TCR OBSERVÓ CONTRATACIÓN DEL MIDES POR MÁS DE $45 MILLONES CON LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA BETHANIA

Crónicas del Este 09/08/2026 Política

El Tribunal de Cuentas observó una contratación directa por excepción realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con la Asociación Civil Comunidad Terapéutica Bethania, destinada a brindar contención y asistencia en hogares asistidos para personas con consumo problemático de drogas y en situación de extrema vulnerabilidad social. El convenio asciende a hasta $45.322.811, a valores de julio de 2025, y tendrá una duración de ocho meses.La contratación fue autorizada por el MIDES mediante la Resolución N.º 0111/026, de fecha 21 de enero de 2026, al amparo del numeral 30, literal D del artículo 33 del TOCAF, que habilita a esa cartera a contratar directamente con asociaciones civiles sin fines de lucro para ejecutar políticas sociales.Según la documentación remitida al organismo de contralor, la necesidad de ampliar los cupos del programa de hogares asistidos surgió tras los relevamientos realizados durante 2025 en los centros de contingencia creados por la emergencia climática declarada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), donde se detectó un incremento de personas con consumo problemático de drogas de alto riesgo y en situación de exclusión extrema.El convenio establece que la Asociación Civil Comunidad Terapéutica Bethania deberá brindar alojamiento permanente, alimentación, higiene, asistencia básica, acompañamiento para la deshabituación del consumo de drogas, traslados, apoyo socioeducativo y articulación con la red de atención sanitaria y social.El pago se realizará en cuatro partidas. La primera asciende a $18.129.124, mientras que las restantes serán de $11.330.703, $11.330.703 y $4.532.281, respectivamente. Además, el convenio prevé ajustes por Consejos de Salarios para los costos salariales y por Índice de Precios al Consumo (IPC) para el resto de los gastos.La observación del TribunalSin cuestionar la finalidad social del convenio ni la posibilidad legal de utilizar la contratación directa por excepción, el Tribunal de Cuentas resolvió observar el gasto al constatar que el contrato comenzó a ejecutarse antes de recibir la intervención preventiva del organismo, incumpliendo lo dispuesto por el literal B del artículo 211 de la Constitución de la República.De acuerdo con la resolución adoptada el 19 de febrero de 2026, el convenio comenzó a regir el 15 de noviembre de 2025, mientras que la autorización ministerial fue dictada recién el 21 de enero de 2026 y el expediente ingresó al Tribunal el 26 de enero de 2026.Para el organismo de control, ese inicio anticipado constituye un "principio de ejecución" previo al control constitucional obligatorio, motivo suficiente para formular la observación.Un voto más severoLa resolución también dejó en evidencia diferencias dentro del propio Tribunal. El ministro contador Enrique Cabrera emitió un voto discorde, entendiendo que la contratación debió ser observada por una razón adicional.A su juicio, el convenio no cumple adecuadamente con los requisitos de evaluación exigidos por la Ley N.º 20.245, que habilitó este tipo de contrataciones directas entre el MIDES y organizaciones civiles sin fines de lucro.Cabrera sostuvo que el convenio se limita a mencionar que la Dirección Nacional de Protección Social evaluará la gestión conforme a un documento denominado "Evaluación Centros Programa Salud Mental", pero no incorpora indicadores concretos, objetivos medibles ni mecanismos suficientes para verificar el cumplimiento de los resultados esperados.En su fundamentación afirmó que esta situación se ha repetido en otras contrataciones similares, lo que, a su entender, termina desnaturalizando la excepción prevista en el TOCAF y vulnerando las normas que regulan las contrataciones públicas.Un convenio millonario bajo observaciónAunque la observación del Tribunal no impide necesariamente la continuidad del convenio, sí deja constancia de un incumplimiento al procedimiento constitucional de control previo y expone cuestionamientos sobre la forma en que el MIDES viene instrumentando este tipo de contrataciones con organizaciones sociales.El expediente evidencia que el organismo destinó más de 45 millones de pesos para fortalecer la atención de personas con consumo problemático de drogas y alta vulnerabilidad, pero también pone sobre la mesa un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas en convenios financiados con recursos públicos.