FUS RECHAZA PROPUESTA DE LA CAJA DE PROFESIONALES Y ADVIERTE QUE PODRÍA ENCARECER LA ATENCIÓN MÉDICA
Crónicas del Este 25/06/2026 Política
La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), junto a organizaciones de usuarios que integran la Junta Nacional de Salud (JUNASA) y el Directorio de ASSE, emitieron un duro comunicado público en el que manifiestan su rechazo a una resolución impulsada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), al considerar que la medida terminaría trasladando nuevos costos al sistema sanitario y, en consecuencia, a los usuarios.El planteo cuestionado pretende incluir las historias clínicas y los registros asistenciales dentro de los documentos alcanzados por el timbre profesional previsto en el artículo 71 de la Ley Nº 17.738, lo que, según las organizaciones firmantes, representa una interpretación que desvirtúa el espíritu de la normativa vigente."UNA MEDIDA MERAMENTE RECAUDATORIA"En el comunicado, la FUS sostiene que la iniciativa responde exclusivamente a una lógica recaudatoria destinada a paliar los problemas financieros que atraviesa la Caja de Profesionales.Los firmantes afirman que las dificultades económicas de la institución son consecuencia de años de déficit y problemas de gestión, por lo que consideran inadmisible que se pretenda solucionar esa situación trasladando nuevos costos al sistema de salud.Asimismo, remarcan que las historias clínicas y los registros asistenciales constituyen herramientas esenciales para garantizar una atención médica segura y de calidad, y no documentos con fines comerciales, administrativos o mercantiles.ADVIERTEN SOBRE UN AUMENTO DE LOS COSTOS PARA LOS PACIENTESUno de los principales cuestionamientos planteados en el documento es el eventual impacto económico que la resolución podría generar sobre los usuarios del sistema de salud.Según la FUS, gravar estos documentos implicaría un incremento indirecto de los costos de acceso a los servicios médicos, afectando consultas de policlínica, atención en puertas de emergencia, estudios diagnósticos, análisis clínicos y otras prestaciones asistenciales.De concretarse esa situación, sostienen, las instituciones sanitarias podrían trasladar esos mayores costos mediante un aumento de las tasas moderadoras, lo que generaría nuevas barreras económicas para acceder a la atención médica.El comunicado advierte que los sectores más perjudicados serían las personas con enfermedades crónicas, los adultos mayores y quienes poseen menores ingresos, precisamente quienes requieren una utilización más frecuente de los servicios de salud.CUESTIONAN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEYLas organizaciones consideran además que la resolución realiza una interpretación administrativa "abusiva" de la legislación vigente, ampliando artificialmente el alcance del artículo 71 de la Ley Nº 17.738.A su entender, esa interpretación transforma documentos indispensables para la asistencia sanitaria en instrumentos de recaudación, alejándose de la finalidad con la que fueron concebidos.RECLAMAN LA INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVOFrente a este escenario, la Federación Uruguaya de la Salud y las organizaciones de usuarios anunciaron que agotarán todas las instancias institucionales disponibles para impedir la aplicación de la medida.Además, solicitaron al Poder Ejecutivo la convocatoria a un diálogo nacional sobre el sistema de salud, que reúna a todos los actores involucrados con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud y garantizar un modelo sostenible, equitativo y de calidad para toda la población.QUIÉNES FIRMAN EL COMUNICADOEl documento lleva la firma de:Federación Uruguaya de la Salud (FUS).Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (MNUSPP).Espacio Participativo de Usuarios de la Salud (EPUS).Usuarios Unidos de la Salud de Uruguay (UUSU).Organización de Usuarios de la Salud del Oeste (OUSO).Las organizaciones sostienen que la discusión excede el aspecto económico de la Caja de Profesionales y entienden que cualquier modificación que implique mayores costos para el acceso a la atención médica debe ser ampliamente debatida, ya que podría tener consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema sanitario y sobre el bolsillo de los usuarios.
La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), junto a organizaciones de usuarios que integran la Junta Nacional de Salud (JUNASA) y el Directorio de ASSE, emitieron un duro comunicado público en el que manifiestan su rechazo a una resolución impulsada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), al considerar que la medida terminaría trasladando nuevos costos al sistema sanitario y, en consecuencia, a los usuarios.El planteo cuestionado pretende incluir las historias clínicas y los registros asistenciales dentro de los documentos alcanzados por el timbre profesional previsto en el artículo 71 de la Ley Nº 17.738, lo que, según las organizaciones firmantes, representa una interpretación que desvirtúa el espíritu de la normativa vigente."UNA MEDIDA MERAMENTE RECAUDATORIA"En el comunicado, la FUS sostiene que la iniciativa responde exclusivamente a una lógica recaudatoria destinada a paliar los problemas financieros que atraviesa la Caja de Profesionales.Los firmantes afirman que las dificultades económicas de la institución son consecuencia de años de déficit y problemas de gestión, por lo que consideran inadmisible que se pretenda solucionar esa situación trasladando nuevos costos al sistema de salud.Asimismo, remarcan que las historias clínicas y los registros asistenciales constituyen herramientas esenciales para garantizar una atención médica segura y de calidad, y no documentos con fines comerciales, administrativos o mercantiles.ADVIERTEN SOBRE UN AUMENTO DE LOS COSTOS PARA LOS PACIENTESUno de los principales cuestionamientos planteados en el documento es el eventual impacto económico que la resolución podría generar sobre los usuarios del sistema de salud.Según la FUS, gravar estos documentos implicaría un incremento indirecto de los costos de acceso a los servicios médicos, afectando consultas de policlínica, atención en puertas de emergencia, estudios diagnósticos, análisis clínicos y otras prestaciones asistenciales.De concretarse esa situación, sostienen, las instituciones sanitarias podrían trasladar esos mayores costos mediante un aumento de las tasas moderadoras, lo que generaría nuevas barreras económicas para acceder a la atención médica.El comunicado advierte que los sectores más perjudicados serían las personas con enfermedades crónicas, los adultos mayores y quienes poseen menores ingresos, precisamente quienes requieren una utilización más frecuente de los servicios de salud.CUESTIONAN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEYLas organizaciones consideran además que la resolución realiza una interpretación administrativa "abusiva" de la legislación vigente, ampliando artificialmente el alcance del artículo 71 de la Ley Nº 17.738.A su entender, esa interpretación transforma documentos indispensables para la asistencia sanitaria en instrumentos de recaudación, alejándose de la finalidad con la que fueron concebidos.RECLAMAN LA INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVOFrente a este escenario, la Federación Uruguaya de la Salud y las organizaciones de usuarios anunciaron que agotarán todas las instancias institucionales disponibles para impedir la aplicación de la medida.Además, solicitaron al Poder Ejecutivo la convocatoria a un diálogo nacional sobre el sistema de salud, que reúna a todos los actores involucrados con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud y garantizar un modelo sostenible, equitativo y de calidad para toda la población.QUIÉNES FIRMAN EL COMUNICADOEl documento lleva la firma de:Federación Uruguaya de la Salud (FUS).Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (MNUSPP).Espacio Participativo de Usuarios de la Salud (EPUS).Usuarios Unidos de la Salud de Uruguay (UUSU).Organización de Usuarios de la Salud del Oeste (OUSO).Las organizaciones sostienen que la discusión excede el aspecto económico de la Caja de Profesionales y entienden que cualquier modificación que implique mayores costos para el acceso a la atención médica debe ser ampliamente debatida, ya que podría tener consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema sanitario y sobre el bolsillo de los usuarios.
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