INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA REVELA EXPLOTACIÓN SEXUAL, MUERTE Y DESAPARICIONES DE MENORES BAJO EL AMPARO DEL ESTADO URUGUAYO
Crónicas del Este 04/08/2023 Política
Sergio Secinaro
En un desgarrador artículo escrito por Angelina De Los Santos para el medio británico Opendemocracy, se expone la preocupante situación de explotación sexual de menores en Uruguay bajo el amparo del Estado. La investigación revela una serie de casos alarmantes en los que jóvenes, que estaban bajo el cuidado del Estado, fueron víctimas de explotación sexual y cuyas circunstancias de muerte aún siguen sin esclarecerse.
Los casos expuestos son desgarradores y representan una realidad dolorosa que enfrentan muchos jóvenes en el país. Entre ellos, se encuentra el de una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado con heridas en la cabeza, el cuello y la espalda en una cuneta de un barrio obrero en la ciudad uruguaya de Treinta y Tres. Otro adolescente de la misma edad apareció ahogado en una cantera, y una tercera joven murió por una infección posaborto en el hospital departamental.
Lo más inquietante es que estos jóvenes compartían una historia similar: todos estaban bajo el cuidado estatal y eran víctimas de explotación sexual en el departamento de Treinta y Tres. Según el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau) y la organización social Gurises Unidos, que se dedica a la protección y defensa de la infancia, otros 17 niños, niñas y adolescentes también estaban en la misma situación de vulnerabilidad.
Estado uruguayo no blinda de la explotación sexual a menores bajo su amparo
Por: Angelina De Los Santos
Activistas denuncian que menores captados por presuntos explotadores sexuales desaparecen o mueren, pero el sistema permanece impasible.
En una cuneta de un barrio obrero de la ciudad uruguaya de Treinta y Tres, a 290 kilómetros de Montevideo, se encontró el cuerpo de una adolescente de 14 años con heridas en la cabeza, el cuello y la espalda.
Otro adolescente de la misma edad apareció ahogado en una cantera. Una tercera murió por una infección posaborto en el hospital departamental.
La fiscalía está investigando las tres muertes, pero las circunstancias que las rodearon aún son desconocidas. Sin embargo, es sabido que además de tener la misma edad, los adolescentes compartían una historia similar.
Los tres habían estado o estaban bajo cuidado estatal, y eran víctimas de explotación sexual en el departamento de Treinta y Tres, al igual que otras 17 niñas, niños y adolescentes en amparo, según el estatal Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau) y la organización social Gurises Unidos, que se dedica a la protección y defensa de la infancia.
“Algo que saben los depredadores es dónde están los gurises más vulnerables”, dijo a openDemocracy el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), Luis Purtscher.
El caso se remonta a 2021, cuando tras un año de trabajo de relevamiento y entrevistas a niños, niñas y adolescentes afectadas, el propio Inau y Gurises Unidos presentaron una denuncia conjunta a la fiscalía.
Pero la explotación sexual de menores sigue siendo noticia en Uruguay. Hasta julio de este año, 10 personas habían denunciado al político Gustavo Penadés, senador del partido del presidente Luis Lacalle Pou, por explotación sexual cuando eran menores. Penadés niega haber cometido delito alguno y afirma que las acusaciones forman parte de un complot contra él.
Este delito está profundamente arraigado y “naturalizado” en este país, advierte Andrea Tuana, directora de El Paso, organización social en la que el estado terceriza la atención de las víctimas de trata desde 2011.
La violencia sexual comercial tiene consecuencias traumáticas para niños, niñas, adolescentes y mujeres, principalmente aquellas de entornos vulnerados.
Una investigación de openDemocracy de un año evidenció una de las consecuencias más alarmantes de este problema enquistado: la desaparición de adolescentes y mujeres jóvenes, posibles víctimas de trata sexual, ante la omisión y negligencia estatal.
