EL TCR OBSERVÓ UNA CONTRATACIÓN DE CASINOS POR MÁS DE $27 MILLONES Y HUBO TRES VOTOS EN DISCORDIA
Crónicas del Este 17/11/2026 Política
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La Dirección General de Casinos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, adjudicó a RUNYMILL S.A. el servicio de limpieza de sus oficinas centrales y su centro logístico en Montevideo. El Tribunal de Cuentas observó el gasto por incumplimientos vinculados al nuevo régimen de compras públicas. Además, advirtió contradicciones en las condiciones de renovación del contrato. Tres integrantes del organismo dejaron constancia de su discrepancia con la observación.Una contratación pública por más de 27 millones de pesos quedó bajo observación del Tribunal de Cuentas. Se trata de la Licitación Pública N.º 2/2026, promovida por la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para contratar el servicio integral de limpieza de sus oficinas centrales, ubicadas en la calle Soriano 802 y 832, y de su Centro Logístico, en General Hornos 5449, ambos en Montevideo.La resolución, adoptada el 5 de agosto de 2026, lleva el expediente 2026-17-1-0003309 y establece la observación del gasto correspondiente a una contratación adjudicada a la empresa RUNYMILL S.A., cuyo costo mensual asciende a $756.400, impuestos incluidos.El monto total previsto alcanza los $27.230.400, contemplando el período contractual y las dos renovaciones anuales consideradas en la adjudicación, además de los ajustes que correspondan.Pero más allá del monto involucrado, la resolución contiene observaciones sobre el procedimiento administrativo y, particularmente, sobre la aplicación de las nuevas disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).
EL NUEVO RÉGIMEN DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL CENTRO DE LA OBSERVACIÓN
El principal fundamento utilizado por la mayoría del Tribunal para observar el gasto fue la falta de acreditación de un requisito incorporado al artículo 33 del TOCAF mediante la Ley 20.446, del 16 de diciembre de 2025.La nueva disposición establece que, antes de iniciar un procedimiento competitivo de contratación, las administraciones públicas deben verificar si el objeto que pretenden adquirir está comprendido en algún Convenio Marco vigente, un Sistema Dinámico de Adquisición o determinados procedimientos especiales que permitan agregar demanda.Si existe alguno de esos mecanismos aplicables, la Administración debe canalizar la compra a través de ellos, salvo que pueda acreditar alguna de las excepciones expresamente previstas por la normativa.En el expediente de Casinos, el Tribunal entendió que no surgía documentación que demostrara que se hubiera realizado esa verificación previa. Tampoco encontró una justificación que permitiera apartarse de la regla general.Por esa razón, la mayoría consideró incumplido el artículo 33 del TOCAF y resolvió observar el gasto.Sin embargo, este criterio no fue compartido por todos los integrantes del organismo.
TRES INTEGRANTES DEL TRIBUNAL VOTARON EN DISCORDIA
La resolución incluye las constancias de discordia de la ministra Flora De Santis y de los ministros Miguel Aumento y Enrique Cabrera.El argumento central de los discrepantes fue que el nuevo requisito del artículo 33 no resultaba aplicable a una contratación de estas características.Miguel Aumento sostuvo que el objeto de la licitación era un servicio integral de limpieza para dos instalaciones específicas de la Dirección General de Casinos y que, por sus particularidades, no podía asimilarse a los instrumentos de contratación mencionados en la nueva normativa.A su entender, las características particulares del servicio no ofrecían suficientes variables para una estandarización adecuada que permitiera incluirlo en un Convenio Marco o en un Sistema Dinámico de Adquisición.Aumento también recordó que el propio Tribunal había resuelto anteriormente, en el expediente 2026-17-1-0001576, correspondiente a una licitación del Ministerio de Desarrollo Social para arrendar un inmueble en Montevideo, que la nueva disposición del artículo 33 no resultaba aplicable a aquel procedimiento.En su fundamentación sostuvo que, si la norma no admite excepciones, tampoco corresponde extender su aplicación a situaciones en las que, por las características del objeto contratado, no resulta posible utilizar esos mecanismos.La ministra Flora De Santis manifestó expresamente que compartía en todos sus términos la discordia presentada por Aumento.Por su parte, el contador Enrique Cabrera también cuestionó el fundamento de la observación. Consideró que la exigencia legal no correspondía para este procedimiento debido a su singularidad y recordó igualmente el antecedente del expediente del MIDES.De esta manera, tres integrantes dejaron documentada su discrepancia con el fundamento que terminó imponiéndose en la resolución.
