TRES EX PRESIDENTES BLANCOS DE LA JUNTA DE MALDONADO ENFRENTAN PEDIDOS DE HASTA SEIS AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN
Crónicas del Este 10/11/2026 Política
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La investigación judicial sobre el manejo de fondos públicos en la Junta Departamental de Maldonado ingresa en una instancia decisiva. El fiscal Jorge Vaz solicitó penas de hasta seis años y seis meses de penitenciaría para tres ex presidentes del organismo, todos pertenecientes al Partido Nacional: José Luis Sánchez Olivera, Darwin Correa Costa y Alexandro Infante Caballero.
La acusación fiscal apunta a presuntas maniobras de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público, además de abuso de funciones en el caso de Infante. Los pedidos incluyen también inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas económicas de importante magnitud.
No se trata de una condena ni de una sentencia firme. Son las penas que pretende la Fiscalía y que deberán ser consideradas en el proceso judicial, una vez producida la prueba correspondiente.
Lo que está en discusión es mucho más que una serie de facturas administrativas: la investigación procura determinar si se utilizó la estructura de la Junta Departamental para canalizar dinero público mediante contrataciones y trabajos cuya existencia, ejecución y destino de los pagos fueron cuestionados.
Según la reconstrucción presentada por el fiscal, una parte central de la maniobra habría consistido en contratar trabajos de mantenimiento, reparaciones, luminarias y acondicionamiento del edificio de la Junta mediante compras directas, sin competencia de precios ni procedimientos que garantizaran la transparencia de las contrataciones.
Uno de los elementos más delicados de la investigación es la participación de la empresa unipersonal de Ramón Sosa Lascano. De acuerdo con lo expuesto por Vaz ante la Justicia, el propio empresario declaró que nunca había realizado trabajos para la Junta y que José Luis Sánchez le había solicitado facturas en blanco de su empresa.
EL DINERO PÚBLICO Y EL RECORRIDO DE LAS TRANSFERENCIAS
La Fiscalía reconstruyó un circuito de pagos que habría permitido que fondos de la Junta terminaran en cuentas particulares.
Durante la presidencia de Darwin Correa, en 2023, se autorizaron ocho facturas por trabajos supuestamente realizados. Según los datos expuestos en audiencia, los pagos canalizados mediante esa modalidad alcanzaron los $1.474.313.
De ese total, $1.307.000 fueron transferidos desde la cuenta de Facundo Sánchez, hijo del ex presidente José Luis Sánchez, hacia la cuenta bancaria de su padre.
La investigación también examinó operaciones realizadas durante la presidencia de Alexandro Infante. Entre ellas, una factura por $168.000 correspondiente a trabajos que habían quedado pendientes de pago y otra por $115.000 por el hidrolavado exterior del edificio legislativo. En este último caso, el fiscal indicó que el trabajo efectivamente se había realizado, aunque cuestionó el mecanismo utilizado para facturarlo.
LOS PEDIDOS DE PENA
Las sanciones solicitadas por el fiscal Jorge Vaz muestran la dimensión penal que la Fiscalía atribuye a los hechos investigados.
- José Luis Sánchez Olivera: seis años y seis meses de penitenciaría, seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables. La Fiscalía lo considera coautor de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica continuada por funcionario público.
- Darwin Carlos Correa Costa: seis años de penitenciaría, seis años de inhabilitación y una multa de 750 unidades reajustables. Se le atribuye responsabilidad como autor de los delitos señalados.
- Alexandro Infante Caballero: cuatro años de penitenciaría, cinco años de inhabilitación y una multa de 170 unidades reajustables. En su caso, la acusación incorpora además un delito de abuso de funciones especialmente agravado.
UNA CAUSA QUE YA HABÍA TENIDO EPISODIOS JUDICIALES
El expediente tuvo un capítulo particularmente llamativo en setiembre de 2025. El día 3 de ese mes, la jueza Gabriela Azpiroz formalizó a José Luis Sánchez y Darwin Correa. Alexandro Infante no compareció a aquella audiencia y fue declarado en rebeldía, por lo que se dispuso su captura.
Cinco días después, Infante se presentó ante la Justicia y fue formalizado por los delitos investigados. En esa instancia se le impuso arresto domiciliario total con tobillera electrónica. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones confirmó su imputación por fraude, falsificación ideológica y abuso de funciones.
Pero la investigación no quedó limitada a las contrataciones y facturas cuestionadas. En agosto de 2026, el fiscal Vaz advirtió que la auditoría solicitada al Tribunal de Cuentas podría aportar elementos sobre otros hechos eventualmente delictivos e incluso derivar en nuevas imputaciones. La Justicia extendió por un año el plazo de investigación y por 90 días las medidas cautelares de los tres acusados.
Además, existe otra investigación sobre partidas mensuales que recibían ediles de la Junta Departamental bajo denominaciones vinculadas al fortalecimiento de los sectores políticos. Esa causa busca determinar si esos pagos encubrían remuneraciones personales y si se ajustaban a la normativa vigente. Se trata de una investigación diferente, aunque también pone bajo la lupa el manejo de los recursos del organismo.
Lo que comenzó como una denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos terminó involucrando a tres dirigentes que ocuparon sucesivamente la presidencia del máximo órgano legislativo departamental.
Ahora, con pedidos fiscales que llegan hasta los seis años y medio de prisión, el caso vuelve a colocar a la Junta Departamental de Maldonado en el centro de una controversia sobre el control del dinero público, la responsabilidad de quienes administran recursos del Estado y los mecanismos de transparencia que deben regir en las instituciones.
La última palabra la tendrá la Justicia. Pero la gravedad de las acusaciones y las penas solicitadas convierten esta causa en uno de los episodios judiciales de mayor repercusión política en Maldonado.

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