Según el comisario general Juan Rodríguez, que encabezó hasta marzo de 2023 la dirección de lucha contra el crimen organizado e Interpol del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2022 no hubo ninguna mujer desaparecida que hubiera sido víctima de trata sexual. Pero la investigación de openDemocracy arroja serias dudas sobre los datos oficiales.
Una nube de incertidumbre
Rocío Duche tenía 14 años, vivía en un hogar del Inau y visitaba ocasionalmente la casa de su madre. La noche del 7 de julio de 2018, salió y no volvió. “Niña caída en una cuneta” fue el alerta que recibió la policía de Treinta y Tres sobre el hallazgo de su cadáver con cortes en la cabeza, espalda y cuello, según la denuncia publicada por el periódico uruguayo la diaria.
Más de un año después, el 25 de septiembre de 2019, otro adolescente de 14 años en seguimiento del Inau, Ángel Acosta, apareció ahogado en una cantera de Treinta y Tres. Testigos lo habían visto llegar al lugar a caballo, acompañado de un hombre.
El 14 de diciembre de 2020, Milagros Piedra, también de 14 años y bajo amparo estatal, murió por complicaciones tras un aborto en el hospital público de Treinta y Tres. La fiscalía sigue investigando una posible mala praxis o negligencia. Antes de morir, Milagros había publicado en su página de Facebook los nombres de sospechosos del asesinato de Rocío.
Los casos abiertos por estas muertes y la presunta explotación sexual y trata de estos tres adolescentes y los otros 17 identificados como víctimas no avanzan.
“Las investigaciones han sido un desastre”, dijo a openDemocracy la abogada de la familia de Rocío y Ángel, Marcela Falco.
La fiscal adscripta de Treinta y Tres, Andrea Leticia Techera Lampes, dijo a openDemocracy que “la fiscalía está agotando todas las instancias de investigación necesarias y está comprometida con la investigación de estos temas“. Pero se negó a aportar detalles, al igual que la fiscal letrada departamental, Alicia Abreu. “La investigación permanece abierta, es de carácter reservada y por tanto no se proporcionará ninguna información”, contestó Abreu en un correo electrónico.
Falco cree que la falta de avances se debe a la “corrupción del sistema”. “Si movemos una pieza empiezan a caer otras que pueden estar vinculadas al ámbito policial”, aseguró.
La denuncia presentada por el Inau y Gurises Unidos identificó a 30 sospechosos o cómplices de la red de explotación y trata. El Inau no contestó la solicitud de entrevista de openDemocracy, y Gurises Unidos no quiso comentar sobre el tema. Pero según la denuncia publicada por la diaria, entre los sospechosos hay policías “vinculados a la red y/o facilitando el funcionamiento de la misma, recibiendo dinero para callar o desviar información”. Algunos “extorsionan y manipulan a adolescentes solicitándoles, a cambio de bienes, sustancias, e incluso su silencio, prácticas sexuales o imágenes de su cuerpo desnudo”, añade la denuncia.
El comisario mayor de la policía de Treinta y Tres desde marzo de 2022, Richard Lima, desmintió las acusaciones vertidas en la denuncia contra la policía. “En el expediente no surge absolutamente nada, ni un testimonio, ni un indicio, ni siquiera un aporte anónimo o reservado, que refiera a policías como sospechosos o involucrados”, dijo Lima por escrito a openDemocracy.
Y agregó: "Debo afirmar rotundamente que muchos rumores (como la implicación de policías en el caso Duche) no tienen constancia, ni siquiera una mención de ninguna fuente en el expediente del caso".
No obstante, en Treinta y Tres resulta evidente la negligencia de las instituciones que, en lugar de mantener a salvo a niñas, niños y adolescentes, permiten que sean abusadas por explotadores sexuales.
