LA VERDADERA CARA DEL ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN SAN JOSÉ

Crónicas del Este 20/03/2026 Política

El nuevo pliego del estacionamiento tarifado empieza a mostrar su verdadera cara. Y no es, precisamente, la de una política pensada para ordenar la ciudad de San José o mejorar la convivencia urbana. Más bien parece un traje a medida, cortado con precisión quirúrgica para que calce perfecto en los mismos de siempre.
Porque mientras al vecino común se le mete la mano en el bolsillo cada vez que deja el auto en la calle, la propia Intendencia exonera cerca de 5 millones de pesos a parkings privados. La ecuación es brutal en su simpleza: el ciudadano paga, los privados reciben beneficios. Y después pretenden vender esto como una medida de ordenamiento. Cuesta creerlo sin sonrojarse.
Pero el asunto no termina ahí. El pliego, además, propone ampliar la zona de estacionamiento tarifado. Más cuadras, más calles, más lugares donde estacionar va a implicar sacar la billetera. Y ahí aparece la pregunta incómoda, la que nadie en la Intendencia parece querer responder con claridad: ¿a quién beneficia realmente esa expansión?
Porque si uno observa el movimiento con detenimiento, la sensación es otra. No parece una decisión basada en estudios serios de movilidad ni en la necesidad de descongestionar el tránsito. Huele, más bien, a negocio. A ampliar el radio de recaudación. A agrandar la torta para que algunos pocos sigan comiendo bien.
Y como si esto fuera poco, hay un detalle que no es menor y que revela mucho más de lo que algunos quisieran admitir. Durante años, la Intendencia de San José permitió que el sistema funcionara con el pliego vencido. Años. No meses. Años. Una dejadez llamativa para un tema que mueve millones y que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas.
Y ahora, de repente, aparece un nuevo llamado. Un llamado en el que, casualmente, la empresa que ya venía operando el sistema corre con ventaja. Con conocimiento previo, con estructura instalada, con el terreno allanado. Entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿esto es una licitación transparente o estamos frente a un proceso armado para que gane el de siempre?
Porque hay cosas que empiezan a hacer ruido. Y mucho. A veces da la impresión de que ciertos pliegos no se redactan en oficinas públicas, sino en escritorios privados. Como si la línea entre lo público y lo particular se hubiera borrado hace rato. Como si el interés general hubiera quedado subordinado al interés de unos pocos.
Por eso este tema no puede pasar como uno más. No es un expediente cualquiera. Atraviesa áreas clave de la Intendencia: Hacienda, Jurídica, Tránsito, Desarrollo, Políticas Sociales, Ordenamiento Territorial. Es una decisión estructural que define cómo se usa el espacio público y quién se beneficia de él.
Y cuando se está frente a algo de esta magnitud, las explicaciones no pueden ser tibias ni esquivas. No alcanza con comunicados ni declaraciones sueltas. Se necesita dar la cara.
La Intendenta debería concurrir a la Junta Departamental y explicar, punto por punto, qué hay detrás de este pliego. Y si no lo hace, el mínimo gesto de responsabilidad sería que lo haga el Secretario General. Pero alguien con poder real, con capacidad de decisión, tiene que hacerse cargo.
Porque cuando se toman medidas que afectan el bolsillo de la gente, su derecho a usar el espacio público y el destino de millones de pesos, no hay margen para el silencio ni para las evasivas.
La política, cuando se mezcla con el amiguismo, siempre termina igual. Se disfraza de gestión, se vende como modernización, pero en el fondo es lo de siempre: unos pocos hacen negocio… y la cuenta, como siempre, la termina pagando la gente.