse de vista.En 2021, Charles Carrera cuestionaba a Luis Alberto Heber por el acuerdo con Katoen Natie y participaba en una denuncia penal contra el entonces ministro.En 2022, el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Heber, impulsaba actuaciones administrativas y una denuncia penal vinculada con las prestaciones que Carrera había autorizado para Víctor Hernández.En agosto de ese mismo año, Heber le comunicaba personalmente a Hernández que habían encontrado una «punta interesante» en su caso.Ahora, durante el juicio oral, el exministro explicó que aquella punta estaba relacionada con la denuncia penal contra Carrera. También defendió que actuó sobre la base de asesoramiento jurídico, mientras que la directora del Departamento de lo Contencioso precisó que su informe no recomendó directamente presentar esa denuncia.No estamos afirmando que una denuncia haya sido consecuencia de la otra, ni que haya existido una persecución política. Eso debe probarse y no puede darse por sentado.Pero hay preguntas que siguen pendientes:• ¿Quién tomó efectivamente la decisión de presentar la denuncia penal y sobre qué documentación concreta?• ¿Qué información tenía Heber cuando le escribió a Hernández que habían encontrado una «punta interesante»?• ¿Por qué la denuncia se presentó antes de que concluyera la investigación administrativa?• ¿Qué alcance tuvo la intervención personal del entonces ministro?• ¿Se aplicaron los mismos criterios de investigación a otras prestaciones excepcionales del Hospital Policial?Víctor Hernández fue víctima de un disparo que cambió su vida. Su situación merece respeto y atención, independientemente de las disputas partidarias.Pero el sufrimiento de una víctima tampoco puede convertirse en una razón para evitar que se examinen las decisiones de quienes ocuparon los más altos cargos del Estado.La Justicia deberá determinar las responsabilidades de Charles Carrera por los hechos que se le atribuyen. La sociedad también tiene derecho a conocer cómo actuaron las autoridades políticas que impulsaron las investigaciones.Los mensajes están documentados. Las declaraciones de Heber y Carabajal también. Lo que todavía debe esclarecerse es si todas las decisiones respondieron exclusivamente a procedimientos administrativos ordinarios o si existió alguna intervención política que excedió esas funciones.
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