HIJO DEL INTENDENTE DE TREINTA Y TRES DENUNCIADO COMO “INQUILINO DE PESADILLA”
Crónicas del Este 18/03/2026 Política
Hay conductas que no admiten matices. Y mucho menos cuando provienen de alguien que ocupa cargos públicos, maneja dinero de todos y debería, al menos, exhibir un mínimo de ética. El caso de Matías Silvera Ortiz —edil del Partido Nacional en Treinta y Tres, presidente de la Comisión de Hacienda, hijo del intendente Mario Silvera y hijastro del exministro Germán Cardoso— es, sencillamente, un compendio de lo que no debe ser un representante político.
No se trata de un hecho aislado. No es un “error”. Es un patrón.
DENUNCIADO POR AMENZAS A UN DIPUTADO EN 2022
En 2022, durante el Congreso Nacional de Ediles en Maldonado, Silvera protagonizó un episodio gravísimo con el entonces diputado frenteamplista Eduardo Antonini (hoy senador). Según el propio Antonini, el edil se le acercó sin previo conocimiento y le dijo: “No vengo a saludarlo, vengo a decir que usted ha hecho mucho daño a mi familia y eso lo va a pagar”.
Y fue más lejos: “No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero tenga la certeza de que lo va a pagar”.
Cuando Antonini le preguntó si lo estaba amenazando, la respuesta fue aún más inquietante: “Quisiera usted que el que lo amenazara fuera yo, porque los que le van a cobrar no perdonan”.
Antonini denunció el hecho ante Fiscalía y dio aviso a las autoridades. Sin embargo, como tantas veces ocurre en este tipo de episodios, el caso no avanzó. Sin testigos directos y en un contexto donde este tipo de situaciones rara vez son priorizadas, la denuncia no pasó a mayores.
Pero que no haya tenido consecuencias judiciales no significa que no haya existido un hecho grave. Porque lo que quedó dicho, quedó dicho.
DE LA POLÍTICA AL DESCONTROL: EL “INQUILINO DE PESADILLA”
Hoy, un nuevo testimonio vuelve a poner a Silvera en el centro de la polémica, esta vez por su comportamiento como inquilino en Punta del Este.
La denunciante, una trabajadora inmobiliaria llamada Marie Clavier publicó el caso en redes sociales y fue contactada por Crónicas del Este. Fue contundente en sus dichos:
“Este muchacho (Matías Silvera Ortiz) es hijo del intendente actual de Treinta y Tres… tuve el disgusto de hablar y se me rió en la cara, se lavó las manos literal”.
Según su relato, Silvera alquiló una cabaña en Pinares bajo condiciones falsas:
“Mintió con mala fe respecto a que eran dos parejas y un niño, por eso les alquilé la casa, sino no se las hubiese alquilado”.
Lo que siguió fue, según la denunciante, un verdadero descontrol:
“La primer fiesta duró más de 12 horas y fue multitudinaria”.
“Hizo varias fiestas”. “Usaron el jardín de estacionamiento… quedaban enterradas camionetas… el jardín quedó destruido”.
Pero hay un dato que sintetiza todo:
“Tengo fotos del arbolito de flora indígena… lo arrancaron de cuajo”.
Los daños fueron tales que la garantía de 500 dólares no alcanzó:
“Tuve que poner yo de mi bolsillo $30.000 para pagarle a la dueña de la casa”.
Y la conclusión, lapidaria: “Es el problema que tenemos con los políticos en este país, actúan con total impunidad”.
CUANDO EL PODER SE CONVIERTE EN IMPUNIDAD
Matías Silvera no es un ciudadano cualquiera. Es edil y presidente de la Comisión de Hacienda de la intendencia de Treinta y Tres. Es hijo de un intendente y parte de un entramado de poder político.
Y sin embargo, aparece vinculado a dos escenas que hablan por sí solas: una amenaza a un diputado en un ámbito institucional —que terminó diluyéndose sin consecuencias— y un comportamiento destructivo en el ámbito privado, con denuncias de mentiras, fiestas descontroladas y daños materiales.
