¿WILSON EZQUERRA UNO DE LOS INTOCABLES DEL URUGUAY?

Crónicas del Este 14/06/2026 Política

Hay historias que, por sí solas, permiten comprender cómo funcionan determinadas estructuras de poder en Uruguay. No hacen falta grandes teorías ni extensos tratados sobre la influencia política. Basta con seguir el recorrido de algunos expedientes para preguntarse si todos los ciudadanos son realmente iguales ante la ley.El caso que involucra al intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, es uno de ellos.Lo que comenzó como una denuncia penal presentada por periodistas de La Kandela FM terminó convirtiéndose en un verdadero peregrinaje judicial que atravesó tres fiscalías diferentes, pasó por las manos de seis fiscales y terminó generando más preguntas que respuestas.Y cuando finalmente parecía que la investigación llegaba a su desenlace, cuando el fiscal que llevaba adelante el caso habría tomado la decisión de formalizar la investigación, ocurrió un hecho tan inesperado como polémico: fue trasladado.La pregunta surge inevitablemente: ¿Se trata de una simple coincidencia administrativa o estamos frente a una demostración del enorme poder que siguen teniendo algunos actores políticos en Uruguay?
UNA DENUNCIA QUE COMENZÓ EN MONTEVIDEO
La historia comenzó el 31 de agosto de 2024. Ese día fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia vinculada a una presunta maniobra irregular relacionada con la compra de tierras, la actuación de un intermediario y la posterior reclasificación de un terreno que involucraría directamente al intendente Wilson Ezquerra.La denuncia señalaba una serie de hechos que, según los denunciantes, podrían configurar responsabilidades penales.Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no fue la denuncia en sí, lo extraordinario vino después.A las pocas semanas el expediente fue derivado a Tacuarembó, departamento donde ocurrieron los hechos denunciados y donde, en teoría, debería haberse desarrollado la investigación con normalidad, pero en este caso parece haber habido de todo, menos normalidad…
LA PRIMERA FISCAL QUE NO QUISO INTERVENIR
El expediente llegó a la Fiscalía de Primer Turno de Tacuarembó.Allí estaba la fiscal Marlene Canosa. Sin embargo, Canosa decidió apartarse de la investigación. La razón oficial fue una expresión que posteriormente se repetiría varias veces a lo largo del expediente: "Razones de decoro".Para el ciudadano común, la frase puede sonar ambigua.Sin embargo, dentro del sistema judicial tiene un significado muy concreto, cuando un fiscal se excusa por razones de decoro está señalando que existen circunstancias que podrían afectar o generar dudas sobre su imparcialidad, independencia u objetividad.No implica necesariamente una irregularidad, tampoco supone una conducta indebida, pero sí significa que el propio fiscal entiende que existen elementos suficientes para considerar prudente no intervenir.Las razones pueden ser diversas: vínculos personales con alguna de las partes, relaciones profesionales previas, amistades, enemistades o cualquier circunstancia que pueda afectar la confianza pública en la investigación.Lo llamativo en este caso no fue que una fiscal se apartara, lo llamativo fue que no sería la única.
LA DENUNCIA LLEGA A PASO DE LOS TOROS
Luego de la excusación de Marlene Canosa, el expediente no fue tomado por la Fiscalía de Segundo Turno de Tacuarembó, en cambio, fue derivado a la Fiscalía de Paso de los Toros.Allí apareció la primera fiscal que realmente comenzó a mover el expediente, la doctora Fabiana Corbo. Fue ella quien en octubre de 2024 comenzó a citar testigos, representantes empresariales e involucrados en la operación denunciada.Por primera vez la investigación parecía avanzar.Entre los convocados se encontraba Fernando Porcile, señalado como un actor clave en toda la operación. Según los denunciantes, Porcile habría desempeñado un papel determinante para convencer a la empresa de adquirir un predio perteneciente a Ezquerra en lugar de concretar una operación alternativa que ya estaba prácticamente acordada en la zona industrial de Tacuarembó.Pero cuando el expediente comenzaba a tomar velocidad, ocurrió algo más… Fabiana Corbo fue trasladada.Era fiscal suplente y el caso volvió a cambiar de manos.