CAPTADOS EN CENTROS PÚBLICOS
La denuncia del Inau y Gurises Unidos sostiene que los perpetradores captan a niñas, niños y adolescentes ofreciéndoles drogas o mediante engañosos vínculos románticos, y acceden a ellos directamente en centros educativos y hogares del Inau a los que concurren para conseguir información.
También los amenazan de muerte. "Estoy mal. No quiero seguir en Treinta y Tres, me tienen que sacar de acá”, dijo una de las adolescentes víctimas de la red.
Hasta junio de este año, el Inau, que rige las políticas públicas de infancia y adolescencia en Uruguay, no contaba con ningún programa en Treinta y Tres para abordar la violencia sexual contra menores a su cargo, que sumaban 1.439 para entonces. En otros departamentos existen programas de este tipo.
El último informe de Conapees, publicado en 2022, estima que 30% de las víctimas de explotación sexual en Uruguay eran menores bajo protección estatal. Pero Luis Purtscher, el director del comité, advierte que existe subregistro.
Trabajadores sociales creen que una de las razones para cifras aún más altas es la frecuencia con que los adolescentes se escapan de los centros y hogares de acogida gestionados por el Inau.
Purtscher, Tuana y otras fuentes especializadas en bienestar infantil explican que en estas “salidas no acordadas”, niñas, niños y adolescentes son trasladados a otras zonas de la ciudad y a otros departamentos para su explotación sexual. Durante esas ausencias intermitentes de los hogares y centros de acogida del Inau, "no se sabe nada de ellos", dijo Tuana a openDemocracy.
“Nos lleva mucho tiempo que la mujer pueda identificar que no fue que tomó una mala decisión, sino que alguien la eligió y dijo “a esta la quiero para que produzca plata para mí”.
SANDRA PERRONI, COORDINADORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE URUGUAY
Cuando regresan, los menores no explican qué pasó o dónde estuvieron. Sandra Perroni, que coordina el servicio de atención a víctimas de trata de El Paso, cree que este silencio obedece principalmente a que no se consideran víctimas de un delito, lo que dificulta aún más que pidan ayuda y puedan salir de la red de trata.
“Nos lleva mucho tiempo y trabajo que la mujer pueda identificar que no fue que tomó una mala decisión, sino que alguien la eligió, la seleccionó y dijo ‘a esta la quiero para que produzca plata para mí’, sobre todo en las adolescentes”, dijo Perroni.
Según Rodríguez, que dirigió la unidad de lucha contra el crimen organizado e Interpol de la que depende el departamento de personas ausentes, 63% de las denuncias recibidas entre 2020 y 2022 por menores ausentes correspondían a niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal; de ellos, 57% eran mujeres.
El Ministerio del Interior no informa cuántas denuncias de personas ausentes están duplicadas ("repetidas", según la terminología oficial para referirse a personas que desaparecen más de una vez), ni cuántas han sido localizadas. Pero Rodríguez afirmó que las denuncias por ausencias de menores de 18 años habían aumentado en los últimos tres años y que ahora representan más de la mitad (56%) de todas las denuncias de personas desaparecidas (14.207 entre 2020 y 2022).
El mayor caso judicial de explotación sexual en Uruguay, la Operación Océano, se hizo público en mayo de 2020. Involucró a 20 víctimas mujeres menores de edad (13 a 17 años) y a 33 acusados, todos hombres. Nueve fueron condenados, 13 absueltos y 11 siguen procesados; muchos de ellos son profesionales.
La investigación fue impulsada por la muerte de una joven de 18 años, que fue encontrada en un arroyo cerca de Montevideo en marzo de 2020. La joven había denunciado abusos sexuales antes de desaparecer.
Pero la Operación Océano sólo arañó la superficie de la explotación sexual infantil en Uruguay. Organizaciones locales de derechos humanos señalan que la mayoría de los casos nunca se denuncian, mientras que muchas sobrevivientes jamás reciben asistencia.
