¡ESCÁNDALO EN TREINTA Y TRES! DETENIDA EN OPERATIVO ANTIDROGAS FUNCIONARIA MUNICIPAL E HIJA DE JERARCA Y DE EX INTENDENTE

Crónicas del Este 14/10/2026 Política

La mujer es hijastra del exintendente Ramón Da Silva e hija de Eliane Castro, jerarca de la Intendencia. La resolución oficial que le concedió $ 5.000 adicionales por sus tareas en la Oficina de la Juventud lleva la firma de Mario Silvera.
Una historia que sacude los cimientos políticos de Treinta y Tres llegó a la redacción de Crónicas del Este. Una funcionaria de la Intendencia, vinculada familiarmente a dos figuras del ámbito departamental, terminó detenida en el marco de un operativo contra el microtráfico de drogas. Pero el caso tiene un ingrediente que abre interrogantes sobre los mecanismos de designación y las compensaciones dentro de la comuna.
Se trata de Luana Belén del Puerto Castro, de 25 años, funcionaria de la Oficina de la Juventud, quien fue detenida durante la Operación Centello, desplegada por la Brigada Departamental Antidrogas. Según la información policial, la joven posee antecedentes penales.
La funcionaria es hijastra del exintendente Ramón Da Silva e hija de Eliane Castro, quien ocupa un cargo jerárquico en el área de Desarrollo Social de la Intendencia. Su ingreso al organismo habría sido por designación directa, un dato que merece ser examinado a la luz de los criterios utilizados para incorporar personal a la administración pública.
LOS $ 5.000 QUE LLEVAN LA FIRMA DEL INTENDENTE
Como si el episodio no fuera suficientemente delicado, existe un documento oficial que agrega otro elemento a esta historia.
La Resolución 2055, correspondiente al expediente N.º 3874, fechada el 12 de noviembre de 2025, establece que el intendente Mario Silvera Araujo concedió a Luana del Puerto una compensación mensual de $ 5.000.
El acto administrativo justifica el pago por las tareas que realizaba en la Oficina de la Juventud, las cuales, según el texto, revestían la importancia necesaria para ameritar esa compensación. La resolución dispone además su comunicación a Recursos Humanos, Gestión Humana, Hacienda y la Oficina de Sueldos.
El documento está firmado por Silvera y por el secretario general, Horacio Bordón Medina.
La pregunta que queda planteada es inevitable: ¿cuáles eran las tareas específicas que justificaban ese pago adicional y bajo qué criterios se concedió? La resolución menciona la importancia de las funciones, pero el documento conocido no detalla cuáles eran esas responsabilidades.
SIETE ALLANAMIENTOS, DROGAS, ARMAS Y DINERO
La Operación Centello se desarrolló el 13 de octubre de 2026 e incluyó siete allanamientos simultáneos en viviendas de los barrios 25 de Agosto, María Isabel, Goyenola, Kennedy, Artigas y Las Delicias.
El despliegue movilizó efectivos de Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Cerro Largo, además de personal de Investigaciones y de la unidad de perros K9.
El procedimiento terminó con cuatro detenidos: Freddy Daniel Cuello Fernández, de 27 años; Luana Belén del Puerto Castro, de 25; Selene Mariel Graña Cardozo, de 54; y Matías Gabriel Guillén Graña, de 28.
La Policía informó la incautación de cocaína, pasta base, 50 pastillas de éxtasis, dos revólveres, municiones, dos balanzas de precisión, tres celulares y $ 65.320. También fueron incautados vehículos, entre ellos un Suzuki Celerio, una moto Yumbo GS y una camioneta Nissan.
La Fiscalía de segundo turno, a cargo de la doctora Segovia, dispuso mantener la situación de los detenidos.
La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades individuales de cada persona. La detención no equivale a una condena y, hasta el momento, la información policial proporcionada no permite atribuir a la funcionaria la propiedad de todas las sustancias u objetos incautados.
PARENTESCOS, DESIGNACIONES Y DINERO PÚBLICO
El caso abre una discusión que trasciende el operativo policial: la transparencia en las contrataciones, los vínculos familiares dentro de la estructura municipal y los criterios utilizados para otorgar compensaciones con fondos públicos.
No se trata de dar por probada una responsabilidad política o administrativa por el solo hecho de una detención. Se trata de exigir explicaciones sobre decisiones oficiales documentadas y conocer qué controles se aplican cuando se incorporan funcionarios y se les conceden pagos adicionales.
En Treinta y Tres, mientras la Justicia avanza en la investigación por presuntos delitos vinculados a estupefacientes, quedan preguntas pendientes para la administración de Mario Silvera.
¿Cómo ingresó la funcionaria? ¿Qué tareas concretas justificaron los $ 5.000 adicionales? ¿Se revisarán los antecedentes del proceso de designación y la compensación concedida?
Crónicas del Este seguirá el caso y buscará las respuestas de la Intendencia, así como la evolución de la investigación judicial.