GESTIÓN POLÍTICA INSALUBRE
Crónicas del Este 31/01/2025 Política
Eduardo Casaballe
El 13 de marzo de 2020, el mundo ingresó en un escenario de pandemia o "plandemia", según la óptica de cada analista político. En Uruguay, la realidad marcó la aparición de los primeros dos casos de COVID-19 en territorio nacional, específicamente en Salto. Esto ocurrió en un contexto de cambios de autoridades tanto a nivel nacional como departamental.
El manejo de la información, el plan de contingencia y los recursos fueron, en retrospectiva y casi cinco años después, apenas medianamente satisfactorios. Sin embargo, tras ese período de inestabilidad económica y social, con un sistema de salud golpeado y carente de recursos humanos, técnicos y financieros, el desafío era rearmarlo.
En este contexto, la Dirección Departamental de Salud de Salto quedó en manos de la Dra. Rosa Blanco, una pediatra con antecedentes de mala gestión en el ámbito privado. Su emergencia médica, Cacennas, fue administrada de forma deficitaria hasta su cierre, dejando deudas millonarias con el BROU. Su designación no respondió a méritos, sino al amiguismo, ya que es cercana al Dr. Carlos Albisu, quien fue nombrado por el presidente Lacalle Pou como su jefe de gobierno regional.
A partir de ese momento, la falta de gestión médica y administrativa se hizo evidente. La Dra. Blanco se convirtió en una figura meramente nominativa, sin interés en liderar el área más importante de la salud en el departamento. Un claro ejemplo de su mala gestión fue el 13 de marzo de 2020, cuando ordenó el cierre de fronteras departamentales, generando caos entre turistas que huían despavoridos de los parques termales. Los datos brindados durante el período pandémico fueron inexactos e incluso ocultados. En junio de 2021, Salto llegó a tener la tasa de infectados más alta del mundo en proporción a su población, pero esta información fue deliberadamente silenciada.
A nivel nacional, el entonces ministro de Salud, Dr. Daniel Salinas, intentó consolidar su figura política con la aspiración de presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Fracasó en su intento, lo que relegó su posición, y poco después renunció. Su sucesora, la Dra. Karina Rando, ha demostrado la misma ineficiencia que la Dra. Blanco en Salto.
La función de una dirección departamental es clara: garantizar el cumplimiento de políticas nacionales, auditar prestadores de salud públicos y privados, fiscalizar actos médicos, administrar recursos y ser la policía sanitaria del departamento. Sin embargo, en Salto, esto no ha sucedido. El sistema de salud está colapsado, sin confianza y con falencias graves.
El Hospital Regional de Salto se encuentra económicamente vulnerado, con una deuda millonaria y sin especialistas suficientes debido a la falta de incentivos salariales. Se han denunciado la escasez de medicamentos, la falta de turnos y la ausencia de equipos esenciales para salud mental, urología, traumatología, neurología y oftalmología. Las demoras en la emergencia, con esperas interminables, reflejan un panorama desolador.
A esto se suma el nepotismo en la estructura hospitalaria. El Jefe de Cirugía, Dr. Martín Salvatierra, reconocido profesional, fue desplazado de su cargo en una maniobra denunciada por él mismo ante el Parlamento. Su lugar fue ocupado por el Dr. Alfredo Abelleira, esposo de la directora Blanco. Esta reestructuración provocó retrasos de casi un año en cirugías, con consecuencias fatales para muchos pacientes.
En el área de salud mental, se implementó un sistema de alta dedicación con sueldos de más de $200.000, pero la agenda cerrada impidió la atención psicológica y psiquiátrica. Como resultado, Salto quedó desprotegido, viendo aumentar sus tasas de suicidio debido a la falta de contención y asistencia.
Mientras tanto, el gobierno nacional anunciaba partidas presupuestarias de hasta 400 millones de dólares en 2022. Sin embargo, estos fondos no se tradujeron en mejoras en el sistema de salud, sino en sueldos elevados sin respuestas clínicas efectivas.