El trabajo sexual es legal en Uruguay, pero el proxenetismo y la trata son delitos. Cualquier comercio sexual con menores de 18 años también está tipificado como explotación, sin excepciones.
Sergio Secinaro
En un desgarrador artículo escrito por Angelina De Los Santos para el medio británico Opendemocracy, se expone la preocupante situación de explotación sexual de menores en Uruguay bajo el amparo del Estado. La investigación revela una serie de casos alarmantes en los que jóvenes, que estaban bajo el cuidado del Estado, fueron víctimas de explotación sexual y cuyas circunstancias de muerte aún siguen sin esclarecerse.
Los casos expuestos son desgarradores y representan una realidad dolorosa que enfrentan muchos jóvenes en el país. Entre ellos, se encuentra el de una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado con heridas en la cabeza, el cuello y la espalda en una cuneta de un barrio obrero en la ciudad uruguaya de Treinta y Tres. Otro adolescente de la misma edad apareció ahogado en una cantera, y una tercera joven murió por una infección posaborto en el hospital departamental.
Lo más inquietante es que estos jóvenes compartían una historia similar: todos estaban bajo el cuidado estatal y eran víctimas de explotación sexual en el departamento de Treinta y Tres. Según el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau) y la organización social Gurises Unidos, que se dedica a la protección y defensa de la infancia, otros 17 niños, niñas y adolescentes también estaban en la misma situación de vulnerabilidad.
Estado uruguayo no blinda de la explotación sexual a menores bajo su amparo
Por: Angelina De Los Santos
Activistas denuncian que menores captados por presuntos explotadores sexuales desaparecen o mueren, pero el sistema permanece impasible.
En una cuneta de un barrio obrero de la ciudad uruguaya de Treinta y Tres, a 290 kilómetros de Montevideo, se encontró el cuerpo de una adolescente de 14 años con heridas en la cabeza, el cuello y la espalda.
Otro adolescente de la misma edad apareció ahogado en una cantera. Una tercera murió por una infección posaborto en el hospital departamental.
La fiscalía está investigando las tres muertes, pero las circunstancias que las rodearon aún son desconocidas. Sin embargo, es sabido que además de tener la misma edad, los adolescentes compartían una historia similar.
Los tres habían estado o estaban bajo cuidado estatal, y eran víctimas de explotación sexual en el departamento de Treinta y Tres, al igual que otras 17 niñas, niños y adolescentes en amparo, según el estatal Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau) y la organización social Gurises Unidos, que se dedica a la protección y defensa de la infancia.
“Algo que saben los depredadores es dónde están los gurises más vulnerables”, dijo a openDemocracy el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), Luis Purtscher.
El caso se remonta a 2021, cuando tras un año de trabajo de relevamiento y entrevistas a niños, niñas y adolescentes afectadas, el propio Inau y Gurises Unidos presentaron una denuncia conjunta a la fiscalía.
Pero la explotación sexual de menores sigue siendo noticia en Uruguay. Hasta julio de este año, 10 personas habían denunciado al político Gustavo Penadés, senador del partido del presidente Luis Lacalle Pou, por explotación sexual cuando eran menores. Penadés niega haber cometido delito alguno y afirma que las acusaciones forman parte de un complot contra él.
Este delito está profundamente arraigado y “naturalizado” en este país, advierte Andrea Tuana, directora de El Paso, organización social en la que el estado terceriza la atención de las víctimas de trata desde 2011.
La violencia sexual comercial tiene consecuencias traumáticas para niños, niñas, adolescentes y mujeres, principalmente aquellas de entornos vulnerados.
Una investigación de openDemocracy de un año evidenció una de las consecuencias más alarmantes de este problema enquistado: la desaparición de adolescentes y mujeres jóvenes, posibles víctimas de trata sexual, ante la omisión y negligencia estatal.