APARECE UN SEGUNDO FISCAL QUE TAMPOCO QUISO EL EXPEDIENTE
Tras la salida de Corbo, el expediente quedó en manos del fiscal Rodrigo Goncalvez y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más sorprendentes de toda esta historia… Goncalvez tomó exactamente la misma decisión que había tomado Marlene Canosa, también se excusó. También invocó razones de decoro.Dos fiscales. Dos decisiones idénticas. Dos apartamientos y un mismo expediente.La situación comenzó a resultar difícil de explicar.¿Por qué dos fiscales distintos, en jurisdicciones diferentes, consideraban necesario apartarse? ¿Qué circunstancias hacían que nadie quisiera asumir la investigación? ¿Cuáles son las ramificaciones que tiene Wilson Ezquerra que nadie le quiere poner el cascabel al gato?Las respuestas nunca fueron aclaradas públicamente, pero los rumores comenzaron a circular, aumentando la imagen de intocable y de impunidad que goza Ezquerra en Tacuarembó…Lo único que se informó en forma oficial, fue que ambos se habían apartado por razones de decoro y así fue que insólitamente el expediente terminó abandonando Tacuarembó.
LA DENUNCIA SE VA A DURAZNO
Lo que vino después es posiblemente uno de los hechos más insólitos de toda la historia, pues la denuncia tuvo que salir del departamento y todo esto es porque ningún fiscal de Tacuarembó terminó llevándola adelante.El expediente finalmente fue enviado a Durazno.Un caso sobre hechos ocurridos en Tacuarembó terminó siendo investigado por fiscales de otro departamento y tampoco allí encontró estabilidad.
TRES FISCALES MÁS
La primera en recibir la denuncia en tierras duraznenses fue la doctora Gabriela Rusiñol, pero su participación fue breve.Durante ese período se produjo la ratificación formal de la denuncia, pero después la magistrada inició sus trámites jubilatorios y dejó la Fiscalía y el expediente volvió a cambiar de manos.Entonces llegó una joven fiscal llamada Charline Ferreira.También estuvo poco tiempo y como no podía ser de otra forma, también se fue y nuevamente la investigación quedó suspendida en una especie de limbo burocrático.Para ese momento ya habían intervenido cinco fiscales. Cinco y todavía no existía una definición, en un caso donde las pruebas, los testimonios y las declaraciones dejaban sumamente comprometidos al intendente Wilson Ezquerra.
EL FISCAL QUE AVANZÓ
Finalmente apareció Diego Chaves, Fiscal adjunto que pasó a ocupar la titularidad de la Fiscalía de Durazno. Fue recién entonces cuando la investigación comenzó a avanzar de manera sostenida.A partir de agosto de 2025 Chaves retomó el expediente y desarrolló una investigación integral: Se convocó a testigos,declararon denunciantes, declararon ediles, declararon dirigentes políticos y se incorporó abundante documentación.Se analizaron expedientes administrativos. Se revisaron declaraciones públicas. Se reconstruyeron los hechos y comenzaron a aparecer elementos que, según los denunciantes, confirmaban que la situación era mucho más grave de lo que parecía inicialmente para Ezquerra.
