ESCÁNDALO EN FISCALÍA: MÓNICA FERRERO PROPUSO A UN ABOGADO DE NARCOS PARA INGRESAR AL MINISTERIO PÚBLICO

Crónicas del Este 15/10/2026 Política

La designación de Raúl Estomba, defensor de integrantes de Los Chingas y del clan Figueroa, genera preocupación política e institucional. La fiscal de Corte había advertido sobre el riesgo de estas situaciones, pero ahora su nombre aparece asociado a una propuesta que obliga a revisar los controles de ingreso al organismo.La Fiscalía General de la Nación, la institución encargada de investigar los delitos y perseguir a sus responsables, se encuentra ante una situación que merece una explicación pública. El abogado penalista Raúl Estomba, conocido por haber defendido a integrantes de organizaciones vinculadas al narcotráfico, fue propuesto para ingresar al Ministerio Público como fiscal letrado adscripto.La noticia fue publicada este jueves 15 de octubre por el semanario Búsqueda, que informó que el Gobierno y legisladores de distintos partidos analizan cómo impedir que la designación prospere. El asunto no es menor: la propuesta fue remitida por la Fiscalía de Corte, encabezada por Mónica Ferrero, al Ministerio de Educación y Cultura, paso previo a la solicitud de venia parlamentaria.Según la información de Búsqueda, Estomba ocupó el puesto número 15 en el orden de prelación del concurso realizado en 2025. La Resolución N.º 692/026 de la Fiscalía General de la Nación, fechada el 11 de septiembre de 2026, formalizó la propuesta para cubrir una vacante.La pregunta es inevitable: ¿cómo se llegó a esta instancia sin que existiera un mecanismo institucional capaz de resolver previamente las objeciones que hoy preocupan al sistema político?
LOS ANTECEDENTES QUE GENERAN ALARMA
En octubre de 2018, el diario El Observador, en una nota del periodista Guillermo Losa titulada “El abogado que se hizo un nombre defendiendo narcos”, describió la trayectoria profesional de Estomba y su intervención en causas de alto perfil.Entre sus clientes figuró Mónica Sosa, señalada por las autoridades como una de las principales responsables de Los Chingas, grupo vinculado con el narcotráfico y con la expulsión de familias de sus viviendas en Los Palomares, Casavalle.Estomba también defendió a integrantes del clan Figueroa, investigado por el tráfico de drogas y por el control territorial en el Complejo Quevedo, en Jardines del Hipódromo.En otra publicación, El Observador informó en 2019 que el abogado representaba a seis investigadores policiales enviados a prisión preventiva por una causa de corrupción. El artículo reflejó la compleja situación de un profesional que defendía tanto a policías investigados como a clientes que cuestionaban actuaciones de esos funcionarios.Conviene establecerlo claramente: ejercer la defensa de una persona acusada de un delito no convierte al abogado en cómplice de sus actividades. El derecho de defensa es una garantía fundamental. Pero una cosa es reconocer ese derecho y otra distinta es discutir qué controles deben existir para el ingreso a una institución que tiene la responsabilidad de investigar al crimen organizado.
FERRERO YA HABÍA ADVERTIDO SOBRE EL PROBLEMA
Aquí aparece el aspecto más delicado de esta historia.En octubre de 2025, Búsqueda informó que al menos tres abogados que habían defendido a personas vinculadas con causas de narcotráfico participaron en el concurso para ingresar a Fiscalía. Estomba fue el único de ellos que superó la prueba, según esa publicación.El mismo medio informó que Mónica Ferrero había expresado preocupación ante senadores por la posibilidad de que abogados con antecedentes profesionales de ese tipo ingresaran al organismo. En septiembre de 2025, durante una comparecencia parlamentaria, la fiscal de Corte defendió la creación de una escuela de fiscales como herramienta para conocer mejor a quienes ingresan al Ministerio Público.Según las declaraciones recogidas por Búsqueda, Ferrero advirtió que en otros países existen abogados que defendieron a narcotraficantes dentro de las estructuras fiscales y manifestó que Uruguay no quería esa situación.Sin embargo, ahora es precisamente la institución bajo su conducción la que propuso a Estomba para ocupar un cargo fiscal.La contradicción merece una explicación. Si la jerarca consideraba preocupante el fenómeno y había planteado la necesidad de fortalecer los filtros de ingreso, ¿qué cambió para que se impulsara esta designación? ¿Qué evaluaciones se realizaron y qué garantías institucionales existen para evitar conflictos de intereses?No alcanza con señalar que el candidato aprobó un concurso. Tampoco sería razonable desconocer automáticamente sus derechos profesionales. Lo que corresponde es explicar qué controles se aplicaron y por qué se consideró procedente avanzar con su nombramiento.
UNA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDE DILUIRSE
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, manifestó a Búsqueda su preocupación por el caso y explicó las dificultades administrativas para rechazar la propuesta de alguien que aprobó un concurso. El semanario también informó que legisladores como Pedro Bordaberry y Graciela Bianchi expresaron reparos ante la eventual designación.El Senado deberá evaluar la venia si el procedimiento llega a esa instancia. Mientras tanto, el episodio expone una debilidad institucional: los mecanismos de selección deben contemplar no solamente la capacidad técnica, sino también procedimientos transparentes para analizar posibles conflictos de intereses y preservar la confianza pública.Mónica Ferrero tiene la responsabilidad de explicar por qué avanzó esta propuesta después de haber advertido sobre el problema. No se trata de condenar a un abogado por sus clientes, sino de exigir coherencia, transparencia y garantías en una institución esencial para el Estado de derecho.La lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a los operativos policiales, las incautaciones y las condenas. También exige instituciones capaces de prevenir cualquier conflicto que comprometa su independencia o su credibilidad.Cuando la propia Fiscalía advierte sobre un riesgo y luego impulsa una designación que reabre esa preocupación, la sociedad tiene derecho a pedir explicaciones. Y quienes conducen las instituciones tienen la obligación de darlas.