URUGUAY LE GANÓ A ARATIRÍ EN PARÍS: EVITA UNA DEMANDA DE US$ 3.536 MILLONES Y PODRÁ COBRAR MÁS DE US$ 4 MILLONES

Crónicas del Este 29/10/2026 Política

El Tribunal de Apelación de París rechazó el intento de los inversores de anular el laudo arbitral favorable a Uruguay. Además, deberán pagar 300.000 euros por las costas del nuevo proceso. Jorge Díaz celebró la decisión y lanzó críticas a la oposición por sus advertencias sobre los juicios internacionales.
Uruguay obtuvo un nuevo fallo favorable en el extenso litigio internacional vinculado al frustrado proyecto minero Aratirí. El Tribunal de Apelación de París rechazó el pedido de anulación presentado por los inversores y confirmó la vigencia del laudo arbitral de 2020, que había desestimado la millonaria reclamación contra el Estado uruguayo.
La decisión, adoptada el martes 27 de octubre y comunicada públicamente este jueves, representa un resultado de enorme relevancia económica y jurídica para el país. Los demandantes reclamaban una indemnización de aproximadamente US$ 3.536 millones, mientras que la resolución permite avanzar en Francia para cobrar US$ 4.097.149 que adeudan al Estado por las costas del arbitraje original. A esa suma se agregan otros 300.000 euros por los gastos judiciales de esta última instancia. (Búsqueda, Montevideo Portal).
JORGE DÍAZ CELEBRÓ EL RESULTADO Y APUNTÓ CONTRA LA OPOSICIÓN
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, destacó el pronunciamiento francés y recordó que Uruguay obtuvo resultados favorables en numerosos litigios internacionales, aunque reconoció una excepción.
«Perdimos un solo arbitraje internacional y fue en la administración anterior, es un dato de la realidad», afirmó.
Díaz también cuestionó a quienes, durante el desarrollo de estos conflictos, pronosticaban que el Estado terminaría condenado a pagar sumas millonarias.
El jerarca recordó que, en 2018, integrantes de la oposición —entre ellos el entonces dirigente nacionalista Luis Lacalle Pou— habían advertido sobre los riesgos económicos de la disputa por Aratirí y responsabilizado al Frente Amplio por la situación.
«Ese augurio de aquella época no se ha cumplido y concretamente hoy el Uruguay aparece como triunfador desde el inicio», sostuvo.
El prosecretario agregó que, a su entender, se repiten advertencias similares ante otros litigios que enfrenta el país, entre ellos el conflicto con el astillero Cardama, tras la rescisión del contrato firmado durante el gobierno anterior.
La referencia de Díaz fue política: defendió la estrategia jurídica del Estado y cuestionó las previsiones de quienes anticipaban consecuencias económicas adversas.
UNA DEMANDA MULTIMILLONARIA POR EL PROYECTO QUE NUNCA SE CONCRETÓ
El conflicto se originó por el proyecto de explotación de hierro que Aratirí, subsidiaria de la minera Zamin Ferrous, pretendía desarrollar en la zona de Valentines, en el centro del país.
La iniciativa contemplaba una inversión de gran magnitud, con explotación minera, infraestructura para transportar el mineral y un sistema portuario para exportarlo. Sin embargo, el emprendimiento no llegó a concretarse.
En 2017, inversores vinculados a la familia Agarwal iniciaron un arbitraje contra Uruguay. Alegaban que el Estado había vulnerado sus derechos como inversores y reclamaban una indemnización de US$ 3.536 millones.
En agosto de 2020, el tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Uruguay y rechazó la reclamación. También dispuso que los demandantes asumieran las costas del procedimiento.
Pero el conflicto estaba lejos de terminar.
EL REVÉS DE 2023 Y LA RECUPERACIÓN JUDICIAL
En febrero de 2023, el Tribunal de Apelación de París anuló el laudo favorable a Uruguay. Aquella decisión representó un revés para el Estado y abrió nuevamente la incertidumbre sobre el alcance de la reclamación.
Uruguay recurrió ante la Corte de Casación francesa, que en abril de 2025 dejó sin efecto la sentencia de apelación al considerar que se habían excedido los límites de revisión del laudo. El expediente volvió entonces al Tribunal de Apelación para un nuevo examen.
La resolución conocida esta semana cerró esa etapa: los jueces rechazaron el nuevo pedido de anulación y mantuvieron vigente la decisión arbitral de 2020. (El Observador).
«QUIENES PRETENDAN DEMANDARNOS DEBEN SABER QUE ESTAMOS PREPARADOS»
Díaz calificó el resultado como un mensaje para futuros litigios internacionales y defendió la capacidad del Estado para sostener sus posiciones ante tribunales extranjeros.
«Quienes pretendan demandarnos en el futuro tienen que saber que estamos preparados», expresó.
Más allá del enfrentamiento político, el fallo tiene un efecto concreto: mantiene el rechazo de la millonaria indemnización reclamada por los inversores y habilita al Estado uruguayo a avanzar en el cobro de las costas judiciales reconocidas en su favor.
La disputa por Aratirí, que atravesó varios gobiernos y distintas instancias judiciales, vuelve así a resolverse favorablemente para Uruguay. El desafío inmediato será concretar el cobro de los montos establecidos y cerrar las actuaciones pendientes que correspondan.
Para el Gobierno, la sentencia constituye una victoria jurídica y económica. Para el país, representa también el desenlace favorable de un litigio que llegó a poner en juego miles de millones de dólares de recursos públicos.