PIDEN LA RENUNCIA DEL SUBSECRETARIO ÓSCAR CAPUTI POR SUS VÍNCULOS EMPRESARIALES CON EL SECTOR FORESTAL

Crónicas del Este 02/11/2026 Política

El diputado nacionalista Mario Colman reclamó que el jerarca deje su cargo y anunció que convocará de urgencia al ministro Edgardo Ortuño al Parlamento. Caputi es accionista de una empresa vinculada a la actividad portuaria y a la logística de UPM. También se cuestionan sus antecedentes profesionales relacionados con proyectos privados que requieren autorizaciones ambientales.
La polémica vuelve a instalarse en el Ministerio de Ambiente y esta vez tiene como protagonista a su subsecretario, Óscar Caputi, cuyos vínculos empresariales con compañías relacionadas con el sector forestal quedaron nuevamente bajo la lupa.
El diputado del Partido Nacional Mario Colman fue contundente y reclamó públicamente su renuncia. A través de la red social X, calificó la situación como «insostenible» y sostuvo que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, debería pedirle que abandone el cargo.
El cuestionamiento surge luego de una publicación del semanario Brecha, que reveló aspectos de la participación empresarial de Caputi y sus conexiones con compañías vinculadas a la actividad forestal.
Uno de los elementos que generó mayor controversia es su participación accionaria en Ontemar SA. Caputi reconoció ante el Parlamento que posee el 0,36% de las acciones de esa sociedad desde 2021 y que tanto él como sus hermanos integran el directorio.
Pero el entramado empresarial no termina allí.
Ontemar es una de las cuatro empresas que integran Ontur Internacional SA, concesionaria de la terminal portuaria multipropósito de Nueva Palmira. La compañía finlandesa UPM, vinculada a la industria forestal, posee el 47,78% de las acciones, mientras que Ontemar cuenta con el 21,5%.
Se trata de una conexión particularmente sensible si se considera que UPM es el principal cliente de la terminal en materia de exportación de celulosa por vía fluvial y marítima, y que Ontemar también presta servicios logísticos para el acopio de esa producción.
EL PROBLEMA DE LOS INTERESES CRUZADOS
La discusión no se limita a la participación accionaria. También vuelve a aparecer el antecedente de la consultora ambiental Enviro, de la que Caputi formó parte antes de asumir como subsecretario y que elaboraba informes técnicos utilizados en trámites de autorizaciones ambientales.
A esto se suma su relación profesional con el empresario argentino Eduardo Costantini, impulsor de un proyecto inmobiliario próximo a los bañados de Carrasco.
En su momento, Caputi había señalado que ese emprendimiento podía representar una oportunidad para exigir al desarrollador que pusiera en valor el humedal. Sus declaraciones generaron cuestionamientos por su vinculación profesional previa con el empresario.
Ahora, la oposición entiende que las explicaciones brindadas hasta el momento no alcanzan para despejar las dudas sobre posibles conflictos de intereses.
Colman sostuvo que los vínculos empresariales con firmas relacionadas con UPM, la información que considera omitida ante el Parlamento y el episodio de los bañados de Carrasco requieren explicaciones.
La diputada colorada Elianne Castro también expresó preocupación. Si bien aclaró que no pretende atribuir intenciones irregulares al subsecretario, consideró extraño que vuelvan a aparecer vinculaciones empresariales de alguien que tiene responsabilidades de fiscalización ambiental.
La legisladora puso el foco en un aspecto central: cuando un jerarca se excusa de intervenir en determinados expedientes, también es necesario conocer las relaciones comerciales y los clientes de las empresas involucradas.
ORTUÑO BAJO PRESIÓN
El ministro Edgardo Ortuño adelantó que conversará con Caputi y aseguró que el subsecretario debe mantenerse al margen de cualquier asunto en el que existan intereses privados.
«No puede haber ningún tipo de vínculo entre lo privado personal y la gestión pública», sostuvo el ministro.
También aclaró que Caputi fue propuesto para el cargo por el presidente Yamandú Orsi.
Mientras tanto, Colman anunció que convocará de urgencia a Ortuño a la Comisión de Ambiente de Diputados para que brinde explicaciones.
La cuestión de fondo es institucional: ¿alcanza con que un jerarca se excuse de intervenir en determinados expedientes cuando mantiene participaciones empresariales y vínculos con compañías que operan en sectores sometidos a regulación ambiental?
La oposición exige respuestas. El Ministerio de Ambiente deberá explicar con claridad cuáles son los mecanismos de prevención de conflictos de intereses aplicados en este caso y si las excusaciones existentes contemplan la totalidad de las relaciones empresariales involucradas.
Porque la transparencia en la función pública no debería depender solamente de las declaraciones de los jerarcas, sino también de la posibilidad de conocer, controlar y despejar cualquier duda sobre sus intereses privados.