PONIENDO ALGUNOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Crónicas del Este 11/11/2026 Política

Maximiliano Arcieri

El fallecimiento de Soledad Barrera constituye una tragedia que merece respeto, justicia y, fundamentalmente, respuestas. Su familia tiene todo el derecho a reclamar explicaciones, cuestionar las decisiones de las autoridades y recurrir a los mecanismos institucionales que nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de cualquier ciudadano.
Hasta ahí, creo que difícilmente pueda existir discrepancia alguna.
Sin embargo, una cosa es exigir responsabilidades y otra bastante distinta es convertir una tragedia en el centro de una confrontación política y mediática en la que, por momentos, las interpretaciones parecen adquirir mayor relevancia que los propios hechos.
Y es precisamente ahí donde me parece necesario poner algunos puntos sobre las íes.
Este 10 de noviembre, el presidente Yamandú Orsi, en acuerdo con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, resolvió restablecer los cinco años de inhabilitación profesional para la anestesista Inés Miralles.
La decisión se produjo luego de que la madre de Soledad presentara un recurso de revocación y el Ministerio realizara un nuevo análisis jurídico, incorporando antecedentes judiciales, pericias y actuaciones de la institución médica. También se reconocieron los cuestionamientos de la familia respecto de la falta de notificación de la resolución anterior.
Cabe destacar que fue el propio Ministerio de Salud Pública el que recomendó reconsiderar la sanción y restablecer su duración original.
Conviene detenerse en este punto, porque no estamos hablando de un detalle menor.
Nuestro sistema institucional contempla mecanismos de revisión de los actos administrativos. No solamente porque las autoridades pueden equivocarse, sino porque el derecho de los ciudadanos a recurrir las decisiones del Estado constituye una garantía fundamental.
Si una resolución es revisada y posteriormente modificada, ¿eso demuestra necesariamente una actuación ilegítima de quien adoptó la decisión anterior? ¿O demuestra también que existen mecanismos institucionales capaces de revisar y corregir lo actuado?
Naturalmente, una cosa no excluye a la otra. La existencia de procedimientos legales no elimina las responsabilidades políticas, del mismo modo que una discrepancia con una decisión administrativa no demuestra, por sí sola, una conducta irregular.
Y esa distinción debería ser fundamental para cualquier análisis que se considere serio.
Durante estos meses se han mezclado responsabilidades y competencias de organismos diferentes. Las actuaciones de la Comisión Honoraria de Salud Pública, las decisiones administrativas del Ministerio y la intervención del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico no constituyen una misma cosa, por más que en la discusión pública muchas veces aparezcan presentadas como si lo fueran.
Pero hay una cuestión que termina siendo particularmente preocupante y que trasciende ampliamente la figura de la actual titular de la cartera de Salud Pública: el papel que desempeñan determinados medios de comunicación y la responsabilidad que les corresponde asumir como formadores de opinión.
El periodismo tiene una función esencial en cualquier sociedad democrática. Investigar, cuestionar, denunciar irregularidades y exigir explicaciones al poder no solamente constituye un derecho, sino también una responsabilidad.
Sin embargo, esa responsabilidad no siempre se ve reflejada en el tratamiento de la información.
También implica contrastar la información, contextualizar los hechos, distinguir entre sospechas y certezas, y evitar que las interpretaciones políticas terminen presentándose como conclusiones demostradas.
Porque una información puede ser verdadera y, aun así, ofrecer una representación incompleta de la realidad cuando se omiten elementos relevantes para comprenderla y poder contextualizar la situación.
Resulta imposible desconocer que todos tenemos nuestras propias convicciones, simpatías y formas de interpretar la realidad. La imparcialidad absoluta probablemente sea una aspiración difícil de alcanzar, aunque eso no debería impedirnos demostrar honestidad intelectual, reconocer los matices y procurar que nuestras valoraciones personales no terminen imponiéndose sobre los hechos.
Porque resulta incompatible con la profesión permitir que esa posición determine de antemano nuestras conclusiones. Por lo que es precisamente ahí donde aparecen algunas interrogantes:
¿Estamos frente a un tratamiento periodístico que busca esclarecer responsabilidades o, en determinadas coberturas, la reiteración de cuestionamientos termina construyendo una imagen pública que trasciende los hechos investigados?
