TCR DESTROZA UNA LICITACIÓN MILLONARIA EN ARTIGAS EN GASTO DE 2 MILLONES DE DÓLARES

Crónicas del Este 07/02/2026 Política

Lo que debía ser una obra emblemática para Bella Unión —el pavimentado en hormigón de la Avenida Artigas— terminó convertido en un manual de todo lo que no debe hacerse en la gestión pública. Así lo dejó claro el Tribunal de Cuentas de la República, que en resolución adoptada el 1° de octubre de 2025 observó el gasto y expuso una cadena de irregularidades que van desde la falta de previsión presupuestal hasta violaciones flagrantes a principios básicos de probidad administrativa.
La obra, licitada por más de 80 millones de pesos, fue impulsada por la Intendencia de Artigas en el marco de un préstamo del BID. Sin embargo, el primer pecado original aparece ya en enero de 2024: el proyecto no estaba incluido en el presupuesto vigente 2021–2025. Es decir, se avanzó en una contratación millonaria sin crédito presupuestal suficiente, contraviniendo de forma directa el artículo 15 del TOCAF.
UN GASTO QUE NACIÓ MAL
Aunque la Intendencia intentó escudarse en que la mayor parte del financiamiento provendría del BID, el Tribunal fue categórico: la contrapartida con fondos propios existía y nunca fue debidamente prevista ni explicitada. Se comprometieron recursos públicos sin respaldo presupuestal, una práctica tan habitual como peligrosa, que erosiona cualquier discurso de “gestión responsable”.
Pero esto fue solo el comienzo.
El proceso licitatorio estuvo lejos de ser transparente y ordenado. Cuatro empresas se presentaron, siendo la oferta más baja la de Rodrigo Jiménez Felice, que sin embargo fue descartada en favor de José Cujó S.A., pese a que el propio expediente revela que los criterios para evaluar la “experiencia similar” fueron ambiguos, interpretables y aplicados de manera discrecional.
El Tribunal de Cuentas fue lapidario: la Comisión Asesora de Adjudicaciones no fundamentó adecuadamente el cumplimiento de los requisitos financieros excluyentes exigidos por el pliego, incumpliendo el artículo 66 del TOCAF. En criollo: se recomendó adjudicar una obra millonaria sin analizar ni justificar de forma completa si la empresa cumplía con todas las condiciones financieras exigidas.
EXCUSACIONES TARDÍAS Y ÉTICA AUSENTE
Como si fuera poco, dos integrantes de la Comisión Evaluadora —incluida la Encargada de la Oficina de Licitaciones— se excusaron por vínculos profesionales con una de las empresas oferentes… dos meses después de abierta la licitación. Para entonces, ya habían intervenido activamente en el procedimiento.
El Tribunal fue claro: esta conducta viola el principio de probidad consagrado en la Ley N° 19.823. No se trata solo de evitar conflictos de interés reales, sino también de evitar la apariencia de irregularidad, algo que aquí fue olímpicamente ignorado.
El escándalo crece cuando se analiza el rol del Ejecutivo departamental. La Intendente se excusó del procedimiento por vínculos profesionales con una oferente, pero luego delegó competencias para continuar el trámite, algo que el Tribunal de Cuentas ya había advertido como inconstitucional e improcedente en una consulta vinculante previa.
En otras palabras: se sabía que no se podía hacer, y aun así se hizo.
Un Director de Obras sin competencia para gastar
Para completar el cuadro, el propio expediente reconoce que el Director de Obras no tenía competencia para ordenar un gasto de ese monto, ya que el tope de su delegación era muy inferior a los más de 80 millones comprometidos. Aun así, el proceso avanzó como si nada.
EL FALLO QUE DESNUDA UNA FORMA DE GOBERNAR
El Tribunal de Cuentas no dejó margen para el maquillaje político: observó el gasto por violaciones graves al TOCAF, recordó principios básicos de ética pública y devolvió las actuaciones, dejando a la Intendencia frente a un espejo incómodo.
Este no es un simple problema administrativo. Es la muestra de una forma de gestionar basada en el apuro, la improvisación y el desprecio por las normas, donde los controles aparecen siempre tarde y el dinero público se maneja como si fuera propio.
La Avenida Artigas de Bella Unión podrá algún día tener su pavimento de hormigón. Lo que hoy ya quedó al descubierto es algo mucho más profundo: un pavimento institucional agrietado, donde las reglas estorban y la prolijidad es vista como un obstáculo, no como una obligación.
Y cuando el propio Tribunal de Cuentas levanta la mano y dice “hasta acá”, ya no hay relato que alcance.