MOVILIZACIÓN SOCIAL INÉDITA RECHAZA PROYECTO EDILICIO EN PUNTA BALLENA
Crónicas del Este 19/12/2023 Sociedad
Un proyecto inmobiliario de gran envergadura en Punta Ballena ha generado preocupación entre vecinos, profesionales y académicos comprometidos con la preservación de los valores naturales, culturales e históricos de la zona.
El anuncio oficial, realizado el 30 de octubre en el Diario Oficial, sobre la divulgación del proyecto para la construcción de un complejo compuesto por 29 edificios y 320 apartamentos en la península de Punta Ballena, departamento de Maldonado, ha desencadenado una movilización sin precedentes. La población ha tomado conocimiento tardío de un proyecto de considerable impacto ambiental y social que ha estado en negociación durante varios años entre inversores privados, la Intendencia y el Ministerio de Ambiente.
El 2 de noviembre, una asamblea de vecinos y la Red Unión de la Costa, que aglutina a alrededor de 70 organizaciones, decidieron movilizarse en oposición al proyecto. El 9 de noviembre, con más de 3 mil firmas, se solicitó una prórroga para la divulgación del proyecto.
El Ministerio de Ambiente accedió a la solicitud y, en el plazo adicional de 10 días, se presentaron 13.545 comentarios por escrito. Además, la plataforma Change.org ha recopilado más de 80 mil firmas exigiendo la expropiación de Punta Ballena.
La singularidad de Punta Ballena, preservada a lo largo del tiempo, la convierte en un lugar emblemático de la naturaleza para quienes aprecian su belleza y para los estudiosos de sus características geológicas, biológicas y paisajísticas. Tanto los habitantes locales como los visitantes nacionales e internacionales la consideran un destino turístico único.
El estatus de Punta Ballena, ya sea como propiedad pública o privada, ha sido objeto de debate desde la década de 1970, cuando la Intendencia decidió expropiarla a los sucesores de Antonio Lussich. Sin completar el pago de la indemnización, los militares se adueñaron del lugar durante la dictadura y construyeron la ruta panorámica y el mirador.
Aunque no estaba escriturada como propiedad privada, la península continuó siendo considerada como un espacio público. En 1995, los propietarios presentaron una demanda judicial reclamando la devolución de la propiedad.
En 2001, la Suprema Corte ordenó que la Intendencia devolviera la península a los propietarios, incluyendo las áreas con obras públicas. En ese momento, el 70 por ciento de la propiedad ya estaba en manos del banquero argentino Ezequiel Carballo.
En los años siguientes, ambas partes negociaron un acuerdo que fue firmado por el intendente Oscar de los Santos en 2014 y ratificado por unanimidad por la Junta en 2017. Este acuerdo preservaba áreas públicas, como la ruta, el mirador y los accesos a la playa, e incluía un proyecto de condominios cerrados, compuesto por 37 edificios de tres plantas con 359 apartamentos, sujeto a la aprobación del Ministerio de Ambiente.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) dio luz verde al proyecto en 2015, creando un Grupo de Trabajo para evaluar su viabilidad. Después de varios pedidos de información adicional, el Grupo de Trabajo concluyó sin objeciones en 2020 la evaluación del proyecto, otorgándole la Categoría C, reservada para aquellos que "puedan producir impactos ambientales negativos significativos".
En abril de 2022, el proyecto presentó una Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP) a cargo de la consultora GEA, con una versión reducida de las obras, pasando de 37 a 29 edificios y de 359 a 320 apartamentos. La población, junto con organizaciones civiles y grupos académicos, considera que esta propuesta altera inaceptablemente los atributos naturales de Punta Ballena, que debería mantener su carácter de espacio público con condiciones adecuadas de preservación.
El 12 de diciembre concluyó la Puesta de Manifiesto, cuarta etapa del proceso de evaluación ambiental que, debido a su Categoría C, deberá someterse aún a una Audiencia Pública antes de la resolución final.
Varios sectores de la sociedad han expresado su oposición al proyecto en trámite, incluyendo a agrupaciones de vecinos, asociaciones profesionales, instituciones académicas y centros de estudiantes, así como instancias nacionales de organizaciones internacionales. Entre ellas se encuentran la Asociación Vecinos de Las Grutas - Punta Ballena, la Unión Vecinal de Punta Ballena, la Red Unión de la Costa, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Asociación de Limnología del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Geología, la Asociación Oceanográfica Uruguaya, el Centro Universitario Regional del Este (CURE), la Facultad de Arquitectura y Diseño del Uruguay, el Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias, entre otros.
