LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE COLONIZACIÓN BAJO LACALLE POU: ENTRE DESMANTELAMIENTO Y SOSPECHAS
Crónicas del Este 19/01/2025 Política
La administración del Instituto Nacional de Colonización (INC) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou ha sido objeto de crecientes críticas por lo que muchos consideran un proceso de desmantelamiento deliberado. Desde su llegada al poder, las decisiones políticas han demostrado que la producción familiar, tradicionalmente prioritaria en este ámbito, dejó de ocupar un lugar central en la agenda gubernamental.
Uno de los golpes más duros al INC fue la eliminación de dos impuestos fundamentales para la compra de tierras mediante la Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024. En lugar de destinarse al instituto, esos recursos se redirigieron al fideicomiso de integración social y urbana, afectando la capacidad del INC para adquirir nuevas tierras para colonos.
Además, la reducción de vacantes y los recortes en el presupuesto de funcionamiento han impactado directamente en la operativa del instituto, debilitando su estructura y capacidad de respuesta. Según denuncias, esta situación ha sido agravada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que permitió la retirada de más de 60,000 hectáreas del régimen de colonización, reforzando el ya preocupante proceso de concentración de tierras en Uruguay.
En paralelo, el gobierno adoptó un modelo de venta de tierras a colonos arrendatarios, bajo el cual se han enajenado 4,000 hectáreas. Esta política ha sido cuestionada por priorizar la propiedad individual frente al acceso colectivo que históricamente promovía el INC.
El resultado de estas medidas ha generado un panorama que críticos califican como “tenebroso”. La reducción de recursos, el debilitamiento institucional y las ventas de tierras representan, para muchos, un retroceso en la histórica misión del INC de promover la producción familiar y la descentralización territorial.
El Instituto Nacional de Colonización, creado en 1948 con el objetivo de democratizar el acceso a la tierra, parece haber sido reconfigurado bajo una lógica que prioriza intereses contrarios a su espíritu fundacional. Las dudas y sospechas sobre las verdaderas intenciones de estas políticas siguen creciendo, mientras el campo uruguayo enfrenta un futuro incierto.
La administración del Instituto Nacional de Colonización (INC) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou ha sido objeto de crecientes críticas por lo que muchos consideran un proceso de desmantelamiento deliberado. Desde su llegada al poder, las decisiones políticas han demostrado que la producción familiar, tradicionalmente prioritaria en este ámbito, dejó de ocupar un lugar central en la agenda gubernamental. Uno de los golpes más duros al INC fue la eliminación de dos impuestos fundamentales para la compra de tierras mediante la Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024. En lugar de destinarse al instituto, esos recursos se redirigieron al fideicomiso de integración social y urbana, afectando la capacidad del INC para adquirir nuevas tierras para colonos. Además, la reducción de vacantes y los recortes en el presupuesto de funcionamiento han impactado directamente en la operativa del instituto, debilitando su estructura y capacidad de respuesta. Según denuncias, esta situación ha sido agravada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que permitió la retirada de más de 60,000 hectáreas del régimen de colonización, reforzando el ya preocupante proceso de concentración de tierras en Uruguay. En paralelo, el gobierno adoptó un modelo de venta de tierras a colonos arrendatarios, bajo el cual se han enajenado 4,000 hectáreas. Esta política ha sido cuestionada por priorizar la propiedad individual frente al acceso colectivo que históricamente promovía el INC. El resultado de estas medidas ha generado un panorama que críticos califican como “tenebroso”. La reducción de recursos, el debilitamiento institucional y las ventas de tierras representan, para muchos, un retroceso en la histórica misión del INC de promover la producción familiar y la descentralización territorial. El Instituto Nacional de Colonización, creado en 1948 con el objetivo de democratizar el acceso a la tierra, parece haber sido reconfigurado bajo una lógica que prioriza intereses contrarios a su espíritu fundacional. Las dudas y sospechas sobre las verdaderas intenciones de estas políticas siguen creciendo, mientras el campo uruguayo enfrenta un futuro incierto.
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