¿SOBRESUELDOS ENCUBIERTOS? EL ESCÁNDALO OCULTO TRAS LAS ASESORÍAS DE LUJO EN LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA EN TIEMPOS DE BORSARI

Crónicas del Este 14/06/2025 Política

Durante el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou, uno de los organismos más inflados y opacos del aparato estatal fue, sin dudas, la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Allí, bajo la gestión del entonces director Santiago Borsari —militante del Partido Nacional, Lista 71— se ejecutaron contrataciones enigmáticas, se manejaron cifras millonarias en viáticos, y se habilitaron mecanismos más que cuestionables que hoy alimentan las investigaciones administrativas en curso por el desorden que dejó el ex ministro José Luis Falero.
Uno de los casos más llamativos —y que bien podría desembocar en la Justicia— es la contratación de dos ingenieras prevencionistas a través del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), una figura jurídica público-privada que fue utilizada, de forma inédita, como canal de ingreso al Estado. Las contratadas fueron Sabrina Muslera, militante de la Lista 71 del Partido Nacional, y Patricia Coitinho, de quien no se han encontrado vínculos políticos directos, aunque distintas fuentes señalan que también responde al mismo sector.
Una contratación por fuera del sistema y con viáticos astronómicos
El mecanismo fue el siguiente: INACAL, cuyo presidente en ese momento era el ingeniero químico Gonzalo Blasina, presentó una propuesta al MTOP —firmada de puño y letra— donde se solicitaba la incorporación de dos prevencionistas con experiencia en gestión pública para “asesorar e implementar informes y protocolos de buenas prácticas” dentro de la DNA.
Hasta ahí, el planteo podría parecer razonable. Pero el documento contiene elementos que no dejan de generar alarma:
• Remuneración mensual por profesional: $118.000 + IVA.
• Duración del contrato: dos años.
• Comisión para INACAL: 4%.
• Pedido de vehículo oficial: “para visitas a obras, regionales y comitentes”.
A simple vista, no se trataba de una asesoría puntual, sino de una relación laboral encubierta, sin proceso de selección abierto, sin llamado público, y con costos elevadísimos para las arcas públicas.
¿Fraude, sobresueldo o privilegio?
Los viáticos, sin embargo, fueron el punto más escandaloso de esta operación. Según el expediente N° 2021-10-5-0000585, la contratación fue ampliada por resolución de la DNA en más de $3.110.800 por concepto de viáticos durante un período de 22 meses, lo que representa unos $141.400 mensuales extra al ya generoso salario base.
Estos montos llaman poderosamente la atención por varias razones:
• Se trataba de un monto fijo, independientemente del destino o duración de los viajes.
• Las tareas eran supuestamente de asesoría interna, pero justificaban constantes viajes al interior.
• El MTOP, según fuentes internas, posee inmuebles propios en el interior del país para el alojamiento de sus funcionarios y otorga locomoción oficial, lo que plantea la interrogante: ¿en qué se gastaba ese dinero?
¿Estamos entonces ante un esquema de sobresueldos encubiertos bajo la figura de viáticos fijos? ¿O fue simplemente un abuso de poder para beneficiar a profesionales afines al Partido Nacional con recursos del Estado?
El silencio institucional y la conexión política
En este esquema no solo es llamativa la magnitud de los montos involucrados, sino también el silencio y la complicidad institucional. La adjudicación de la contratación fue notificada por Edgar Carvallo, funcionario del MTOP, el día 14 de octubre de 2021, mediante un correo oficial a Lourdes Vasek, administradora de INACAL. El tono de la comunicación era casi informal, con una rapidez que deja entrever que todo ya estaba coordinado de antemano.
¿Quién controló la ejecución de ese contrato? ¿Quién auditó los viáticos? ¿Se presentaron facturas, comprobantes, reportes? Todo indica que no. La opacidad fue total.
Más grave aún es el hecho de que se utilice un instituto como INACAL —que tiene una naturaleza jurídico-institucional sui generis, semiprivada— para ingresar personal al Estado sin concursos. Esto no tiene antecedentes conocidos en otras dependencias estatales, y constituye un peligroso precedente de tercerización del clientelismo político.
Las responsabilidades políticas
La sombra de responsabilidad recae, en primer lugar, sobre Santiago Borsari, entonces director de la DNA y también militante de la Lista 71. Bajo su mando se autorizó esta contratación, la ampliación de los viáticos y la aparente libertad con que las prevencionistas viajaban por el país, con gastos cubiertos y vehículo oficial a disposición.
El entonces ministro José Luis Falero, también del Partido Nacional, avaló con su silencio esta gestión plagada de irregularidades. Hoy, tras su salida del MTOP, varias investigaciones administrativas están en curso, algunas ya con informes que podrían derivar en denuncias judiciales.
La figura de Sabrina Muslera aparece entonces no solo como técnica contratada, sino también como militante premiada con un contrato de oro. La utilización de su cargo técnico para encubrir un beneficio partidario es una muestra más de cómo el aparato estatal fue colonizado por la estructura política oficialista.
¿Y ahora qué?
Lo ocurrido en la DNA del MTOP durante el período 2020–2024 no puede ser considerado una simple “desprolijidad administrativa”. Se trata de una posible maniobra de defraudación al Estado, con componentes de clientelismo político, tercerización de recursos humanos sin controles, y uso abusivo del sistema de viáticos.
Urge que las actuales autoridades del MTOP —y eventualmente el Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia— auditen en profundidad este tipo de contratos y la forma en que se están manejando los recursos públicos.
El caso de las prevencionistas contratadas a través de INACAL no puede quedar en el olvido. Es hora de que se abran los expedientes, se revisen los gastos y se determinen las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales.
Porque en definitiva, mientras el discurso oficial hablaba de eficiencia, austeridad y meritocracia, en los pasillos de la Dirección Nacional de Arquitectura se repartían contratos dorados, viáticos de lujo y vehículos oficiales como si fueran trofeos de guerra partidaria.