SIETE EMPRESAS SE PRESENTARON A LA LICITACIÓN
El procedimiento contó inicialmente con siete oferentes: CIMA CLARA S.A., Natalia Yanet Ferreira Suárez, GRUPO ONESTA S.A.S., NIVANI S.A.S., PULSO S.R.L., RUNYMILL S.A. y María Noel Valido González.Durante el análisis de las propuestas surgieron diferentes incumplimientos.Dos oferentes, Ferreira Suárez y Valido González, no incorporaron sus ofertas al Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales (SICE), situación considerada insubsanable por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.CIMA CLARA S.A. no acreditó la visita obligatoria al Centro Logístico, mientras que GRUPO ONESTA S.A.S. no presentó la garantía de mantenimiento de oferta exigida ni cumplió con los requisitos documentales establecidos para acreditar sus antecedentes.Finalmente, las propuestas consideradas válidas fueron las de NIVANI S.A.S., PULSO S.R.L. y RUNYMILL S.A.En la evaluación inicial, RUNYMILL obtuvo 100 puntos, NIVANI 96,96 y PULSO 91,30.Posteriormente, la Administración invitó a RUNYMILL y NIVANI a mejorar sus ofertas. Ambas empresas presentaron nuevas cotizaciones y RUNYMILL mantuvo la posición más conveniente, con una propuesta mensual de $756.400, frente a los $760.670 ofrecidos por NIVANI.La Comisión Asesora recomendó la adjudicación a RUNYMILL, considerando que su propuesta cumplía con las condiciones establecidas y resultaba la más conveniente para los intereses de la Administración.El Director General de Casinos formalizó la adjudicación mediante la Resolución 245/2026, del 8 de junio.
OTRA OBSERVACIÓN: CONTRADICCIONES EN LAS PRÓRROGAS DEL CONTRATO
Aunque el fundamento que determinó la observación del gasto fue el incumplimiento del artículo 33 del TOCAF, el Tribunal también identificó otra inconsistencia que la Administración deberá corregir.La Comisión Asesora había recomendado adjudicar el servicio por un año, con posibilidad de dos prórrogas anuales a opción exclusiva de la Dirección General de Casinos.Sin embargo, al redactarse la resolución de adjudicación apareció una contradicción.Por un lado, se calcularon los montos económicos contemplando el año inicial y dos renovaciones anuales, es decir, un período potencial de tres años.Pero, al establecer las condiciones contractuales, la resolución solamente contempló una prórroga automática anual, salvo que la Administración comunicara su decisión de no renovar.Para el Tribunal, no se trata de una diferencia menor. La cantidad de renovaciones y la forma en que se ejercen determinan directamente el plazo máximo del contrato y el monto total de la contratación.Por eso, exigió adecuar el acto de adjudicación a lo establecido en el numeral 5 del pliego de condiciones.También señaló que, respecto de algunos requisitos formales, como las constancias de visitas obligatorias y las garantías de mantenimiento de oferta, la Administración disponía de información que podía permitir verificar su cumplimiento, aunque no encontró pronunciamientos de las reparticiones competentes sobre esos extremos.
UNA CONTRATACIÓN MILLONARIA BAJO LA LUPA
La resolución del 5 de agosto deja planteadas varias cuestiones sobre la gestión de las compras públicas en la Dirección General de Casinos.Por un lado, una contratación que compromete hasta $27.230.400 quedó observada por la falta de acreditación de una verificación previa exigida por la nueva normativa.Por otro, el propio Tribunal detectó contradicciones en las condiciones de renovación del contrato que deberán ser corregidas por la Administración.El organismo resolvió observar el gasto, tener presentes los restantes señalamientos y devolver las actuaciones.El caso también deja expuesta una diferencia de criterios dentro del propio Tribunal de Cuentas sobre el alcance que debe darse a las nuevas disposiciones del TOCAF y su aplicación a servicios que, por sus características, pueden no ser susceptibles de estandarización.En definitiva, la limpieza de dos dependencias estatales terminó convirtiéndose en un expediente de más de 27 millones de pesos, con una contratación observada, errores en las condiciones de renovación y tres votos en discordia.

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