ENTREVISTA CON JORGE NÚÑEZ: "EL PROGRAMA DE CAMINERÍA RURAL ESTÁ LLENO DE IRREGULARIDADES Y FALTA DE CONTROLES"

Crónicas del Este 03/12/2024 Política

En conversación con Crónicas del Este, es Economista Jorge Núñez e integrante de una fundación de participación ciudadana que denunció una serie de irregularidades en el programa de Caminería Rural. Esta problemática, que incluso ha llegado a la órbita judicial, plantea serios cuestionamientos sobre la gestión y el uso de fondos públicos destinados al mantenimiento y reparación de caminos rurales en Uruguay.

Una experiencia personal que destapa un problema mayor

Jorge Núñez, quien vive desde hace más de una década en una chacra ubicada en San Jacinto, Canelones, comenzó a notar anomalías tras años de deterioro del Camino Atapia, que conecta su propiedad con otras zonas rurales. Según explicó:
"Este camino está en un estado deplorable desde hace años. Cuando intentamos buscar soluciones con las autoridades locales, siempre nos encontramos con excusas. Al principio, se atribuía el problema a factores climáticos, pero tras investigar a fondo descubrimos un patrón de mala gestión, descontrol y posibles irregularidades en la ejecución de los fondos públicos."
Como exfuncionario internacional del Banco Mundial, Núñez aplicó sus conocimientos en auditoría para analizar los recursos asignados al programa. Según detalló, entre los años 2020 y 2024, se destinaron cerca de 200 millones de dólares a la caminería rural. Sin embargo, la falta de transparencia en el uso de estos fondos es alarmante.

Dos programas, muchas dudas

El presupuesto de Caminería Rural se divide en dos programas principales: el programa 994, que se financia con fondos internacionales, y el programa 999, que utiliza recursos provenientes de impuestos municipales, como la contribución inmobiliaria y la patente de rodados. Núñez sostiene que, mientras que el programa 994 cumple con ciertas normativas de licitación pública y auditoría, el programa 999 presenta graves falencias.
"El problema es que no hay licitaciones públicas abiertas y competitivas para los proyectos financiados con fondos del programa 999. Esto va en contra del artículo 33 del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), que establece que cualquier gasto de esta magnitud debe pasar por procesos de licitación."
Además, cuestionó la decisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de no realizar controles rigurosos sobre estos fondos: "La OPP se limita a transferir el dinero a las intendencias, pero no ejerce ninguna responsabilidad sobre cómo se utiliza."

Decisiones polémicas y falta de controles

Núñez denunció que, en 2021, el entonces subsecretario Luis Falero decidió eliminar las inspecciones técnicas que garantizaban el control de calidad en los trabajos de caminería rural. Según Núñez, esta decisión se tomó bajo el pretexto de que las inspecciones llegaban tarde y entorpecían el proceso.
"Esta medida fue un grave error. Sin controles efectivos, no hay manera de garantizar la calidad, el costo ni la durabilidad de los trabajos realizados. Es inaceptable que se tomen decisiones que van en contra de los principios básicos de administración pública."

Falta de transparencia en los gastos

Otro punto crítico es la falta de documentación respaldatoria. Núñez solicitó información pública sobre las intervenciones realizadas bajo el programa 999, pero las respuestas fueron insuficientes.
"Cuando pregunté por los documentos que respaldan las obras realizadas, me dijeron que no los tenían o que simplemente no sabían. Esto refleja una total falta de profesionalismo y responsabilidad."
En una reunión con el contador Fernando Blanco, un alto funcionario de la OPP, Núñez recibió respuestas que calificó de alarmantes: "El contador me trató como si fuera un delincuente por exigir transparencia. Lo que quedó claro es que no están haciendo su trabajo de manera adecuada."

Impacto en la ciudadanía

Núñez destacó que esta falta de control y planificación afecta directamente a los ciudadanos, especialmente a quienes dependen de los caminos rurales para sus actividades económicas y su vida cotidiana.
"Los caminos son esenciales para las comunidades rurales. Sin ellos, no pueden trasladar sus productos, acceder a servicios básicos o simplemente llevar una vida digna. Es inadmisible que se destinen 200 millones de dólares y no haya resultados concretos."

Un llamado a la justicia

Ante este panorama, Núñez y su equipo han presentado una denuncia formal para que la justicia investigue el uso de estos fondos. También están solicitando una auditoría independiente que evalúe la gestión del programa de Caminería Rural en su totalidad.
"Estamos convencidos de que hay elementos suficientes para que la justicia actúe. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se están utilizando sus impuestos y exigir que los responsables rindan cuentas."
El caso expuesto por Jorge Núñez revela problemas estructurales en la gestión de los recursos públicos destinados a la caminería rural. Más allá de las denuncias puntuales, pone en evidencia la necesidad de establecer controles más rigurosos y de garantizar la transparencia en el uso de fondos.
La entrevista con Núñez deja un mensaje claro: sin controles efectivos y sin una ciudadanía vigilante, el mal uso de los recursos públicos seguirá siendo una carga para el país.