CÁRCELES URUGUAYAS: MÁS DE 5.000 PRESOS TRABAJAN, PERO LA INMENSA MAYORÍA LO HACE SIN COBRAR UN SOLO PESO

Crónicas del Este 09/11/2026 Política

El Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca transformar el trabajo penitenciario, establecer salarios no inferiores al mínimo nacional, garantizar aportes a la seguridad social y abrir las puertas a las empresas privadas. Actualmente, de cada 100 personas privadas de libertad que acceden a una actividad laboral, 86 no reciben remuneración. La iniciativa pretende convertir el trabajo y la capacitación en herramientas reales de rehabilitación y reinserción social.
La realidad del sistema penitenciario uruguayo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que durante años ha permanecido relegada: ¿qué posibilidades reales de rehabilitación tiene una persona privada de libertad si, aun teniendo voluntad de trabajar, el propio sistema no le ofrece oportunidades suficientes y, cuando las encuentra, muchas veces no recibe remuneración?
Los números son contundentes. A marzo de 2026, Uruguay tenía 16.624 personas privadas de libertad. Más de 5.000 desarrollaban algún tipo de actividad laboral dentro de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, apenas existían 850 cupos remunerados, conocidos como peculios, que son pagos efectuados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y equivalen al 50% del salario mínimo nacional.
El panorama de 2025 resulta todavía más revelador: el 86% de quienes accedieron a un cupo laboral trabajó sin cobrar, el 11% recibió un peculio —en su mayoría equivalente a medio peculio— y solamente el 3% percibió un salario.
En ese contexto, la bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que pretende modificar las reglas del trabajo dentro de las cárceles y establecer un marco normativo que permita ampliar las oportunidades laborales, incorporar empresas privadas y garantizar derechos básicos a quienes trabajan mientras cumplen una condena o permanecen sujetos a medidas privativas de libertad.
La iniciativa fue elaborada por los diputados Pablo Inthamoussu y Graciela Barrera, quienes mantuvieron contactos con las autoridades del INR y representantes del sector empresarial para conocer las dificultades que existen actualmente para desarrollar actividades productivas en los establecimientos penitenciarios.
Inthamoussu planteó que Uruguay necesita abandonar la lógica de las experiencias aisladas y avanzar hacia una verdadera política pública de trabajo penitenciario. La intención es ofrecer garantías tanto a los internos como a las empresas que estén dispuestas a invertir y generar puestos laborales dentro de las cárceles.
El legislador también advirtió que no alcanza con aprobar una normativa cargada de buenas intenciones: debe tratarse de una herramienta que pueda aplicarse efectivamente y que genere resultados concretos.
SALARIO MÍNIMO, APORTES SOCIALES Y DERECHOS LABORALES
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de tres modalidades de actividad: el peculio, el trabajo remunerado y las pasantías laborales.
La diferencia no es menor. Mientras el peculio constituye un mecanismo de remuneración gestionado por el INR, el trabajo remunerado establece una relación laboral entre la persona privada de libertad y un empleador. Las pasantías, por su parte, estarán orientadas a combinar formación y experiencia práctica.
En el caso del trabajo remunerado, la propuesta establece que el pago no podrá ser inferior al salario mínimo nacional vigente. También contempla que los empleadores deberán realizar los correspondientes aportes a la seguridad social, de acuerdo con la normativa aplicable.
Las pasantías deberán desarrollarse mediante contratos que garanticen condiciones dignas de aprendizaje y trabajo, con una remuneración acorde a las disposiciones legales.
El proyecto también establece un mecanismo de distribución de los ingresos: un 10% de la remuneración se destinaría al INR, otro 10% a la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y un tercer 10% al fortalecimiento de las políticas de atención y protección a víctimas y testigos de delitos de la Fiscalía General de la Nación.
El resto quedaría sujeto a las disposiciones correspondientes sobre la remuneración y su administración.
Otro punto especialmente importante es la prohibición de obligar a una persona privada de libertad a trabajar mediante amenazas, sanciones disciplinarias, restricciones de beneficios o cualquier otra forma de coacción.
La actividad laboral tampoco podrá utilizarse como castigo ni convertirse en una fuente de lucro para la administración penitenciaria. Para incorporarse a un trabajo será necesario contar con el consentimiento informado y documentado del interno, dejando establecidos sus derechos, obligaciones y condiciones laborales.
La propuesta también introduce una discusión sobre la legislación vigente desde 1975. El Decreto-Ley 14.470 establece la obligatoriedad del trabajo para los reclusos penados y contempla consecuencias ante su incumplimiento. Sin embargo, Inthamoussu considera que esa disposición ha perdido efectividad frente a una realidad en la que miles de personas permanecen sin posibilidades de trabajar o estudiar.
