HAY MUCHO TERRITORIO, PERO LOS POBRES SIGUEN SIENDO DESALOJADOS

Crónicas del Este 22/02/2023 Editorial

Sergio Secinaro

En Uruguay, uno de los países con menor densidad de población de América Latina, aún existen desalojos de familias que habitan en terrenos públicos abandonados. Una situación contradictoria en un país que cuenta con amplias extensiones de tierra habitable. En los últimos años, distintas Intendencias del país han realizado desalojos de familias que ocupan terrenos públicos abandonados. Estas familias suelen haber construido sus hogares en esos terrenos, muchas veces, ante la falta de alternativas habitacionales. Sin embargo, esta situación es contradictoria si se tiene en cuenta que Uruguay cuenta con una baja densidad de población. Según datos del Banco Mundial, en el año 2020, la densidad de población en Uruguay era de 19,4 personas por kilómetro cuadrado, muy por debajo del promedio de América Latina, que es de 30,7 personas por kilómetro cuadrado. En Uruguay sobran campos, pero falta voluntad política.
Además, el derecho a la vivienda tiene rango constitucional en Uruguay. El artículo 44 de la Constitución de la República establece que "el Estado promoverá el acceso a la vivienda y otorgará especial protección a los sectores de menores recursos". Sin embargo, en la práctica, muchas familias enfrentan obstáculos para acceder a una vivienda digna.
Por otro lado, el neoliberalismo, que ha sido la ideología predominante en los últimos tiempos en Uruguay y en el mundo, protege solamente la propiedad privada de los poderosos. Esto se traduce en una falta de políticas públicas que promuevan el acceso a la vivienda para las personas de menores recursos.
En este contexto, los desalojos de familias que habitan terrenos públicos abandonados parecen ser una muestra más de la falta de compromiso del Estado en la promoción y garantía del derecho a la vivienda.
Además, en muchos casos, estos terrenos públicos abandonados llevan décadas sin ser utilizados y sin recibir atención por parte del Estado. Es decir, la propiedad pública se mantiene abandonada mientras que las familias que habitan allí son desalojadas y quedan en una situación de vulnerabilidad.
En lugar de desalojar a estas familias, el Estado debería buscar soluciones habitacionales para ellas. Esto podría incluir la construcción de viviendas sociales, la regularización de la tenencia de la tierra o la búsqueda de acuerdos con las familias para su reubicación en otros terrenos públicos o privados.
En definitiva, es necesario repensar el acceso a la vivienda en Uruguay y promover políticas públicas que garanticen este derecho fundamental para todas las personas, independientemente de su condición económica. Mientras tanto, seguir desalojando a familias de terrenos públicos abandonados no parece ser la solución a un problema que requiere de medidas más profundas y estructurales.