ESCÁNDALO EN ARTIGAS: ACUSAN A LA ALCALDESA DE BELLA UNIÓN DE BENEFICIAR UN NEGOCIO FAMILIAR

Crónicas del Este 26/06/2026 Política

En Bella Unión, al norte del departamento de Artigas, un nuevo episodio de presuntas irregularidades administrativas vuelve a poner en el centro de la polémica a dirigentes vinculados al sector político que durante años dominó la escena departamental.Según información obtenida por Crónicas del Este, un expediente relacionado con terrenos pertenecientes a la pareja de la actual alcaldesa de Bella Unión, Fabiana García, volvió a ser analizado en la Junta Departamental de Artigas luego de haber generado controversias en administraciones anteriores debido a un evidente conflicto de intereses.El caso tiene su origen en un proyecto que buscaba obtener la aprobación para el fraccionamiento de terrenos privados y su declaración como de interés departamental. Sin embargo, la situación tomó un cariz particularmente delicado cuando quien firmó la aprobación inicial fue el padre de la actual alcaldesa, que en ese momento se desempeñaba como alcalde interino aprovechando la licencia del titular."La intendenta de aquel momento, Lita Volpi, frenó eso porque vio que estaba mal. O sea, el suegro no le puede firmar las cosas al yerno. O sea, un poco de seriedad, ¿no?", relató una fuente de Bella Unión que sigue de cerca el expediente.La situación fue considerada tan problemática que el trámite quedó detenido.
EL EXPEDIENTE QUE NUNCA MURIÓ
Lejos de quedar archivado, el expediente volvió a aparecer en el actual período de la Junta Departamental de Artigas.Lo llamativo es que las observaciones no provinieron únicamente de la oposición. Según la información recabada, incluso el actual presidente de la Junta Departamental, Nelton Barreda, identificado políticamente con el Partido Nacional, pidió expresamente que toda la documentación fuera remitida a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)."Tan evidente era, tan descarada la corrupción y todo mal hecho, que Barreda se pronunció. Dijo que eso él no apoyaba y que pedía que interviniera la JUTEP", afirmó la informante.De acuerdo con los testimonios recogidos, Barreda habría entendido que existían elementos suficientes para que el organismo especializado en transparencia evaluara posibles incompatibilidades y conflictos de intereses.
EL "NEGOCIO FAMILIAR REDONDO"
Las críticas apuntan a que la eventual declaración de interés departamental habría beneficiado directamente un emprendimiento privado vinculado al entorno familiar de la alcaldesa."Era un negocio familiar redondo, pero con la anuencia del Estado y de los recursos departamentales", sostuvo la fuente consultada.El objetivo habría sido facilitar el desarrollo y fraccionamiento de terrenos pertenecientes a la pareja de la actual alcaldesa, generando un beneficio económico privado respaldado por decisiones tomadas desde la propia estructura pública.La situación adquiere especial sensibilidad debido a la participación de integrantes de una misma familia en distintas etapas del trámite: el propietario de los terrenos, la entonces futura alcaldesa y su padre, que ejercía la autoridad municipal cuando se otorgaron los avales cuestionados.
LA POLÉMICA RESPUESTA ANTE LA JUTEP
Uno de los aspectos más llamativos del expediente surge a partir de los requerimientos formulados por la JUTEP.Según la información proporcionada a Crónicas del Este, mientras el padre de la alcaldesa habría reconocido la relación familiar con el propietario de los terrenos, la alcaldesa habría sostenido que no existe tal vínculo porque no está legalmente casada."Él dice: 'Sí, es mi yerno'. Y ella: 'Yo no tengo nada que ver con él porque yo no estoy casada'", relató la informante.La explicación genera controversia porque, según la misma fuente, la alcaldesa y el propietario de los terrenos comparten un hijo y mantienen una relación de hecho."No tiene relación, señora. Tiene un hijo con él. Es de novela lo que está pasando", expresó indignada.
EL FANTASMA DE LA IMPUNIDAD
El episodio revive viejas discusiones sobre la forma de hacer política en Artigas, un departamento que en los últimos años ha estado marcado por múltiples escándalos vinculados a la gestión pública.Las referencias inevitablemente conducen al sector liderado durante años por Pablo Caram y su sobrina Valentina Dos Santos, actualmente una de las figuras de mayor peso dentro de la Intendencia de Artigas. Dos Santos fue condenada por la Justicia en la causa de las horas extras irregulares y posteriormente expulsada del Partido Nacional.Para muchos observadores locales, el caso de Bella Unión refleja una cultura política donde las fronteras entre los intereses públicos y privados parecen difuminarse peligrosamente."Para ellos va y va, al estilo Valentina, como venga, ¿no? Y después vemos", afirmó la fuente.Actualmente, el expediente continúa siendo analizado en las Comisiones de Tierras y Legislación de la Junta Departamental de Artigas, mientras la JUTEP mantiene solicitudes de información y respuestas vinculadas al caso.Lo que comenzó como un trámite para el desarrollo de terrenos privados terminó transformándose en un nuevo foco de controversia sobre transparencia, ética pública y conflictos de intereses en el norte del país.Y mientras los organismos competentes estudian el expediente, una pregunta sigue resonando en Bella Unión: ¿cómo pudo siquiera considerarse normal que un suegro firmara beneficios para el emprendimiento de su propio yerno desde una posición de poder público?