EMPRESAS PRIVADAS: LA APUESTA POR LLEVAR LA PRODUCCIÓN A LAS CÁRCELES
Uno de los capítulos más ambiciosos apunta a incorporar al sector privado como protagonista de la transformación del sistema penitenciario.
El proyecto prevé la celebración de convenios entre las empresas y el INR, acompañados de incentivos fiscales y mecanismos que faciliten la contratación pública de los productos y servicios generados dentro de los establecimientos.
La iniciativa intenta resolver uno de los principales obstáculos que señalan los empresarios: la incertidumbre sobre la continuidad de sus inversiones cuando cambian las autoridades políticas o las administraciones penitenciarias.
Por eso, se propone establecer garantías para que los acuerdos no puedan modificarse unilateralmente por simples cambios de gestión, salvo que existan razones debidamente fundamentadas.
También se busca evitar que un trabajador sea trasladado de establecimiento sin justificación, interrumpiendo una relación laboral en curso. Los cambios de destino solamente podrían realizarse por razones de seguridad debidamente acreditadas, a solicitud del propio trabajador o por situaciones de fuerza mayor.
El INR tendría además que implementar una ventanilla única para las empresas interesadas en instalar unidades productivas dentro de las cárceles, con plazos máximos de respuesta y criterios objetivos para evaluar las solicitudes.
Las eventuales exoneraciones fiscales serían analizadas junto con el Ministerio de Economía y Finanzas.
CAPACITACIÓN PARA QUE LA LIBERTAD NO SIGNIFIQUE VOLVER A EMPEZAR DE CERO
La iniciativa no se limita a la cuestión salarial. También establece que todas las personas privadas de libertad tendrán derecho a acceder gratuitamente a programas de formación profesional pertinentes y de calidad.
El objetivo es que las actividades laborales estén vinculadas a programas de capacitación técnica certificados por el Ministerio de Educación y Cultura o por la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).
De esa manera, una persona que aprenda un oficio durante su reclusión podrá acreditar conocimientos y experiencia que tengan valor en el mercado laboral cuando recupere su libertad.
También se contempla la posibilidad de desarrollar emprendimientos individuales y cooperativos, facilitando que los productos elaborados dentro de las cárceles puedan comercializarse tanto dentro como fuera de los establecimientos. El Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) podría brindar asesoramiento a quienes decidan avanzar por ese camino.
Incluso se plantea habilitar a estas empresas y emprendimientos para convertirse en proveedores del Estado, abriendo una nueva posibilidad de comercialización a través de las compras públicas.
UNA JUNTA NACIONAL PARA CONTROLAR Y PLANIFICAR
Para evitar que la iniciativa quede reducida a una declaración de intenciones, el proyecto propone crear una Junta Interinstitucional de Trabajo Penitenciario.
Este organismo tendría responsabilidades de coordinación, seguimiento y evaluación, además de elaborar un Plan Estratégico Nacional de Trabajo Penitenciario con una proyección mínima de diez años.
En su integración participarían organismos estatales, instituciones educativas, representantes sindicales y cámaras empresariales, entre ellos el INR, el Ministerio de Trabajo, UTU, la Universidad de la República, el PIT-CNT, Inacoop y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Asimismo, se habilitaría al INR a constituir una fundación con autonomía financiera, facultada para establecer acuerdos y desarrollar actividades con organismos públicos, empresas privadas, sindicatos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.
EL GRAN DESAFÍO: QUE LA REHABILITACIÓN DEJE DE SER SOLAMENTE UN DISCURSO
El proyecto abre una discusión que va mucho más allá de las condiciones laborales de los internos. En un país que enfrenta una población penitenciaria elevada y dificultades persistentes para lograr la reinserción social, el trabajo puede convertirse en una herramienta fundamental para reducir las posibilidades de reincidencia.
Pero para que eso ocurra no alcanza con tener talleres, instalaciones o personas dispuestas a trabajar. Se necesitan empresas, capacitación, continuidad de los programas, remuneraciones justas y mecanismos de control que impidan abusos.
Los datos actuales muestran una contradicción difícil de ignorar: miles de personas privadas de libertad realizan actividades laborales, pero la inmensa mayoría no recibe un salario.
La pregunta es si Uruguay está dispuesto a pasar de un sistema donde el trabajo penitenciario depende de oportunidades limitadas y esfuerzos aislados a otro donde exista una política sostenida, con derechos, obligaciones y posibilidades concretas de reinserción.
Porque la condena debe implicar la privación de libertad, pero la rehabilitación debería significar la oportunidad de construir un futuro diferente. Y para eso, tener un trabajo, aprender un oficio y recuperar la dignidad de ganarse el sustento puede ser tan importante como cumplir la pena.