EL NEGOCIO QUE TERMINÓ EN RIVERA
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación estaba relacionado con la empresa Braspine.Según la documentación presentada, la empresa tenía previsto instalarse en Tacuarembó y generar aproximadamente 500 puestos de trabajo.Sin embargo, el proyecto terminó radicándose en Rivera luego del escándalo.Los denunciantes sostienen que la conducta de Ezquerra y la operación investigada tuvieron una incidencia directa en ese desenlace.Según la reconstrucción de los hechos, la empresa inicialmente tenía una alternativa más sencilla desde el punto de vista administrativo, pero Fernando Porcile habría intervenido para convencerla de abandonar esa opción y adquirir el terreno propiedad del intendente Ezquerra.Los periodistas de radio La Kandela que hicieron la denuncia penal, sostuvieron que Ezquerra —a través de su hombre de confianza, el ingeniero Fernando Porcile, exdirector de Obras de la Intendencia— desvió el proyecto desde la zona industrial designada hacia un predio de su propiedad en Paso del Manco, que posteriormente fue adquirido por BRASPINE. Esta maniobra, según consta en los documentos, dejó de lado terrenos públicos perfectamente aptos para la instalación del emprendimiento.A partir de allí comenzaron los problemas: La empresa quedó atrapada en una situación que obligó a impulsar una declaración de interés departamental y una posterior reclasificación del suelo.Es precisamente en ese punto donde los denunciantes entienden que se configura el delito de conjunción del interés personal y del interés público.
LA FORMALIZACIÓN QUE ESTABA POR LLEGAR
Después de más de un año, después de seis fiscales, después de tres fiscalías, después de innumerables declaraciones y análisis documentales, la investigación parecía haber llegado a su tramo final, ya no quedaban testigos por declarar, no quedaban diligencias pendientes. El expediente estaba listo… Por esos días el periodista Eduardo Preve, informó que el fiscal Diego Chaves habría tomado la decisión de formalizar la investigación contra le intendente Wilson Ezquerra.La expectativa era que el paso se concretara en cuestión de días.Pero entonces ocurrió algo inesperado: El fiscal fue trasladado.
UNA COINCIDENCIA DIFÍCIL DE EXPLICAR…
La noticia cayó como una bomba. Justo cuando la formalización parecía inminente. Justo cuando la investigación fiscal ya tenía forma... Justo cuando se esperaba una definición.Hasta el momento no se han explicado públicamente las razones específicas de ese traslado y esa ausencia de explicaciones alimenta inevitablemente las sospechas.Porque cuando un expediente atraviesa seis fiscales. Cuando dos fiscales se excusan por razones de decoro. Cuando el caso debe salir del departamento porque nadie quiere investigarlo.Cuando pasa por tres fiscalías distintas y cuando el fiscal que estaba pronto para formalizar termina siendo trasladado, resulta imposible evitar las sospechas…
EL VERDADERO PROBLEMA… LA IMPUNIDAD…
Más allá de lo que finalmente determine la Justicia sobre Wilson Ezquerra, existe una cuestión institucional mucho más profunda:La confianza pública, porque la ciudadanía necesita creer que las investigaciones avanzan sin importar quién sea el denunciado.Necesita creer que un intendente recibe el mismo tratamiento que cualquier vecino.Necesita creer que el poder político no condiciona el funcionamiento de las instituciones.Sin embargo, expedientes como este producen exactamente el efecto contrario, instalan la sensación de que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que algunos expedientes avanzan a toda velocidad mientras otros parecen quedar atrapados en una interminable cadena de excusaciones, traslados y demoras.Quizás todo tenga explicaciones administrativas perfectamente razonables.Quizás cada decisión haya sido jurídicamente correcta.Pero cuando las coincidencias comienzan a acumularse, la obligación de las instituciones es explicar.Porque en democracia no alcanza con ser imparcial, también hay que parecerlo y después de seis fiscales, tres fiscalías, dos excusaciones por decoro, una denuncia que tuvo que abandonar el departamento de Tacuarembó para poder seguir investigándose y un traslado ocurrido cuando la formalización parecía inminente, lo que hoy existe sobre el caso Ezquerra no es certeza, es una enorme sombra de duda sobre el funcionamiento del sistema y esa sombra no afecta solamente a un expediente, afecta la credibilidad de la Justicia, de la Fiscalía y de las garantías que deberían tener todos los ciudadanos cuando denuncian a quienes ejercen el poder.