ESCÁNDALO EN EL CASMU: REMUEVEN A RAÚL RODRÍGUEZ Y LO LLEVARÁN A LA FISCALÍA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN
Crónicas del Este 19/11/2026 Política
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La crisis institucional y financiera del CASMU sumó un nuevo y explosivo capítulo. Una asamblea de la mutualista resolvió apartar de la conducción a su expresidente Raúl Rodríguez y a otros tres integrantes de la anterior estructura directiva, además de promover una denuncia penal ante la Fiscalía y una acción civil para intentar recuperar los fondos que, según los informes analizados, podrían haber generado perjuicios económicos a la institución.
La decisión fue adoptada durante una asamblea extraordinaria que se extendió hasta la madrugada de este jueves 19 de noviembre y que terminó con una resolución contundente contra quienes integraron la conducción anterior.
Además de Rodríguez, quien se desempeñaba como prosecretario del Consejo Directivo, fueron removidos el tesorero Juan José Areosa y los suplentes Andrea Zumar y Marcelo Gilard.
Según informó El Observador, la remoción de Rodríguez fue aprobada por 544 votos contra 198. La decisión de llevar los antecedentes a la Fiscalía obtuvo 562 votos favorables frente a 119 negativos, mientras que la acción civil de recupero fue respaldada por 481 votos contra 127.
La asamblea consideró los resultados de una investigación jurídica y de auditorías que analizaron la administración correspondiente al período anterior, particularmente entre 2022 y 2025. Los documentos describen una serie de situaciones que, de confirmarse, podrían configurar responsabilidades de naturaleza civil y penal.
BALANCES BAJO SOSPECHA Y UNA CUENTA QUE GENERÓ FUERTES CUESTIONAMIENTOS
Uno de los aspectos más delicados del informe está relacionado con la elaboración y presentación de los balances contables de la institución.
De acuerdo con la investigación periodística publicada por Búsqueda, los abogados que analizaron la documentación identificaron inconsistencias en la registración de determinadas partidas contables, particularmente por la permanencia de movimientos en una denominada «cuenta puente» que, según el informe, no representaría activos o pasivos reales y vigentes del CASMU.
Esas partidas habrían correspondido a gastos, diferencias de conciliación y ajustes que debieron ser reconocidos en los resultados de los ejercicios en los que se originaron.
La hipótesis planteada es especialmente grave: si esos movimientos hubieran sido correctamente contabilizados, los resultados financieros presentados por la institución podrían haber sido sustancialmente diferentes.
El informe sostiene que el último balance de la administración anterior habría sido aprobado por la asamblea de socios sobre una representación contable que no reflejaba adecuadamente la situación económica real.
La cuestión no es menor, porque esos resultados habrían incidido en el acceso y mantenimiento de mecanismos de asistencia financiera destinados a sostener a la mutualista.
Entre ellos aparece el Fondo de Garantía para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, mediante el cual CASMU dispuso de aproximadamente 2.184 millones de pesos en medio de su crisis de liquidez.
La investigación también señala que la actual administración debió realizar un ajuste contable para corregir las partidas cuestionadas. El saldo deudor identificado en esa operación habría alcanzado los 545.569.480 pesos.
PRÉSTAMOS MILLONARIOS, INTERESES Y DIFERENCIAS QUE DEBERÁ EXPLICAR LA INVESTIGACIÓN
Otro capítulo particularmente sensible está vinculado con las operaciones de financiamiento realizadas durante la anterior conducción.
Según la documentación analizada por los abogados, fueron examinados 57 contratos relacionados con préstamos en pesos. La suma de los capitales establecidos en esos documentos alcanzaría los 5.094 millones de pesos, mientras que los desembolsos identificados en los movimientos bancarios ascenderían a unos 2.412 millones.
La diferencia entre ambas cifras constituye uno de los puntos que deberán ser aclarados.
Los investigadores plantean que, en determinadas operaciones, la mutualista podría haber asumido obligaciones y pagado intereses sobre capitales que no habrían ingresado efectivamente a sus cuentas.
También se analizaron operaciones con importantes costos financieros. Entre los ejemplos mencionados aparecen préstamos por 90 millones y 30 millones de pesos, acordados a fines de mayo de 2025, con devolución prevista apenas cuatro días después y un interés del 4%, equivalente a 4,8 millones de pesos más IVA.