¿Se aplican los mismos criterios de exigencia a todas las autoridades? ¿Se otorga similar relevancia a las acusaciones que, a las explicaciones, las rectificaciones y las resoluciones posteriores?
¿Y hasta qué punto la proyección política de una figura pública puede influir en la forma en que se seleccionan y jerarquizan determinadas noticias?
No parece necesario atribuir intenciones ni señalar nombres propios para formular estas preguntas. Mucho menos tener la pretensión de responderlas mediante afirmaciones que no puedan ser demostradas.
Sería contradictorio reclamar rigor periodístico y, al mismo tiempo, sustituirlo por nuestras propias presunciones o sesgos.
Cristina Lustemberg tiene una trayectoria vinculada a la salud pública, a las políticas sociales y, particularmente, a la protección de las infancias. Ha desempeñado responsabilidades en ASSE, Uruguay Crece Contigo, el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
Por supuesto que esta trayectoria no la exime de cometer errores ni de rendir cuentas por sus decisiones. Pero tampoco debería ser ignorada cuando se analiza su actuación pública.
Hablamos de una mujer que ejerce autoridad en un sistema político donde las desigualdades de género, aun habiéndose producido avances significativos, todavía no han desaparecido. Esto genera algunas incógnitas:
¿Influyen esas circunstancias en la intensidad o en la forma de determinados cuestionamientos?
¿Se juzgan con los mismos parámetros las decisiones de hombres y mujeres que ocupan posiciones equivalentes de poder?
No creo que haya elementos suficientes para convertir esas interrogantes en afirmaciones categóricas, pero tampoco parece haber razones para excluirlas de una reflexión más amplia sobre la relación entre política y los medios de comunicación.
Ahora bien, tampoco debemos confundir las responsabilidades de los distintos actores.
La oposición cumple una función imprescindible en cualquier democracia: ejercer contralor sobre el gobierno de turno, cuestionar sus decisiones, exigir explicaciones y reclamar responsabilidades son parte fundamental del funcionamiento republicano.
Incluso solicitar la renuncia de una autoridad es una herramienta legítima de la confrontación política.
La competencia partidaria tiene sus propias reglas, intereses y objetivos.
El periodismo, en cambio, asume compromisos profesionales vinculados con la verificación, la independencia y el derecho de la ciudadanía a recibir información contextualizada. Y esa independencia no consiste únicamente en mantener distancia respecto del gobierno. También supone preservar la autonomía frente a la oposición, los intereses económicos y las propias preferencias editoriales.
Claro que cada medio tiene una línea editorial, y por supuesto que el pluralismo democrático también comprende la diversidad de perspectivas.
El problema aparece cuando la interpretación desplaza a la información, y las sospechas adquieren el tratamiento de hechos comprobados o cuando la confrontación política termina condicionando la manera en que se presenta una controversia.
Ni por asomo se trata de reclamar un periodismo complaciente con el poder, todo lo contrario y, a su vez, de bregar por un periodismo que ejerza su función crítica con la misma rigurosidad con la que reclama transparencia y responsabilidad a las instituciones.
Claramente la credibilidad no se construye solo denunciando los errores ajenos, sino también siendo capaces de reconocer los propios, contextualizar las informaciones y evitar conclusiones que los hechos todavía no permiten sostener.
Mientras tanto, la discusión verdaderamente importante debería centrarse en cómo fortalecer los mecanismos de control sanitario, mejorar la seguridad de los pacientes y garantizar que situaciones como la que terminó con la vida de Soledad Barrera no vuelvan a repetirse.
Como se mencionó al principio, su familia merece respuestas, justicia y respeto y no que su tragedia termine reducida a un instrumento más de la confrontación político-partidaria.
La sociedad también merece una discusión pública que le permita comprender los hechos, evaluar las responsabilidades y formarse una opinión con la mayor cantidad posible de elementos a la vista.
La democracia para funcionar necesita una oposición que ejerza contralor y una ciudadanía exigente como también necesita de un periodismo independiente, instituciones que funcionen y dirigentes capaces de distinguir entre la legítima confrontación política y la utilización de cualquier circunstancia para obtener réditos partidarios.
Si en nombre de la defensa de las instituciones terminamos debilitando la confianza en ellas, y del derecho a informar, terminamos sacrificando el rigor que debería sostenerlo, tal vez estemos empezando a perder de vista aquello que decimos defender.
Y ninguna victoria política debería convertirse en una victoria pírrica.