VALIZAS: DEMOLIERON UNA VIVIENDA, UNA MUJER TERMINÓ HERIDA POR UN BALÍN DE GOMA Y CRECE LA DENUNCIA POR EXCESO DE VIOLENCIA POLICIAL
Crónicas del Este 18/11/2026 Política
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El operativo se realizó en el asentamiento Las Malvinas, por una orden judicial solicitada por la Intendencia de Rocha. Vecinos que acudieron a respaldar a la mujer que ocupaba la vivienda denunciaron un procedimiento violento, con forcejeos y disparos. Una mujer de 56 años recibió un impacto de bala de goma en un pie. Mientras el Ministerio del Interior presenta su versión de los hechos, la comunidad cuestiona la proporcionalidad del despliegue policial.Lo que comenzó como un procedimiento judicial para desalojar y demoler una vivienda en Barra de Valizas terminó convirtiéndose en un episodio de enfrentamiento entre vecinos y fuerzas policiales, con una mujer lesionada por un proyectil de goma y una comunidad que cuestiona duramente la forma en que se llevó adelante la intervención.El escenario fue la zona conocida como Las Malvinas, donde durante la mañana del martes 17 de noviembre se desplegó un operativo para retirar a una mujer que habitaba una construcción que la Intendencia de Rocha pretendía demoler.La medida tenía origen en un proceso judicial iniciado por el gobierno departamental, que sostenía que la vivienda estaba instalada en un terreno fiscal. Con una orden judicial de demolición, funcionarios municipales, efectivos policiales y personal de Prefectura llegaron al lugar sobre las 8 de la mañana.Pero no estaban solos. Varios vecinos se habían acercado para acompañar a la mujer y tratar de impedir que fuera retirada de su vivienda. Lo que siguió fue una intervención que terminó con empujones, forcejeos, disparos de munición menos letal y una persona herida.
LA VERSIÓN OFICIAL: UNA AGRESIÓN AL ALGUACIL
El Ministerio del Interior difundió un comunicado en el que presentó su propia reconstrucción de los acontecimientos.Según la Jefatura de Policía de Rocha, el operativo tenía como finalidad garantizar la seguridad de los equipos técnicos y de los funcionarios municipales encargados de ejecutar la resolución judicial.El comunicado sostiene que los ocupantes se negaron a abandonar el inmueble y que, una vez concretado el desalojo, varias personas se abalanzaron sobre el alguacil judicial.De acuerdo con la explicación oficial, ante lo que el encargado del operativo consideró una agresión inminente, un policía efectuó disparos con munición menos que letal, utilizando balines de goma para dispersar a quienes participaban de los incidentes.Uno de esos proyectiles alcanzó el pie de una mujer de 56 años.La víctima recibió asistencia en el lugar y fue trasladada inicialmente al hospital de Castillos. Posteriormente fue derivada a la ciudad de Rocha.La Fiscalía dispuso pericias sobre el arma utilizada y el relevamiento de registros fílmicos para reconstruir lo sucedido. Al momento de difundirse el comunicado no había personas detenidas.Es importante señalar que esta es la versión proporcionada por el Ministerio del Interior y que la investigación fiscal deberá determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado y si se ajustó a los protocolos correspondientes.
LOS VECINOS DENUNCIAN EXCESOS Y CUESTIONAN EL DESPLIEGUE
La reconstrucción oficial no agota la discusión sobre lo ocurrido.Desde la comunidad de Barra de Valizas surgieron fuertes cuestionamientos al procedimiento. Los vecinos que se acercaron para respaldar a la mujer sostienen que la intervención policial fue desproporcionada y denunciaron situaciones de violencia durante el desalojo.Las imágenes difundidas por medios de comunicación muestran momentos de tensión, forcejeos, personas en el suelo y efectivos de la Guardia Republicana equipados con cascos y escudos.También se conocieron cuestionamientos por la utilización de balas de goma contra personas que estaban en el lugar.Una vecina manifestó públicamente que la comunidad piensa recurrir a acciones judiciales y realizar un escrache al policía que efectuó el disparo. Según sus declaraciones, existe preocupación por las consecuencias de la lesión sufrida por la mujer, e incluso se mencionó la posibilidad de que pudiera perder un dedo.Estas denuncias deberán ser investigadas. No alcanza con señalar que se trató de un procedimiento judicial para dar por legítima cualquier modalidad de intervención policial. El cumplimiento de una orden debe realizarse respetando los derechos de las personas y bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
EL ESTADO PARA DEFENDER SUS TERRENOS, ¿Y PARA GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA?
Aquí aparece una discusión que va mucho más allá de lo sucedido en una mañana de noviembre en Barra de Valizas.El Estado uruguayo demuestra una enorme capacidad de despliegue cuando se trata de recuperar terrenos, ejecutar desalojos y hacer cumplir resoluciones judiciales. Aparecen funcionarios, policías, Prefectura, Guardia Republicana, maquinaria y recursos públicos para concretar una demolición.La pregunta es inevitable: ¿con qué intensidad actúa ese mismo Estado cuando una familia necesita una solución habitacional?El artículo 45 de la Constitución de la República reconoce el derecho de todo habitante a gozar de una vivienda decorosa y establece que la ley debe propender a asegurar la vivienda higiénica y económica. No significa que cualquier ocupación de un terreno público quede automáticamente legitimada, ni que una orden judicial pueda desconocerse. Pero sí plantea una responsabilidad pública que no debería desaparecer cuando se ejecuta un desalojo.Porque detrás de cada expediente hay personas. Hay familias, necesidades y situaciones sociales que no se resuelven simplemente haciendo caer una construcción con una retroexcavadora.¿Dónde están las alternativas habitacionales? ¿Qué respuesta reciben quienes quedan sin techo? ¿Se estudió la situación particular de la mujer desalojada? ¿Existió alguna instancia de asistencia social antes de llegar a un operativo de estas características?Son preguntas que la Intendencia de Rocha y las autoridades nacionales deberían responder.
LA FUERZA DEL ESTADO Y LA FRAGILIDAD DE LOS MÁS VULNERABLES
Hay una contradicción que merece ser discutida: mientras los procedimientos administrativos y judiciales cuentan con estructuras para defender la propiedad pública, las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad muchas veces no encuentran una respuesta estatal de la misma magnitud.La ley debe cumplirse. Los terrenos públicos deben protegerse y las resoluciones judiciales deben ejecutarse. Pero eso no significa que el Estado pueda desentenderse de las consecuencias humanas de sus decisiones.Tampoco puede considerarse un detalle menor que una mujer termine herida por un disparo policial durante un desalojo. La utilización de la fuerza debe ser examinada, y las imágenes, testimonios y pericias deberán aportar claridad sobre lo sucedido.En Valizas no solamente cayó una vivienda. También quedó planteada una discusión sobre cómo se ejerce la autoridad, qué límites tiene la fuerza pública y qué responsabilidad social asume el Estado cuando deja a una persona sin el lugar donde vivía.Porque para hacer cumplir la ley no debería ser necesario olvidar que del otro lado también hay seres humanos.

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