Otro contrato, de agosto de ese mismo año, contemplaba un préstamo de 100 millones de pesos, también por un período de cuatro días, con una tasa del 3,5%, lo que representaba 3,5 millones de pesos más IVA.
Los abogados consideraron que las condiciones de algunas de estas operaciones resultaban particularmente onerosas y que la situación financiera de la institución no explicaría por sí sola todas las diferencias detectadas.
Naturalmente, estos elementos no constituyen una condena ni demuestran por sí mismos la existencia de un delito. Son observaciones contenidas en informes que ahora serán puestos a consideración de las autoridades judiciales.
RAÚL RODRÍGUEZ RECHAZA LAS ACUSACIONES Y HABLA DE UNA PERSECUCIÓN
El expresidente del CASMU rechazó enfáticamente los cuestionamientos y calificó el procedimiento como una maniobra destinada a desplazarlo de la institución.
Rodríguez cuestionó la metodología utilizada para elaborar los informes y sostuvo que no fue convocado para presentar sus explicaciones antes de que se adoptaran las resoluciones de la asamblea.
También recordó que los balances habían pasado por diferentes instancias de revisión y control, incluyendo profesionales de la propia mutualista, auditores externos y organismos vinculados al Ministerio de Salud Pública.
En declaraciones recogidas por la prensa, aseguró que las acusaciones forman parte de una «caza de brujas» y defendió su gestión argumentando que su principal preocupación había sido mantener funcionando la institución y garantizar el pago de los salarios.
El exjerarca también cuestionó a las autoridades actuales y vinculó el conflicto con supuestas motivaciones políticas.
Rodríguez sostiene que no existen fundamentos para las acusaciones y manifestó tener tranquilidad respecto de su actuación.
UNA MUTUALISTA INTERVENIDA Y UNA CRISIS QUE VIENE DE ATRÁS
El enfrentamiento se produce en un escenario particularmente delicado para el CASMU, que permanece intervenido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública desde julio de 2024, debido a su compleja situación económica y financiera.
La institución ha necesitado asistencia estatal y mecanismos extraordinarios de financiamiento para sostener su funcionamiento.
La crisis derivó incluso en la aprobación de dos leyes parlamentarias vinculadas al acceso a fondos de asistencia financiera para las instituciones médicas.
En 2024, durante la administración de la entonces ministra Karina Rando, se habían remitido antecedentes a la Fiscalía a partir de observaciones formuladas por los interventores.
Aquella presentación no derivó en una investigación penal formal en ese momento. Sin embargo, las actuales autoridades sostienen que los nuevos informes contienen elementos y hechos que ameritan una nueva presentación ante la Justicia.
El actual presidente de la mutualista, Domingo Beltramelli, defendió la necesidad de avanzar con las actuaciones y rechazó que los antecedentes anteriores impidan examinar nuevos elementos.
AHORA LA PALABRA LA TENDRÁ LA JUSTICIA
Con la resolución de la asamblea, el conflicto deja de ser exclusivamente una disputa interna por la conducción de la mutualista y adquiere una dimensión judicial.
La Fiscalía deberá analizar los antecedentes que se presenten, determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y establecer si hubo conductas que puedan configurar delitos.
Paralelamente, la acción civil anunciada buscará determinar si existieron daños económicos y, en ese caso, quiénes deberían responder por ellos.
Lo que está en juego es mucho más que el enfrentamiento entre dos sectores de conducción. Se trata de una institución de salud con miles de afiliados, trabajadores médicos y no médicos, y una enorme responsabilidad dentro del sistema sanitario uruguayo.
Los socios tienen derecho a saber qué ocurrió con los recursos de la mutualista, cómo se administraron los préstamos, por qué aparecen las diferencias contables señaladas y si las decisiones adoptadas durante la anterior gestión provocaron perjuicios económicos.
Las acusaciones son graves. Las explicaciones también deberán serlo. Y ahora será la Justicia la que tendrá que determinar dónde termina una administración cuestionada y dónde comienzan, si corresponde, las responsabilidades legales.

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