Según el comisario general Juan Rodríguez, que encabezó hasta marzo de 2023 la dirección de lucha contra el crimen organizado e Interpol del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2022 no hubo ninguna mujer desaparecida que hubiera sido víctima de trata sexual. Pero la investigación de openDemocracy arroja serias dudas sobre los datos oficiales.
Una nube de incertidumbre
Rocío Duche tenía 14 años, vivía en un hogar del Inau y visitaba ocasionalmente la casa de su madre. La noche del 7 de julio de 2018, salió y no volvió. “Niña caída en una cuneta” fue el alerta que recibió la policía de Treinta y Tres sobre el hallazgo de su cadáver con cortes en la cabeza, espalda y cuello, según la denuncia publicada por el periódico uruguayo la diaria.
Más de un año después, el 25 de septiembre de 2019, otro adolescente de 14 años en seguimiento del Inau, Ángel Acosta, apareció ahogado en una cantera de Treinta y Tres. Testigos lo habían visto llegar al lugar a caballo, acompañado de un hombre.
El 14 de diciembre de 2020, Milagros Piedra, también de 14 años y bajo amparo estatal, murió por complicaciones tras un aborto en el hospital público de Treinta y Tres. La fiscalía sigue investigando una posible mala praxis o negligencia. Antes de morir, Milagros había publicado en su página de Facebook los nombres de sospechosos del asesinato de Rocío.
Los casos abiertos por estas muertes y la presunta explotación sexual y trata de estos tres adolescentes y los otros 17 identificados como víctimas no avanzan.
“Las investigaciones han sido un desastre”, dijo a openDemocracy la abogada de la familia de Rocío y Ángel, Marcela Falco.
La fiscal adscripta de Treinta y Tres, Andrea Leticia Techera Lampes, dijo a openDemocracy que “la fiscalía está agotando todas las instancias de investigación necesarias y está comprometida con la investigación de estos temas“. Pero se negó a aportar detalles, al igual que la fiscal letrada departamental, Alicia Abreu. “La investigación permanece abierta, es de carácter reservada y por tanto no se proporcionará ninguna información”, contestó Abreu en un correo electrónico.
Falco cree que la falta de avances se debe a la “corrupción del sistema”. “Si movemos una pieza empiezan a caer otras que pueden estar vinculadas al ámbito policial”, aseguró.
La denuncia presentada por el Inau y Gurises Unidos identificó a 30 sospechosos o cómplices de la red de explotación y trata. El Inau no contestó la solicitud de entrevista de openDemocracy, y Gurises Unidos no quiso comentar sobre el tema. Pero según la denuncia publicada por la diaria, entre los sospechosos hay policías “vinculados a la red y/o facilitando el funcionamiento de la misma, recibiendo dinero para callar o desviar información”. Algunos “extorsionan y manipulan a adolescentes solicitándoles, a cambio de bienes, sustancias, e incluso su silencio, prácticas sexuales o imágenes de su cuerpo desnudo”, añade la denuncia.
El comisario mayor de la policía de Treinta y Tres desde marzo de 2022, Richard Lima, desmintió las acusaciones vertidas en la denuncia contra la policía. “En el expediente no surge absolutamente nada, ni un testimonio, ni un indicio, ni siquiera un aporte anónimo o reservado, que refiera a policías como sospechosos o involucrados”, dijo Lima por escrito a openDemocracy.
Y agregó: "Debo afirmar rotundamente que muchos rumores (como la implicación de policías en el caso Duche) no tienen constancia, ni siquiera una mención de ninguna fuente en el expediente del caso".
No obstante, en Treinta y Tres resulta evidente la negligencia de las instituciones que, en lugar de mantener a salvo a niñas, niños y adolescentes, permiten que sean abusadas por explotadores sexuales.
CAPTADOS EN CENTROS PÚBLICOS
La denuncia del Inau y Gurises Unidos sostiene que los perpetradores captan a niñas, niños y adolescentes ofreciéndoles drogas o mediante engañosos vínculos románticos, y acceden a ellos directamente en centros educativos y hogares del Inau a los que concurren para conseguir información.