El principal responsable de esta situación es el Dr. Carlos Albisu, quien representó al gobierno en Salto durante estos cinco años. Como socio mayoritario del Centro Médico (CAM), manejó su influencia pública en favor de intereses privados. Ejemplo de ello fue su anuncio mediático sobre la instalación de dos nuevos IMAE: uno neurológico a cargo del Dr. Benelli y otro traumatológico a cargo del Dr. Lavarte, ambos dentro del CAM.
No obstante, en enero de 2024, una denuncia pública reveló que en Salto no había tomógrafo en funcionamiento, lo que ocasionó demoras y derivaciones de pacientes con ACV. Curiosamente, a las 24 horas de la denuncia, las autoridades admitieron el desperfecto, asegurando que ya estaba reparado. Sin embargo, el hospital recibió un tomógrafo el 26 de diciembre que sigue sin instalarse, aún dentro de sus 24 cajas.
Por otro lado, el CAM presenta serias irregularidades. En la institución, varios médicos atienden especialidades sin contar con el título correspondiente. Por ejemplo, una asistente de oncología ejerce como oncóloga sin haberse recibido. Además, el tomógrafo del CAM fue "milagrosamente" puesto en funcionamiento, pero los estudios no cuentan con informes, ya que no hay médicos ni técnicos presentes en el momento de los exámenes. Esto genera que los médicos tratantes no reciban la información necesaria y, en consecuencia, los pacientes no tengan su paraclínica completa.
Todo este periodo ha estado marcado por demoras, silencio y excusas. La principal responsable de la crisis sanitaria en Salto, por omisión e inacción, es la Dra. Rosa Blanco, acompañada por la complicidad política del Dr. Carlos Albisu. Albisu, lejos de mejorar la salud en el departamento, la destruyó y endeudó aún más debido a su falta de capacidad de gestión.
Es urgente recuperar la confianza en el sistema de salud, apostar por una relación médico-paciente real y terminar con los monopolios que lucran con la vida de los usuarios. Los reclamos no son contra los médicos, sino contra los políticos que han desmantelado el sistema. ¿Habrá cambios? No lo sabemos, pero los pacientes están impacientes.
Eduardo Casaballe
El 13 de marzo de 2020, el mundo ingresó en un escenario de pandemia o "plandemia", según la óptica de cada analista político. En Uruguay, la realidad marcó la aparición de los primeros dos casos de COVID-19 en territorio nacional, específicamente en Salto. Esto ocurrió en un contexto de cambios de autoridades tanto a nivel nacional como departamental. El manejo de la información, el plan de contingencia y los recursos fueron, en retrospectiva y casi cinco años después, apenas medianamente satisfactorios. Sin embargo, tras ese período de inestabilidad económica y social, con un sistema de salud golpeado y carente de recursos humanos, técnicos y financieros, el desafío era rearmarlo. En este contexto, la Dirección Departamental de Salud de Salto quedó en manos de la Dra. Rosa Blanco, una pediatra con antecedentes de mala gestión en el ámbito privado. Su emergencia médica, Cacennas, fue administrada de forma deficitaria hasta su cierre, dejando deudas millonarias con el BROU. Su designación no respondió a méritos, sino al amiguismo, ya que es cercana al Dr. Carlos Albisu, quien fue nombrado por el presidente Lacalle Pou como su jefe de gobierno regional. A partir de ese momento, la falta de gestión médica y administrativa se hizo evidente. La Dra. Blanco se convirtió en una figura meramente nominativa, sin interés en liderar el área más importante de la salud en el departamento. Un claro ejemplo de su mala gestión fue el 13 de marzo de 2020, cuando ordenó el cierre de fronteras departamentales, generando caos entre turistas que huían despavoridos de los parques termales. Los datos brindados durante el período pandémico fueron inexactos e incluso ocultados. En junio de 2021, Salto llegó a tener la tasa de infectados más alta del mundo en proporción a su población, pero esta información fue deliberadamente silenciada. A nivel nacional, el entonces ministro de Salud, Dr. Daniel Salinas, intentó consolidar su figura política con la aspiración de presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Fracasó en su intento, lo que relegó su posición, y poco después renunció. Su sucesora, la Dra. Karina Rando, ha demostrado la misma ineficiencia que la Dra. Blanco en Salto. La función de una dirección departamental es clara: garantizar el cumplimiento de políticas nacionales, auditar prestadores de salud públicos y privados, fiscalizar actos médicos, administrar recursos y ser la policía sanitaria del departamento. Sin embargo, en Salto, esto no ha sucedido. El sistema de salud está colapsado, sin confianza y con falencias graves. El Hospital Regional de Salto se encuentra económicamente vulnerado, con una deuda millonaria y sin especialistas suficientes debido a la falta de incentivos salariales. Se han denunciado la escasez de medicamentos, la falta de turnos y la ausencia de equipos esenciales para salud mental, urología, traumatología, neurología y oftalmología. Las demoras en la emergencia, con esperas interminables, reflejan un panorama desolador. A esto se suma el nepotismo en la estructura hospitalaria. El Jefe de Cirugía, Dr. Martín Salvatierra, reconocido profesional, fue desplazado de su cargo en una maniobra denunciada por él mismo ante el Parlamento. Su lugar fue ocupado por el Dr. Alfredo Abelleira, esposo de la directora Blanco. Esta reestructuración provocó retrasos de casi un año en cirugías, con consecuencias fatales para muchos pacientes. En el área de salud mental, se implementó un sistema de alta dedicación con sueldos de más de $200.000, pero la agenda cerrada impidió la atención psicológica y psiquiátrica. Como resultado, Salto quedó desprotegido, viendo aumentar sus tasas de suicidio debido a la falta de contención y asistencia. Mientras tanto, el gobierno nacional anunciaba partidas presupuestarias de hasta 400 millones de dólares en 2022. Sin embargo, estos fondos no se tradujeron en mejoras en el sistema de salud, sino en sueldos elevados sin respuestas clínicas efectivas. El principal responsable de esta situación es el Dr. Carlos Albisu, quien representó al gobierno en Salto durante estos cinco años. Como socio mayoritario del Centro Médico (CAM), manejó su influencia pública en favor de intereses privados. Ejemplo de ello fue su anuncio mediático sobre la instalación de dos nuevos IMAE: uno neurológico a cargo del Dr. Benelli y otro traumatológico a cargo del Dr. Lavarte, ambos dentro del CAM. No obstante, en enero de 2024, una denuncia pública reveló que en Salto no había tomógrafo en funcionamiento, lo que ocasionó demoras y derivaciones de pacientes con ACV. Curiosamente, a las 24 horas de la denuncia, las autoridades admitieron el desperfecto, asegurando que ya estaba reparado. Sin embargo, el hospital recibió un tomógrafo el 26 de diciembre que sigue sin instalarse, aún dentro de sus 24 cajas. Por otro lado, el CAM presenta serias irregularidades. En la institución, varios médicos atienden especialidades sin contar con el título correspondiente. Por ejemplo, una asistente de oncología ejerce como oncóloga sin haberse recibido. Además, el tomógrafo del CAM fue "milagrosamente" puesto en funcionamiento, pero los estudios no cuentan con informes, ya que no hay médicos ni técnicos presentes en el momento de los exámenes. Esto genera que los médicos tratantes no reciban la información necesaria y, en consecuencia, los pacientes no tengan su paraclínica completa. Todo este periodo ha estado marcado por demoras, silencio y excusas. La principal responsable de la crisis sanitaria en Salto, por omisión e inacción, es la Dra. Rosa Blanco, acompañada por la complicidad política del Dr. Carlos Albisu. Albisu, lejos de mejorar la salud en el departamento, la destruyó y endeudó aún más debido a su falta de capacidad de gestión. Es urgente recuperar la confianza en el sistema de salud, apostar por una relación médico-paciente real y terminar con los monopolios que lucran con la vida de los usuarios. Los reclamos no son contra los médicos, sino contra los políticos que han desmantelado el sistema. ¿Habrá cambios? No lo sabemos, pero los pacientes están impacientes.
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