EL PRIVILEGIO DE LAS TARJETAS CORPORATIVAS EN ANTEL: UNA MIRADA CRÍTICA

Crónicas del Este 23/06/2024 Política

Sergio Secinaro

En los últimos años, la utilización de tarjetas corporativas por parte de jerarcas de empresas públicas ha generado un intenso debate en la sociedad uruguaya. Estas tarjetas, que permiten a los altos funcionarios realizar pagos con crédito de la empresa, son vistas por muchos como un privilegio cuestionable. ANTEL, la empresa de telecomunicaciones estatal, no es la excepción a esta polémica.
La información obtenida a través de solicitudes de acceso a la información en fechas 25 de febrero de 2022, 8 de abril de 2022 y 18 de mayo de 2023, revela detalles sobre el uso de estas tarjetas. Según la central de riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU), el RUT de ANTEL no posee tarjetas de crédito con empresas como VERENDY SA (Italmundo) o Passcard. Estos emisores son simplemente medios de pago que los clientes pueden usar para abonar los servicios y facturas de la empresa. Sin embargo, la regulación actual y vigente respecto a gastos y tarjetas corporativas fue aprobada por Resolución del Directorio de ANTEL y está disponible para consulta pública.
La normativa vigente fue implementada debido a la necesidad de reglamentar la utilización de las tarjetas de crédito corporativas. Esta regulación se basa en criterios establecidos por el Tribunal de Cuentas en su Ordenanza N° 90 del 2 de mayo de 2018. La misma exige la creación de un fondo permanente en pesos uruguayos y dólares americanos con el fin exclusivo de imputar los gastos asociados a las tarjetas de crédito corporativas. Este fondo asciende a $1,000,000 (un millón de pesos uruguayos) y U$S 100,000 (cien mil dólares americanos).
La reglamentación también establece que toda compra realizada con estas tarjetas debe ser autorizada por el ordenador del gasto correspondiente, siguiendo procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. El titular de la tarjeta es responsable del proceso de pago y debe rendir cuentas mensualmente, adjuntando el detalle de la imputación de cada gasto, copias del estado de cuenta y comprobantes de cada compra. La entidad emisora de la tarjeta envía al titular el estado de cuenta mensual, quien debe verificar que los importes incluidos corresponden a las autorizaciones realizadas y enviar dicho estado al Área de Administración Financiera para tramitar su pago. Este proceso puede efectuarse por transferencia bancaria o por débito directo a través de las cuentas bancarias destinadas a tales efectos.
La reposición del fondo permanente está a cargo de la División Económico Financiera, que repondrá las cuentas bancarias del fondo por la suma de dinero pagado a las emisoras de las tarjetas de crédito, una vez aprobada la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas incluye el detalle de la imputación de cada gasto, copia del estado de cuenta y los comprobantes de cada compra, acompañados de la autorización del ordenador del gasto. Esta información debe ser enviada al Sector Gestión de Cuentas a Pagar, que tras su intervención la remitirá al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas para su revisión. Luego de la revisión, el Contador Delegado devuelve el legajo al Sector Gestión de Cuentas a Pagar, que continúa el proceso de reposición del fondo permanente.
A pesar de la existencia de una regulación detallada, el uso de tarjetas corporativas sigue siendo objeto de críticas. La percepción pública es que estas facilidades son un privilegio que puede llevar a abusos y mal manejo de los recursos públicos. Las compras que pueden realizarse con estas tarjetas están limitadas a gastos relacionados con la capacitación, información del mercado, inscripciones a seminarios, congresos o cursos de formación, entre otros. Sin embargo, no se permite su uso para gastos personales, lo que intenta evitar posibles malversaciones.
Otro punto de controversia es el manejo de los contratos para la adquisición de bienes y servicios. Estos contratos suelen ser confidenciales, lo que alimenta las sospechas sobre la transparencia y la honestidad en estas transacciones. La falta de acceso a la información completa sobre estos acuerdos genera desconfianza y cuestionamientos sobre la integridad de los procesos de compra. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, es crucial que las reglas sean claras y se apliquen estrictamente. La sociedad uruguaya, cada vez más exigente con la gestión de los recursos públicos, espera que estos mecanismos sean utilizados de manera responsable y que las empresas estatales como ANTEL demuestren un compromiso real con la integridad y la transparencia en todas sus operaciones.
El uso de tarjetas corporativas en ANTEL refleja una práctica común en muchas organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, es crucial que las reglas sean claras y se apliquen estrictamente. La sociedad uruguaya, cada vez más exigente con la gestión de los recursos públicos, espera que estos mecanismos sean utilizados de manera responsable y que las empresas estatales como ANTEL demuestren un compromiso real con la integridad y la transparencia en todas sus operaciones.
El VISTO del reglamento de uso de las tarjetas corporativas resalta la necesidad de reglamentar la utilización de las tarjetas de crédito corporativas de la empresa. El RESULTANDO detalla los avances en las modalidades de pago en línea y por Internet, destacando que muchas veces la tarjeta de crédito es la única forma de pago admitida. El Tribunal de Cuentas, en la Ordenanza N° 90, establece los criterios para la reglamentación de estas tarjetas, incluyendo la creación de un fondo permanente para imputar los gastos asociados a las tarjetas de crédito corporativas. El CONSIDERANDO reafirma la importancia de contar con un reglamento que regule la adjudicación, utilización y procedimiento de rendición de cuentas de las tarjetas de crédito corporativas. La aprobación de este reglamento y su remisión al Tribunal de Cuentas, junto con las modificaciones necesarias, aseguran que los controles correspondientes se efectúen de acuerdo con la normativa vigente.
En conclusión, el uso de tarjetas corporativas en ANTEL está sujeto a una reglamentación estricta que busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la percepción pública sigue siendo crítica, considerando estas facilidades como un privilegio que puede llevar a abusos. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, es crucial que ANTEL y otras empresas estatales demuestren un compromiso real con la integridad y la transparencia en todas sus operaciones, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y eficiente. La implementación de controles rigurosos y la transparencia en la gestión de los recursos públicos son fundamentales para mantener la confianza de la sociedad en las instituciones estatales.