También los amenazan de muerte. "Estoy mal. No quiero seguir en Treinta y Tres, me tienen que sacar de acá”, dijo una de las adolescentes víctimas de la red.
Hasta junio de este año, el Inau, que rige las políticas públicas de infancia y adolescencia en Uruguay, no contaba con ningún programa en Treinta y Tres para abordar la violencia sexual contra menores a su cargo, que sumaban 1.439 para entonces. En otros departamentos existen programas de este tipo.
El último informe de Conapees, publicado en 2022, estima que 30% de las víctimas de explotación sexual en Uruguay eran menores bajo protección estatal. Pero Luis Purtscher, el director del comité, advierte que existe subregistro.
Trabajadores sociales creen que una de las razones para cifras aún más altas es la frecuencia con que los adolescentes se escapan de los centros y hogares de acogida gestionados por el Inau.
Purtscher, Tuana y otras fuentes especializadas en bienestar infantil explican que en estas “salidas no acordadas”, niñas, niños y adolescentes son trasladados a otras zonas de la ciudad y a otros departamentos para su explotación sexual. Durante esas ausencias intermitentes de los hogares y centros de acogida del Inau, "no se sabe nada de ellos", dijo Tuana a openDemocracy.
“Nos lleva mucho tiempo que la mujer pueda identificar que no fue que tomó una mala decisión, sino que alguien la eligió y dijo “a esta la quiero para que produzca plata para mí”.
SANDRA PERRONI, COORDINADORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE URUGUAY
Cuando regresan, los menores no explican qué pasó o dónde estuvieron. Sandra Perroni, que coordina el servicio de atención a víctimas de trata de El Paso, cree que este silencio obedece principalmente a que no se consideran víctimas de un delito, lo que dificulta aún más que pidan ayuda y puedan salir de la red de trata.
“Nos lleva mucho tiempo y trabajo que la mujer pueda identificar que no fue que tomó una mala decisión, sino que alguien la eligió, la seleccionó y dijo ‘a esta la quiero para que produzca plata para mí’, sobre todo en las adolescentes”, dijo Perroni.
Según Rodríguez, que dirigió la unidad de lucha contra el crimen organizado e Interpol de la que depende el departamento de personas ausentes, 63% de las denuncias recibidas entre 2020 y 2022 por menores ausentes correspondían a niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal; de ellos, 57% eran mujeres.
El Ministerio del Interior no informa cuántas denuncias de personas ausentes están duplicadas ("repetidas", según la terminología oficial para referirse a personas que desaparecen más de una vez), ni cuántas han sido localizadas. Pero Rodríguez afirmó que las denuncias por ausencias de menores de 18 años habían aumentado en los últimos tres años y que ahora representan más de la mitad (56%) de todas las denuncias de personas desaparecidas (14.207 entre 2020 y 2022).
El mayor caso judicial de explotación sexual en Uruguay, la Operación Océano, se hizo público en mayo de 2020. Involucró a 20 víctimas mujeres menores de edad (13 a 17 años) y a 33 acusados, todos hombres. Nueve fueron condenados, 13 absueltos y 11 siguen procesados; muchos de ellos son profesionales.
La investigación fue impulsada por la muerte de una joven de 18 años, que fue encontrada en un arroyo cerca de Montevideo en marzo de 2020. La joven había denunciado abusos sexuales antes de desaparecer.
Pero la Operación Océano sólo arañó la superficie de la explotación sexual infantil en Uruguay. Organizaciones locales de derechos humanos señalan que la mayoría de los casos nunca se denuncian, mientras que muchas sobrevivientes jamás reciben asistencia.
El trabajo sexual es legal en Uruguay, pero el proxenetismo y la trata son delitos. Cualquier comercio sexual con menores de 18 años también está tipificado como explotación, sin excepciones.
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