Un proyecto inmobiliario de gran envergadura en Punta Ballena ha generado preocupación entre vecinos, profesionales y académicos comprometidos con la preservación de los valores naturales, culturales e históricos de la zona.
El anuncio oficial, realizado el 30 de octubre en el Diario Oficial, sobre la divulgación del proyecto para la construcción de un complejo compuesto por 29 edificios y 320 apartamentos en la península de Punta Ballena, departamento de Maldonado, ha desencadenado una movilización sin precedentes. La población ha tomado conocimiento tardío de un proyecto de considerable impacto ambiental y social que ha estado en negociación durante varios años entre inversores privados, la Intendencia y el Ministerio de Ambiente.
El 2 de noviembre, una asamblea de vecinos y la Red Unión de la Costa, que aglutina a alrededor de 70 organizaciones, decidieron movilizarse en oposición al proyecto. El 9 de noviembre, con más de 3 mil firmas, se solicitó una prórroga para la divulgación del proyecto.
El Ministerio de Ambiente accedió a la solicitud y, en el plazo adicional de 10 días, se presentaron 13.545 comentarios por escrito. Además, la plataforma Change.org ha recopilado más de 80 mil firmas exigiendo la expropiación de Punta Ballena.
La singularidad de Punta Ballena, preservada a lo largo del tiempo, la convierte en un lugar emblemático de la naturaleza para quienes aprecian su belleza y para los estudiosos de sus características geológicas, biológicas y paisajísticas. Tanto los habitantes locales como los visitantes nacionales e internacionales la consideran un destino turístico único.
El estatus de Punta Ballena, ya sea como propiedad pública o privada, ha sido objeto de debate desde la década de 1970, cuando la Intendencia decidió expropiarla a los sucesores de Antonio Lussich. Sin completar el pago de la indemnización, los militares se adueñaron del lugar durante la dictadura y construyeron la ruta panorámica y el mirador.
Aunque no estaba escriturada como propiedad privada, la península continuó siendo considerada como un espacio público. En 1995, los propietarios presentaron una demanda judicial reclamando la devolución de la propiedad.
En 2001, la Suprema Corte ordenó que la Intendencia devolviera la península a los propietarios, incluyendo las áreas con obras públicas. En ese momento, el 70 por ciento de la propiedad ya estaba en manos del banquero argentino Ezequiel Carballo.
En los años siguientes, ambas partes negociaron un acuerdo que fue firmado por el intendente Oscar de los Santos en 2014 y ratificado por unanimidad por la Junta en 2017. Este acuerdo preservaba áreas públicas, como la ruta, el mirador y los accesos a la playa, e incluía un proyecto de condominios cerrados, compuesto por 37 edificios de tres plantas con 359 apartamentos, sujeto a la aprobación del Ministerio de Ambiente.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) dio luz verde al proyecto en 2015, creando un Grupo de Trabajo para evaluar su viabilidad. Después de varios pedidos de información adicional, el Grupo de Trabajo concluyó sin objeciones en 2020 la evaluación del proyecto, otorgándole la Categoría C, reservada para aquellos que "puedan producir impactos ambientales negativos significativos".
En abril de 2022, el proyecto presentó una Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP) a cargo de la consultora GEA, con una versión reducida de las obras, pasando de 37 a 29 edificios y de 359 a 320 apartamentos. La población, junto con organizaciones civiles y grupos académicos, considera que esta propuesta altera inaceptablemente los atributos naturales de Punta Ballena, que debería mantener su carácter de espacio público con condiciones adecuadas de preservación.
El 12 de diciembre concluyó la Puesta de Manifiesto, cuarta etapa del proceso de evaluación ambiental que, debido a su Categoría C, deberá someterse aún a una Audiencia Pública antes de la resolución final.
Varios sectores de la sociedad han expresado su oposición al proyecto en trámite, incluyendo a agrupaciones de vecinos, asociaciones profesionales, instituciones académicas y centros de estudiantes, así como instancias nacionales de organizaciones internacionales. Entre ellas se encuentran la Asociación Vecinos de Las Grutas - Punta Ballena, la Unión Vecinal de Punta Ballena, la Red Unión de la Costa, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Asociación de Limnología del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Geología, la Asociación Oceanográfica Uruguaya, el Centro Universitario Regional del Este (CURE), la Facultad de Arquitectura y Diseño del Uruguay, el Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias, entre otros.
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