La ética pública no es un discurso. Es conducta.
Hay conductas que no admiten matices. Y mucho menos cuando provienen de alguien que ocupa cargos públicos, maneja dinero de todos y debería, al menos, exhibir un mínimo de ética. El caso de Matías Silvera Ortiz —edil del Partido Nacional en Treinta y Tres, presidente de la Comisión de Hacienda, hijo del intendente Mario Silvera y hijastro del exministro Germán Cardoso— es, sencillamente, un compendio de lo que no debe ser un representante político. No se trata de un hecho aislado. No es un “error”. Es un patrón. DENUNCIADO POR AMENZAS A UN DIPUTADO EN 2022 En 2022, durante el Congreso Nacional de Ediles en Maldonado, Silvera protagonizó un episodio gravísimo con el entonces diputado frenteamplista Eduardo Antonini (hoy senador). Según el propio Antonini, el edil se le acercó sin previo conocimiento y le dijo: “No vengo a saludarlo, vengo a decir que usted ha hecho mucho daño a mi familia y eso lo va a pagar”. Y fue más lejos: “No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero tenga la certeza de que lo va a pagar”. Cuando Antonini le preguntó si lo estaba amenazando, la respuesta fue aún más inquietante: “Quisiera usted que el que lo amenazara fuera yo, porque los que le van a cobrar no perdonan”. Antonini denunció el hecho ante Fiscalía y dio aviso a las autoridades. Sin embargo, como tantas veces ocurre en este tipo de episodios, el caso no avanzó. Sin testigos directos y en un contexto donde este tipo de situaciones rara vez son priorizadas, la denuncia no pasó a mayores. Pero que no haya tenido consecuencias judiciales no significa que no haya existido un hecho grave. Porque lo que quedó dicho, quedó dicho. DE LA POLÍTICA AL DESCONTROL: EL “INQUILINO DE PESADILLA” Hoy, un nuevo testimonio vuelve a poner a Silvera en el centro de la polémica, esta vez por su comportamiento como inquilino en Punta del Este. La denunciante, una trabajadora inmobiliaria llamada Marie Clavier publicó el caso en redes sociales y fue contactada por Crónicas del Este. Fue contundente en sus dichos: “Este muchacho (Matías Silvera Ortiz) es hijo del intendente actual de Treinta y Tres… tuve el disgusto de hablar y se me rió en la cara, se lavó las manos literal”. Según su relato, Silvera alquiló una cabaña en Pinares bajo condiciones falsas: “Mintió con mala fe respecto a que eran dos parejas y un niño, por eso les alquilé la casa, sino no se las hubiese alquilado”. Lo que siguió fue, según la denunciante, un verdadero descontrol: “La primer fiesta duró más de 12 horas y fue multitudinaria”. “Hizo varias fiestas”. “Usaron el jardín de estacionamiento… quedaban enterradas camionetas… el jardín quedó destruido”. Pero hay un dato que sintetiza todo: “Tengo fotos del arbolito de flora indígena… lo arrancaron de cuajo”. Los daños fueron tales que la garantía de 500 dólares no alcanzó: “Tuve que poner yo de mi bolsillo $30.000 para pagarle a la dueña de la casa”. Y la conclusión, lapidaria: “Es el problema que tenemos con los políticos en este país, actúan con total impunidad”. CUANDO EL PODER SE CONVIERTE EN IMPUNIDAD Matías Silvera no es un ciudadano cualquiera. Es edil y presidente de la Comisión de Hacienda de la intendencia de Treinta y Tres. Es hijo de un intendente y parte de un entramado de poder político. Y sin embargo, aparece vinculado a dos escenas que hablan por sí solas: una amenaza a un diputado en un ámbito institucional —que terminó diluyéndose sin consecuencias— y un comportamiento destructivo en el ámbito privado, con denuncias de mentiras, fiestas descontroladas y daños materiales. La ética pública no es un discurso. Es conducta.
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